El acceso femenino a cuentas, créditos e inversiones se acerca a la paridad. Sin embargo, las mujeres reciben menores montos, acumulan menos patrimonio y siguen subrepresentadas en los espacios donde se decide el destino del capital
Las mujeres chilenas ya no están fuera del sistema financiero. Tienen cuentas bancarias, acceden al crédito, contratan productos de ahorro y representan prácticamente la mitad de quienes invierten en fondos mutuos. La exclusión más visible ha retrocedido, pero detrás de esa puerta abierta permanece una diferencia más profunda: participar no significa disponer del mismo capital ni alcanzar los espacios donde se decide su distribución.
La vigésima quinta edición del Informe de Género en el Sistema Financiero, elaborada por la Comisión para el Mercado Financiero y publicada en julio de 2026, retrata ese avance incompleto. Las brechas disminuyen cuando se cuenta cuántas personas acceden a los productos, pero vuelven a crecer al medir los montos financiados, el patrimonio acumulado, la protección frente a los riesgos y la presencia en los directorios. El documento tiene cierre estadístico al 31 de marzo de 2026, aunque buena parte de sus indicadores corresponde a diciembre o septiembre de 2025.
La radiografía no describe únicamente un problema bancario. Las mujeres llegan al sistema después de trayectorias marcadas por menores tasas de participación laboral, mayor desempleo, interrupciones asociadas a los cuidados y una presencia reducida en algunos de los sectores y cargos de mayor productividad. La cuenta puede estar abierta, pero las desigualdades económicas acumuladas entran junto con su titular.
Acceso casi igual, financiamiento muy distinto
El 48% de las mujeres adultas mantiene operaciones de crédito vigentes, frente al 47% de los hombres. Considerando bancos, cooperativas, mutuarias y emisores de tarjetas no bancarias, existen 107 deudoras por cada 100 deudores. Sin embargo, la deuda total femenina equivale solo al 65% de la masculina. La cercanía en el acceso no se reproduce en la escala del financiamiento recibido.
La diferencia se vuelve más visible en la banca. Por cada 100 hombres con crédito existen 103 mujeres, pero el saldo promedio femenino representa alrededor del 62% del masculino. En términos medianos, la deuda de una mujer alcanza $1,78 millones, mientras la de un hombre supera los $3,33 millones. Las mujeres participan ampliamente como clientas, aunque lo hacen con una capacidad financiera considerablemente menor.
Las brechas tampoco se distribuyen por igual entre los productos. Las mujeres superan levemente a los hombres en créditos de consumo, pero siguen rezagadas en los préstamos para vivienda y, especialmente, en el financiamiento comercial. Esta diferencia resulta decisiva porque el crédito productivo permite comprar equipamiento, financiar capital de trabajo, ampliar una empresa o transformar una actividad de subsistencia en un negocio capaz de crecer.
Los resultados no permiten concluir, por sí solos, que exista una discriminación directa de las instituciones financieras. Los montos aprobados dependen también de los ingresos, el patrimonio, la estabilidad laboral, el historial previsional, el tamaño de la actividad y el tipo de financiamiento solicitado. Pero el comportamiento de pago obliga a preguntarse si el sistema está valorando adecuadamente el riesgo femenino o si continúa reproduciendo desigualdades originadas fuera de los bancos.
A diciembre de 2025, la mora bancaria inferior a 90 días alcanzaba 0,29% entre las mujeres y 0,38% entre los hombres. En las obligaciones impagas durante 90 días o más, las tasas llegaban a 1,42% y 2,17%, respectivamente. En las cooperativas también se observa, en general, un mejor comportamiento femenino. Las mujeres mantienen menos deuda, soportan una carga financiera inferior y muestran mejores indicadores de cumplimiento.
La contradicción había sido advertida años antes por el propio regulador. Al presentar el informe de 2022, la entonces presidenta de la CMF, Solange Berstein, subrayó que las mujeres mostraban persistentemente menor morosidad, carga financiera y apalancamiento. A partir de esa evidencia sostuvo que “esto debiera reflejarse en las condiciones bajo las cuales ellas acceden a financiamiento”. Cuatro años después, la cobertura se aproxima a la paridad, pero los montos continúan marcando una distancia sustantiva.
La persistencia de esa brecha obliga a cambiar la medición. Ya no basta contar cuántas mujeres tienen crédito. También es necesario observar cuánto reciben, bajo qué condiciones, para qué actividades y con qué posibilidades de convertir ese financiamiento en productividad, patrimonio y autonomía.
Más cuentas no significan más patrimonio
La paradoja reaparece en el ahorro. El 95,5% de las mujeres mantiene instrumentos de ahorro o inversión, frente al 83,1% de los hombres. En la banca existen 218 instrumentos por cada 100 mujeres adultas, mientras entre los hombres la relación llega a 171. Las mujeres tienen más cuentas y mantienen una participación especialmente alta en el ahorro a plazo y para la vivienda.
Pero la cantidad de instrumentos no revela cuánto dinero contienen. Aunque las cuentas femeninas superan ampliamente a las masculinas, el saldo promedio de las mujeres continúa por debajo del registrado por los hombres. La disposición a ahorrar existe, pero se ejerce sobre una base de ingresos y patrimonio más estrecha.
La explicación comienza antes de llegar al banco. Durante 2025, la participación laboral femenina alcanzó 53,1%, frente al 71,8% de los hombres, mientras el desempleo promedio fue de 9,3% y 8%, respectivamente. Esa diferencia nacional oculta profundas desigualdades regionales del empleo femenino, determinadas por la estructura productiva, la ruralidad, el transporte, la informalidad y la disponibilidad de cuidados.
Una trabajadora temporal, una comerciante informal o una mujer que debe abandonar periódicamente el empleo para cuidar a sus hijos o familiares puede conservar una cuenta bancaria durante años. Eso no significa que pueda depositar con regularidad, contratar protección, construir un historial financiero sólido o inmovilizar recursos en una inversión de largo plazo.
El problema se vuelve más visible en sectores donde existen oportunidades de empleo, pero las responsabilidades familiares y la organización del trabajo terminan limitando el ascenso. Las barreras que enfrentan las mujeres en la agroindustria de O’Higgins muestran cómo los turnos, la movilidad y los cuidados pueden aplanar las trayectorias laborales incluso dentro de actividades formales. Lo que comienza como una restricción para progresar reaparece después en el saldo bancario, la capacidad de inversión y la futura pensión.
Por eso, la bancarización no debe confundirse con independencia financiera. Una mujer puede disponer de cuentas, tarjetas y productos de ahorro sin contar con ingresos suficientes para construir autonomía, especialmente cuando su inserción laboral es parcial, informal o interrumpida.
La inversión muestra el tamaño de la brecha
En los fondos mutuos, la participación numérica también se acerca al equilibrio. A septiembre de 2025 existían más de dos millones de inversionistas personas naturales y el 49,9% correspondía a mujeres. La diferencia reaparece al observar los recursos movilizados: los hombres invertían en promedio $19,5 millones, mientras las mujeres alcanzaban $14,2 millones.
La distribución según ingresos ayuda a explicar parte de esa distancia. El 60% de las inversionistas se concentra entre quienes reciben menos de $1 millón mensual. A medida que aumenta la renta, disminuye la participación femenina. En el tramo superior a $4 millones, las mujeres concentran solo el 21% de los montos invertidos. El acceso al mercado de capitales puede aproximarse a la igualdad, pero la capacidad para aprovecharlo sigue dependiendo del ingreso y el patrimonio disponibles.
También existen diferencias en la forma de invertir. El 78% de las mujeres elige fondos conservadores, frente al 72% de los hombres. Al medir los recursos comprometidos, el 83% del capital femenino se dirige a instrumentos de menor riesgo, mientras solo el 8% llega a estrategias agresivas. Entre los hombres, esta última proporción alcanza el 15%.
Ese comportamiento no debería interpretarse automáticamente como falta de conocimientos o ambición. Quien posee menos ingresos, menor patrimonio y una red de respaldo limitada tiene menos espacio para enfrentar pérdidas. La cautela puede ser una respuesta racional cuando los recursos invertidos representan una parte importante de la seguridad familiar.
Algo similar ocurre con los seguros. La cobertura alcanza al 60,1% de las mujeres y al 62,7% de los hombres, una diferencia que aumenta con la edad y se vuelve más marcada en los seguros generales. La brecha financiera se transforma así también en una brecha de protección: quienes han acumulado menos ahorro y patrimonio disponen de menos herramientas para enfrentar una enfermedad, la pérdida de ingresos o un daño material.
La distancia crece junto con la jerarquía
La desigualdad no se limita a los productos financieros. También aparece dentro de las empresas que los administran. Las mujeres representan el 38,7% de las dotaciones analizadas, pero su presencia disminuye a medida que aumenta la jerarquía: llegan a 33,7% en jefaturas, 30,2% en gerencias, 18,7% en la alta gerencia y solo 17,6% en los directorios.
El contraste sectorial es significativo. Las mujeres ocupan el 17,2% de los puestos en directorios bancarios, el 14,4% en filiales bancarias y sociedades de apoyo al giro, y el 11,5% entre los emisores de tarjetas no bancarias. Las compañías de seguros alcanzan 22,8%, mientras las cooperativas de ahorro y crédito llegan a 33,3%.
La Ley N.º 21.757 introdujo desde 2026 un régimen gradual de “cumplir o explicar”, con límites a la concentración de un mismo sexo en los directorios. La línea de partida muestra la magnitud del desafío: el 51% de las entidades supera el 80% de representación del sexo mayoritario y solo el 13,2% cumple actualmente el estándar final previsto para 2032.
La norma puede abrir espacios, pero no garantiza por sí sola una transformación del poder corporativo. Los procesos de selección dominados por redes cerradas pueden elevar el número de directoras sin ampliar realmente el universo de mujeres que accede a esos cargos. El riesgo es que las nuevas posiciones se concentren en un círculo reducido y que cambie la cifra sin modificarse los mecanismos de nominación.
Una apertura real requiere búsquedas profesionales, criterios transparentes y una mirada más amplia hacia ejecutivas regionales, especialistas técnicas, emprendedoras y mujeres con experiencia en sectores productivos. También exige fortalecer las etapas anteriores de la trayectoria: capacitación, conducción de equipos, acceso a áreas estratégicas y oportunidades de promoción.
La presidenta de la Sofofa, Rosario Navarro, vinculó precisamente la implementación de la ley con esas condiciones previas. Junto con señalar que una mayor presencia femenina fortalece la calidad de las decisiones y la sostenibilidad empresarial, advirtió que para aumentar su participación en los espacios de poder se necesita “mayor participación laboral femenina, más empleo formal y mejores condiciones”. Su reflexión conecta los dos extremos del informe: la ausencia en el directorio comienza muchos años antes, en las oportunidades disponibles para construir experiencia, capital y liderazgo.
Una inclusión que todavía no distribuye poder
El informe confirma que Chile ha avanzado. Las mujeres tienen cuentas, acceden al crédito, ahorran, invierten y presentan buenos indicadores de pago. Sería incorrecto describir un sistema completamente cerrado para ellas.
Pero también sería insuficiente declarar superada la brecha porque la cantidad de usuarias se aproxima o incluso supera a la de los hombres. La igualdad desaparece cuando se mide cuánto financiamiento reciben, cuánto patrimonio acumulan, qué protección pueden contratar y qué posiciones ocupan dentro de las instituciones.
La próxima etapa de la inclusión financiera no debería evaluarse solo por la cantidad de cuentas abiertas. Tendrá que observar cuántas mujeres consiguen financiar proyectos productivos, aumentar sus inversiones, proteger su patrimonio y alcanzar los espacios donde se decide el destino del capital.
Las mujeres ya ingresaron al sistema financiero. El desafío pendiente es que esa participación se convierta en autonomía, patrimonio y poder real.
