El Ministerio de Obras Públicas analiza fórmulas para reducir tarifas de autopistas, combinando compensaciones o extensión de concesiones, en un proceso condicionado por restricciones fiscales y contratos vigentes que obligan a negociar individualmente con cada concesionaria
La eventual rebaja en las tarifas de autopistas concesionadas volvió a instalarse en la agenda pública, esta vez impulsada desde el propio Ministerio de Obras Públicas (MOP), que evalúa distintas fórmulas para avanzar en una disminución de costos para los usuarios. La discusión se produce en medio de presión social acumulada por el alza sostenida de peajes, especialmente en zonas urbanas, y en un escenario donde el margen de acción está condicionado por contratos vigentes.
De esta forma, el Gobierno busca anticiparse a un conflicto mayor, abordando una demanda que ha ido ganando fuerza en el debate público.
La estrategia en evaluación contempla dos caminos principales. Por una parte, compensaciones directas del Estado a las concesionarias para cubrir la eventual baja de ingresos; por otra, la extensión de los plazos de concesión, opción que aparece como la alternativa más viable desde el punto de vista fiscal.
La segunda fórmula permitiría distribuir el impacto económico en el tiempo, evitando un desembolso inmediato de recursos públicos. Ambas alternativas requieren necesariamente acuerdos con las empresas operadoras, lo que abre un proceso de negociación complejo.
Contratos vigentes y límites estructurales
Uno de los principales obstáculos para una rebaja inmediata es la naturaleza de los contratos de concesión, que garantizan rentabilidad a las empresas bajo condiciones previamente establecidas. Las tarifas actuales responden a estructuras contractuales que no pueden modificarse unilateralmente, lo que obliga a revisar cada caso de forma individual. Cada autopista presenta condiciones financieras, plazos y obligaciones distintas, lo que impide una solución uniforme.
Desde el MOP, la señal ha sido avanzar con gradualidad y responsabilidad. El director subrogante de Concesiones, Juan Eduardo Chackel, explicó al Diario Financiero que se están evaluando distintas alternativas para mejorar el sistema, “resguardando su sustentabilidad en el tiempo y respondiendo de mejor manera a las necesidades de las personas usuarias”.
La autoridad también indicó que cualquier medida deberá considerar el diálogo con los actores involucrados y un análisis detallado de impactos.
Un sistema bajo presión
El debate sobre los peajes no es nuevo, pero ha cobrado fuerza en los últimos años. El movimiento “No + TAG”, que surgió en la década pasada, volvió a tomar protagonismo tras iniciativas legislativas que buscan eliminar sanciones a quienes circulan sin el dispositivo electrónico. Actualmente, las multas pueden alcanzar valores cercanos a 1 UTM, equivalentes a más de $69 mil, lo que ha intensificado la presión sobre el sistema.
En paralelo, el Gobierno también analiza medidas para enfrentar la evasión en los pórticos de cobro, considerada uno de los principales desafíos para la sostenibilidad del modelo. El llamado “Plan de Sostenibilidad Tarifaria” busca equilibrar la necesidad de aliviar el costo para los usuarios con la viabilidad financiera del sistema, en un contexto donde la infraestructura concesionada sigue siendo clave para la conectividad del país.
Negociación prolongada y definiciones pendientes
El alcance de una eventual rebaja tarifaria aún es incierto. Las diferencias entre autopistas —en términos de inversión, operación y plazos— obligan a un proceso de negociación prolongado, que podría extenderse por meses. Algunas concesionarias podrían aceptar reducciones mayores a cambio de extensiones más largas, mientras otras tendrían menor margen de ajuste, especialmente si enfrentan compromisos de inversión en el corto plazo.
Desde el Ejecutivo, la línea ha sido avanzar sin comprometer la estabilidad del sistema. El MOP continúa desarrollando conversaciones técnicas y políticas con las concesionarias, buscando alternativas que permitan introducir cambios sin afectar la certeza jurídica.
La definición final dependerá del equilibrio entre presión social, restricciones fiscales y viabilidad contractual, en una discusión que se proyecta como uno de los temas relevantes en infraestructura y política pública.
Entre presión social y restricciones fiscales
La eventual rebaja de peajes abre un nuevo capítulo en la relación entre el Estado, las concesionarias y los usuarios. La necesidad de reducir costos convive con un marco contractual rígido, que limita los márgenes de acción del Gobierno.
El desafío estará en lograr acuerdos viables. Cualquier cambio requerirá negociación, gradualidad y respaldo técnico, en un proceso donde el equilibrio entre interés público y sostenibilidad del sistema será determinante.
