El Ejecutivo enfrenta presión por acelerar resultados en seguridad mientras reconoce brechas operativas y de gestión. La estrategia combina aumento de dotación, tecnología y control territorial, en un contexto de alta demanda ciudadana y cuestionamientos sobre su implementación efectiva
La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, puso cifras concretas a uno de los principales desafíos del sistema de seguridad: un déficit de más de 12 mil carabineros en las calles, una brecha que, según reconoció, limita la capacidad del Estado para responder a la demanda ciudadana por mayor protección.
El diagnóstico fue acompañado de un compromiso operativo. La autoridad aseguró que “existe una falta de más de 12 mil carabineros que deberían estar en las calles, apoyando a las personas en sus hogares y en sus actividades diarias. Ese esfuerzo se va a realizar”, instalando el aumento de dotación como uno de los ejes centrales de su gestión.
Control territorial y presión por resultados
Más allá de la cifra, la ministra fijó el objetivo político del plan: recuperar presencia en los espacios donde hoy se concentra la percepción de inseguridad. En esa línea, sostuvo que “hay que retomar el control del territorio, de la calle, del barrio”, reconociendo que la disputa con organizaciones criminales se juega en esos entornos.
Sin embargo, la propia autoridad moderó las expectativas al advertir que “los resultados no van a ser inmediatos”, estableciendo un horizonte de al menos un año para que la ciudadanía perciba mejoras. La definición instala un factor de riesgo político, en un escenario donde la presión por resultados en seguridad se mantiene alta.
Tecnología y refuerzo operativo en un sistema exigido
El plan del Ejecutivo no se limita al aumento de personal. Steinert detalló que la estrategia contempla la incorporación de cámaras corporales, escáneres tácticos y drones, con el objetivo de mejorar la eficacia de los operativos y fortalecer la capacidad preventiva en zonas críticas.
La apuesta busca combinar mayor presencia policial con herramientas tecnológicas en un contexto donde los delitos han evolucionado en complejidad. Sin embargo, el desafío no solo radica en la implementación de estos recursos, sino en su integración efectiva dentro de una estrategia coherente de seguridad pública.
Autocrítica y cuestionamientos al relato del Gobierno
La discusión no se ha centrado únicamente en las medidas. La propia ministra reconoció debilidades en la forma en que el Ejecutivo ha comunicado su estrategia. “Hay un tema que es falta de experiencia y es un error que debo asumir, que es la falta de poder comunicar lo que se está haciendo”, admitió, abriendo un flanco en la gestión política del plan.
A esa autocrítica se suman cuestionamientos desde el mundo político. El presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, Karim Bianchi, ha advertido una “sequía legislativa” en la materia, reflejando la presión sobre el Gobierno para acelerar iniciativas en un ámbito prioritario para la ciudadanía.
Entre el diagnóstico, la ejecución y la credibilidad
El exministro de Seguridad, Luis Cordero, ha planteado una crítica que atraviesa la discusión actual: la necesidad de definir con claridad el horizonte del plan. A su juicio, la seguridad no puede medirse solo con cifras semanales, sino con una estrategia de mediano y largo plazo capaz de sostener resultados.
En ese marco, el desafío del Gobierno no se limita a cerrar el déficit policial o incorporar tecnología. La clave estará en articular una política de seguridad que combine capacidad operativa, consistencia en la ejecución y claridad en su comunicación, en un escenario donde la confianza ciudadana depende tanto de los resultados como de la credibilidad del relato.
