La iniciativa amplía las viviendas que podrán acogerse al procedimiento simplificado, eleva los límites de avalúo y superficie e incorpora nuevas exigencias de seguridad. La Comisión de Vivienda aún debe resolver cuatro indicaciones antes de enviarla a la Sala
Una habitación levantada con el paso de los años, un segundo piso añadido para recibir a nuevos integrantes de la familia o una ampliación construida sin completar todos los permisos municipales. Esas situaciones podrían incorporarse a un nuevo proceso de regularización si avanza el proyecto que modifica la denominada Ley del Mono.
La Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general e inició la votación particular de la iniciativa que modifica la Ley 20.898, destinada a simplificar la regularización de viviendas construidas o ampliadas sin contar con permiso de edificación o recepción definitiva. El proyecto, correspondiente al boletín 18.189-14, continúa en tramitación.
La propuesta busca extender el acceso al procedimiento y actualizar requisitos que actualmente dejan fuera a propiedades por su antigüedad, superficie o avalúo fiscal. La discusión se incorpora, además, al debate sobre la tramitación de permisos de obras municipales, uno de los procesos que municipios y actores de la construcción intentan agilizar mediante nuevas herramientas de revisión.
Dos años más para presentar las solicitudes
El cambio principal extiende hasta el 31 de diciembre de 2029 la posibilidad de solicitar simultáneamente el permiso de edificación y la recepción definitiva. La legislación vigente mantiene el procedimiento hasta fines de 2027, por lo que la propuesta añade dos años para ingresar los antecedentes ante las respectivas direcciones de obras municipales.
Podrán acogerse propietarios de viviendas construidas antes del 28 de noviembre de 2025, ubicadas tanto en áreas urbanas como rurales y que no cuenten con recepción definitiva total o parcial. El proyecto no entrega una aprobación automática: las construcciones deberán cumplir las condiciones técnicas y urbanísticas contempladas por el régimen excepcional.
La iniciativa también eleva de 1.000 a 2.000 UF el avalúo fiscal máximo para acceder a esta modalidad. El valor deberá acreditarse mediante un certificado emitido por el Servicio de Impuestos Internos. Al mismo tiempo, la superficie máxima aumentará de 90 a 120 metros cuadrados.
Estos límites no se aplicarán a viviendas que hayan recibido subsidios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo para obras de mejoramiento o ampliación. La excepción busca evitar que familias apoyadas mediante programas públicos queden excluidas del procedimiento por las dimensiones o el nuevo avalúo alcanzado por sus inmuebles.
Regularización con exigencias de seguridad
La ampliación de la cobertura no elimina los estándares constructivos. Para viviendas aisladas, pareadas o continuas de hasta dos pisos y con una superficie igual o inferior a 120 metros cuadrados, se exigirá una resistencia mínima al fuego F15 en sus elementos y componentes soportantes.
El muro divisorio o de adosamiento también deberá cumplir las exigencias establecidas en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. De esta manera, el proyecto combina la simplificación administrativa con requisitos destinados a resguardar las condiciones mínimas de seguridad de las edificaciones.
La regularización aborda viviendas que ya existen, por lo que no reemplaza las políticas destinadas a construir nuevas soluciones habitacionales. Esa diferencia resulta relevante en regiones donde persisten importantes brechas, como el déficit que afecta a casi 40 mil familias en O’Higgins o las 84.658 familias que requieren una vivienda en Valparaíso.
Cuatro indicaciones antes de llegar a la Sala
La diputada Macarena Santelices destacó el respaldo transversal alcanzado por la modificación y valoró la indicación del Ejecutivo que elevó el límite del avalúo fiscal. También planteó la necesidad de agilizar los tiempos que tendrán las direcciones de obras municipales para entregar la documentación correspondiente.
La Comisión de Vivienda deberá pronunciarse sobre cuatro indicaciones pendientes antes de despachar la iniciativa. Una vez terminada la votación particular, el texto quedará en condiciones de pasar a la Sala de la Cámara para continuar su primer trámite constitucional.
Por ahora, los nuevos plazos y límites todavía no se encuentran vigentes. La Ley 20.898, publicada en 2016 y modificada en distintas oportunidades, mantiene su actual regulación mientras el proyecto completa su tramitación en el Congreso.
