Criteria muestra que 48% anticipa efectos negativos de la megarreforma sobre crecimiento y empleo, mientras 54% evalúa bajo lo esperado la generación de trabajo. Seguridad aparece como contrapunto, con 55% de respaldo al nuevo estado de excepción
La última Agenda Criteria vuelve a mostrar un Gobierno que no logra ampliar su base de apoyo y que encuentra en la economía una de sus mayores dificultades. La evaluación ciudadana sobre crecimiento, empleo y las expectativas asociadas a la megarreforma configura un escenario adverso para La Moneda, mientras la seguridad aparece como el área donde sus propuestas consiguen mayor adhesión.
La aprobación del Presidente José Antonio Kast se mantiene en 35%, completando cuatro semanas en torno a 34% y 35%. La desaprobación, en tanto, retrocede tres puntos respecto de la medición anterior y se ubica en 52%, todavía 17 puntos por encima de quienes respaldan la conducción presidencial.
La estabilización de las últimas semanas tampoco ha permitido recuperar los niveles alcanzados durante junio, cuando la aprobación presidencial se situó entre 39% y 40%. El dato adquiere mayor relevancia porque coincide con una percepción crítica sobre áreas directamente relacionadas con la economía cotidiana y con una de las principales reformas impulsadas por el Ejecutivo.
Economía acumula señales adversas
El diagnóstico más complejo aparece en la evaluación de la gestión económica. Un 52% considera que el Gobierno lo ha hecho peor o mucho peor de lo esperado en reactivación y crecimiento económico, frente a 32% que estima que su desempeño ha sido igual a lo previsto y 16% que lo evalúa mejor de lo esperado.
La comparación con los meses anteriores evidencia una tendencia difícil para el Ejecutivo. En abril, la evaluación negativa en esta materia alcanzaba 45%, subió a 50% en mayo y llegó a 54% en julio. Aunque en agosto retrocede dos puntos, continúa siete puntos por encima del nivel registrado cuatro meses antes.
El empleo presenta una situación similar. Un 54% evalúa peor de lo esperado la gestión gubernamental en generación de empleo de calidad, mientras 34% considera que ha respondido a sus expectativas y solo 12% estima que el desempeño ha sido mejor de lo previsto.
En abril, la evaluación negativa en empleo alcanzaba 43%. En mayo aumentó a 49%, en julio llegó a 56% y en agosto se mantiene en 54%. En cuatro meses, por lo tanto, la percepción crítica acumula un incremento de once puntos, consolidando el trabajo como una de las materias donde el Gobierno enfrenta mayores dificultades para responder a las expectativas iniciales.
Megarreforma no logra instalar expectativas positivas
La percepción sobre la megarreforma refuerza ese escenario. Según Criteria, 48% considera que su aprobación tendrá un efecto negativo o muy negativo sobre el crecimiento económico y el empleo, mientras 28% anticipa consecuencias positivas y 24% estima que su impacto no será ni favorable ni desfavorable.
La evaluación está fuertemente atravesada por la identificación política. Entre quienes se consideran de izquierda, 92% anticipa un impacto negativo, frente a apenas 2% que espera consecuencias positivas. En el centro, 57% proyecta efectos negativos y 22% favorables.
Solo entre quienes se identifican con la derecha la relación se invierte. En ese segmento, 58% considera que la reforma tendrá consecuencias positivas para crecimiento y empleo, mientras 14% anticipa efectos negativos. Entre quienes no se identifican políticamente, en cambio, 45% proyecta consecuencias adversas frente a 21% que espera resultados favorables.
El dato introduce un desafío adicional para La Moneda. La aprobación de una de sus principales apuestas legislativas todavía no logra traducirse en una expectativa social favorable sobre sus consecuencias económicas, especialmente fuera del electorado identificado con la derecha.
Seguridad ofrece un escenario diferente
La fotografía cambia al observar la reforma de seguridad. La encuesta señala que 89% de los consultados ha visto, leído o escuchado hablar al menos algo de la iniciativa, lo que refleja un elevado nivel de conocimiento ciudadano sobre la propuesta impulsada por el Gobierno.
Un 55% respalda la creación de un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública, que permitiría adoptar medidas extraordinarias por hasta 240 días frente a amenazas graves contra la seguridad. Un 33% se declara en desacuerdo y 12% señala no tener una posición clara.
El respaldo alcanza 81% entre quienes se identifican con la derecha, 56% en el centro y 53% entre las personas sin identificación política. En la izquierda ocurre la tendencia inversa, con 79% en desacuerdo y apenas 11% de apoyo.
El apoyo, sin embargo, comienza a disminuir cuando la consulta entra en las facultades específicas que podría ejercer el Estado. La colaboración de las Fuerzas Armadas con Carabineros y la PDI obtiene 69% de respaldo, convirtiéndose en la medida con mayor acuerdo entre las consideradas por el estudio.
La posibilidad de interceptar o registrar comunicaciones divide exactamente a los encuestados, con 44% a favor y 44% en contra. En las demás atribuciones predomina el rechazo: 49% se opone a requisar bienes, 54% a restringir la libertad de desplazamiento y 56% a limitar el derecho de reunión.
Pese a esas reservas, 62% se muestra de acuerdo con realizar cambios a la Constitución para reforzar las medidas de seguridad, frente a 29% que se opone y 9% que no tiene una posición clara. El resultado confirma que la seguridad continúa ofreciendo al Ejecutivo un terreno más favorable que el observado actualmente en economía y empleo.
Dos velocidades para La Moneda
La Agenda Criteria deja así una fotografía política marcada por dos velocidades. El Gobierno contiene parcialmente la desaprobación presidencial, pero continúa sin ampliar su respaldo y enfrenta una evaluación mayoritariamente negativa en crecimiento, empleo y expectativas sobre su principal reforma económica.
En seguridad, en cambio, logra construir mayorías alrededor de la necesidad de fortalecer las capacidades del Estado, aunque el respaldo disminuye cuando las propuestas avanzan hacia restricciones directas sobre comunicaciones, bienes o libertades individuales.
La diferencia plantea un desafío político para las próximas semanas. Mientras seguridad ofrece un espacio para fortalecer la agenda gubernamental, la economía aparece como el área donde La Moneda necesita convertir reformas y decisiones legislativas en resultados capaces de modificar expectativas que hoy continúan siendo predominantemente negativas.
La Agenda Criteria del 23 de agosto de 2026 fue aplicada entre el 20 y 21 de agosto mediante un panel online a 802 personas mayores de 18 años residentes en todo el país. El estudio es cuantitativo y no probabilístico, con resultados ponderados por zona, sexo, edad y nivel socioeconómico.
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