Con amplio respaldo político, el Senado aprobó la reforma constitucional que incorpora a Gendarmería dentro de las fuerzas de orden y seguridad pública. La medida redefine su rol institucional y abre el debate sobre modernización penitenciaria y reinserción social
La discusión venía gestándose desde hace años en el Congreso, pero fue en una breve sesión del Senado donde finalmente tomó forma. Con 41 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención, la Sala respaldó la reforma constitucional que incorpora a Gendarmería de Chile dentro de las fuerzas de orden y seguridad pública, cerrando así su tramitación legislativa en los mismos términos aprobados previamente por la Cámara de Diputados.
La decisión representa un reconocimiento institucional largamente esperado por la institución penitenciaria. Durante el debate parlamentario, senadores de distintas bancadas coincidieron en que las funciones que hoy desempeña Gendarmería —especialmente en el control del crimen organizado dentro de las cárceles— justifican plenamente su incorporación formal al sistema de seguridad del Estado.
Más allá de la votación, el cambio abre un nuevo capítulo en la estructura institucional de la seguridad pública en Chile, al situar al sistema penitenciario en el mismo nivel estratégico que otras instituciones encargadas del resguardo del orden.
El rol estratégico del sistema penitenciario
Durante el debate legislativo, diversos parlamentarios subrayaron que la labor que cumple Gendarmería ha evolucionado significativamente en las últimas décadas.
El control de los recintos penitenciarios ya no se limita a la custodia de personas privadas de libertad. Hoy implica gestionar complejas dinámicas criminales, enfrentar redes delictuales que operan desde las cárceles y colaborar con labores de inteligencia penitenciaria.
En ese contexto, varios legisladores coincidieron en que la reforma constituye “un acto de coherencia institucional”, al reconocer formalmente un rol que la institución ya desempeña en la práctica dentro del sistema de seguridad pública.
La discusión fue presentada ante la Sala por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, quien explicó los fundamentos de la reforma y defendió la necesidad de fortalecer la institucionalidad penitenciaria.
Posteriormente, el senador Luciano Cruz-Coke, en representación de la Comisión de Constitución, detalló el trabajo legislativo realizado para consolidar el proyecto.
Un debate transversal en el Senado
Durante la sesión intervinieron los senadores Paulina Vodanovic, Arturo Squella, Claudia Pascual, Alejandra Sepúlveda, Karim Bianchi, Alejandro Kusanovic, Gastón Saavedra y Andrés Longton, entre otros.
A pesar de matices en algunos aspectos del proyecto, la mayoría coincidió en que la reforma constituye un paso importante para fortalecer el sistema de seguridad.
Varios legisladores plantearon que el reconocimiento constitucional permitirá reforzar el rol institucional de Gendarmería en el combate contra el crimen organizado, especialmente frente al aumento de estructuras delictuales que operan desde los recintos penitenciarios.
La polémica por las asociaciones de funcionarios
El punto más controvertido de la reforma estuvo relacionado con la situación de las asociaciones de funcionarios de Gendarmería. Durante la votación particular se presentaron cuatro indicaciones destinadas a evitar su disolución o a permitir la continuidad de la organización con mayor representatividad entre los funcionarios civiles.
Sin embargo, todas fueron rechazadas por la Sala. El texto finalmente aprobado establece que las asociaciones de funcionarios quedarán disueltas a partir de la publicación de la reforma constitucional, y que su liquidación se realizará conforme a la normativa bajo la cual fueron constituidas.
La discusión evidenció visiones contrapuestas en el Senado. Algunos legisladores advirtieron que la medida podría afectar derechos adquiridos de los funcionarios, mientras que otros sostuvieron que Gendarmería debe contar con un estatuto institucional similar al de Carabineros y las Fuerzas Armadas, instituciones que no contemplan asociaciones gremiales.
Quienes respaldaron esta disposición señalaron que responde a la necesidad de garantizar disciplina institucional, neutralidad política y una estructura jerárquica propia de los organismos de seguridad.
El desafío pendiente: reinserción social
Más allá del reconocimiento institucional, varios senadores subrayaron que la reforma abre un desafío mayor para el sistema penitenciario chileno.
El proyecto establece que dentro de los doce meses siguientes a la publicación de la reforma, el Presidente de la República deberá enviar al Congreso un proyecto de ley destinado a crear un servicio especializado en reinserción social.
La medida busca abordar uno de los problemas estructurales del sistema penitenciario: la reincidencia delictual.
Para distintos legisladores, fortalecer las políticas de reinserción es una condición indispensable para mejorar la seguridad pública y reducir la criminalidad en el largo plazo.
Seguridad pública y nuevo equilibrio institucional
La aprobación de esta reforma ocurre en un momento en que la seguridad se ha instalado como una de las principales preocupaciones de la agenda política chilena.
En ese escenario, el fortalecimiento del sistema penitenciario se ha convertido en un componente clave de la estrategia de seguridad del Estado.
La incorporación de Gendarmería dentro de las fuerzas de orden y seguridad pública refleja esa evolución: reconocer que el control del sistema carcelario es una pieza central en la lucha contra el crimen organizado.
Con la aprobación del Senado, la reforma queda ahora a un paso de convertirse en ley, marcando un cambio relevante en la institucionalidad de la seguridad pública en Chile.
