El Ministerio Público respaldó la protección especial a fiscales y defensores, pero alertó que la privación de beneficios sociales, licencias y pasaportes podría abrir un debate ante el Tribunal Constitucional
El proyecto que crea el Registro de Actos Vandálicos e Incivilidades sumó una advertencia clave desde el Ministerio Público. En la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados, la Fiscalía valoró parte de la iniciativa, pero advirtió que algunas de sus consecuencias podrían enfrentar problemas de constitucionalidad.
La exposición estuvo a cargo de Luis Fernando Saffie, director de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Nacional, quien puso el foco en los efectos que el registro tendría sobre derechos sociales, licencias de conducir y pasaportes. A su juicio, el debate no está solo en sancionar hechos vandálicos, sino en definir hasta dónde puede llegar el Estado sin afectar garantías ya adquiridas.
La discusión se instala en una agenda de seguridad donde el Gobierno ha buscado endurecer herramientas frente a delitos, incivilidades y violencia contra instituciones, pero que también ha enfrentado límites jurídicos en el Congreso y ante órganos de control. Ese cruce ya apareció en el debate por Escuelas Protegidas y control policial en establecimientos educacionales.
Protección penal valorada
Saffie partió destacando un punto del proyecto: que se establezca como acto vandálico de naturaleza especialmente grave el homicidio de fiscales y defensores, junto con lesiones y maltratos de obra contra ellos.
“Se valora ese aspecto dado el contexto de criminalidad organizada en que está el país inmerso”, señaló el representante del Ministerio Público, apuntando a la necesidad de reforzar la protección de actores centrales del sistema penal.
La Fiscalía también valoró que la propuesta ratifique una nueva figura de daño asociada a rayados, dibujos, mensajes o expresiones en bienes muebles o inmuebles, tanto públicos como privados. Sin embargo, pidió mayor precisión en el catálogo de incivilidades y planteó que el Congreso deberá definir si incorpora otras conductas, como conducción temeraria o carreras clandestinas.
Otro punto levantado por Saffie fue la eventual exclusión de jueces. Según indicó, si el proyecto protege a fiscales y defensores frente a actos vandálicos graves, también debería evaluarse la incorporación de integrantes del Poder Judicial, que hoy no aparecen considerados en la misma categoría.
Derechos sociales en tensión
El reparo central de la Fiscalía apunta a las consecuencias del registro. Saffie advirtió que la privación de derechos sociales ya adquiridos podría derivar en recursos de protección, bajo el argumento de que esos beneficios forman parte del patrimonio de las personas afectadas.
“Es un debate que lógicamente el Tribunal Constitucional, si el proyecto de ley avanza, tendrá que revisar en la etapa correspondiente”, sostuvo el director de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Nacional.
La advertencia abre un flanco relevante para la tramitación. Si el proyecto busca impedir el acceso o mantener suspendidos determinados beneficios estatales, el Congreso deberá justificar proporcionalidad, duración de la sanción, criterios de aplicación y mecanismos de reclamación.
Ese punto conecta con una discusión más amplia sobre la calidad jurídica de la agenda legislativa de seguridad. En varias iniciativas, el problema ya no es solo político, sino de diseño normativo: cómo endurecer sanciones sin producir efectos incompatibles con garantías constitucionales.
Licencias, pasaportes y reinserción
La Fiscalía también cuestionó efectos prácticos del registro. Uno de ellos es la imposibilidad de obtener licencia de conducir para quienes figuren por incivilidades. Según Saffie, esa sanción podría afectar procesos de reinserción si la persona depende de conducir para generar ingresos, como ocurre con transportistas, repartidores o conductores de aplicaciones.
El mismo reparo se extendió a la imposibilidad de obtener pasaporte. Para el representante del Ministerio Público, esa medida podría operar como una especie de arraigo paralelo, impidiendo viajar a países donde se exige ese documento.
La sesión estuvo además marcada por críticas de parlamentarios de oposición ante la ausencia de representantes del Ejecutivo, una señal que vuelve a tensionar la conducción legislativa de proyectos de seguridad. Ya había ocurrido en debates vinculados a Carabineros y seguridad pública, donde la falta de presencia del Gobierno golpeó la discusión parlamentaria.
El proyecto seguirá su tramitación con un dilema de fondo: transformar el registro en una herramienta efectiva contra el vandalismo y las incivilidades, sin abrir una zona de conflicto constitucional que termine debilitando su aplicación. La Fiscalía dejó claro que comparte la necesidad de proteger a fiscales y defensores, pero también que el texto deberá ajustar sus efectos para evitar sanciones desproporcionadas o difíciles de defender ante el Tribunal Constitucional.
