La adhesión de Chile al bloque impulsado por Estados Unidos abrió críticas por falta de información, soberanía y alineamiento internacional, mientras la declaración conjunta reveló compromisos en inteligencia, inversiones, minerales críticos, sanciones y coordinación bajo el TIAR
La incorporación de Chile al Escudo de las Américas dejó de ser una controversia circunscrita a la cooperación contra el crimen organizado. La difusión de la declaración conjunta suscrita en Nueva York amplió el debate hacia la política exterior del Gobierno, luego de que la oposición exigiera conocer los compromisos asumidos y cuestionara el nivel de alineamiento que la iniciativa podría representar con Estados Unidos.
La polémica escaló porque el documento conocido después del anuncio de Cancillería aborda materias que van más allá del intercambio policial. Los países participantes expresan su intención de fortalecer el intercambio de inteligencia, coordinar sanciones contra organizaciones criminales, explorar mecanismos de control de inversiones, proteger cadenas de suministro de minerales críticos y avanzar hacia posiciones comunes en organismos internacionales. También plantean recurrir al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, para evaluar acciones colectivas contra organizaciones consideradas narcoterroristas.
De la ONU al Escudo de las Américas
El cuestionamiento llegó pocas horas después del primer discurso presidencial ante la Asamblea General de Naciones Unidas, una intervención que ya había generado diferencias sobre la forma en que Chile estaba presentando su posición ante el mundo. Kast cuestionó el funcionamiento de la ONU, defendió las primeras decisiones de su administración y realizó un diagnóstico crítico sobre los años anteriores, señalando que el país había atravesado un período de estancamiento.
Las críticas iniciales apuntaron al tono utilizado para describir al país. El diputado Jorge Brito (FA) sostuvo que el Mandatario había utilizado la tribuna internacional para “hablar mal de Chile”, mientras otros parlamentarios opositores cuestionaron que el balance presentado ante Naciones Unidas responsabilizara a administraciones anteriores sin suficiente autocrítica sobre los primeros meses del actual Gobierno.
Pero la adhesión al Escudo desplazó rápidamente la controversia desde el discurso presidencial hacia una pregunta más amplia sobre la orientación de la política exterior. El diputado Gonzalo Winter (FA) acusó “total opacidad” en la decisión y sostuvo que la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara no había sido informada suficientemente sobre el mecanismo. Su crítica apuntó especialmente a las distintas definiciones públicas que ha tenido la iniciativa desde que comenzó a discutirse durante este año.
El senador Iván Flores (DC) puso el acento en las consecuencias internacionales de una relación más estrecha con Washington. “Nos preocupa muchísimo cómo va a continuar esta historia”, señaló, antes de preguntar qué efectos podría tener este movimiento en la relación con China, uno de los principales socios comerciales de Chile. Para el parlamentario, el problema no es la cooperación contra el crimen organizado, sino cómo esta se inserta dentro de la autonomía que históricamente ha buscado mantener la política exterior chilena.
Lo que agregó la declaración conjunta
El documento difundido el 22 de septiembre explica parte del aumento de las críticas. Mientras Cancillería había presentado la adhesión fundamentalmente como un marco voluntario que entregaría acceso a información, análisis de datos, capacitación policial y mayor coordinación fronteriza, la declaración conjunta estructura el Escudo sobre tres pilares: economía, seguridad y coordinación multilateral.
En materia económica, los gobiernos plantean explorar mecanismos de control de inversiones, resguardar las cadenas de suministro de minerales críticos y promover proveedores confiables en infraestructura digital.
En seguridad, buscan ampliar el intercambio de inteligencia y coordinar sanciones, mientras la primera acción anunciada apunta contra 24 organizaciones criminales, entre ellas el Tren de Aragua, los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, el Clan del Golfo, el ELN y Sendero Luminoso.
La declaración contempla además congelamiento de activos, restricciones migratorias y de visado y responsabilidad penal para quienes proporcionen conscientemente apoyo material a esas organizaciones, siempre de acuerdo con la legislación nacional e internacional de cada país. Ese último elemento es relevante: el documento manifiesta intenciones de coordinación, pero no convierte automáticamente cada una de sus medidas en obligaciones directamente ejecutables en Chile.
Uno de los puntos que concentró mayor atención política fue la decisión de promover una reunión de consulta bajo los artículos 6 y 13 del TIAR. El objetivo declarado es evaluar posteriormente una resolución que facilite acciones colectivas contra organizaciones narcoterroristas, referencia que alimentó las dudas opositoras sobre el alcance futuro del mecanismo. La convocatoria, sin embargo, no significa por sí sola el inicio de una operación militar.
El Partido Socialista calificó la incorporación como una “pésima señal” para la política exterior y pidió transparentar los antecedentes sobre defensa, inteligencia, intercambio de información y eventuales operaciones conjuntas. La colectividad también planteó que cualquier compromiso que reúna características propias de un tratado internacional debería someterse a los procedimientos constitucionales correspondientes y al conocimiento del Congreso.
Gobierno descarta subordinación
Desde Nueva York, el canciller Francisco Pérez Mackenna rechazó esa interpretación y sostuvo que la adhesión no contempla el uso de fuerzas militares. “No hay subordinación, es total soberanía de Chile”, afirmó, argumentando que cualquier medida que derive del Escudo deberá implementarse conforme a la Constitución, las leyes y la voluntad de cada país.
El oficialismo también salió a respaldar la decisión. Las bancadas de Republicanos, UDI, RN y Evópoli sostuvieron que la cooperación internacional contra el narcotráfico no supone una cesión de soberanía y acusaron a la oposición de generar confusión sobre los alcances del mecanismo. Desde la UDI incluso surgieron llamados para que Chile busque asumir un papel más activo dentro de la instancia.
La discusión aparece además en momentos en que La Moneda viene redefiniendo su relación con distintas instancias internacionales. Durante septiembre, el Ejecutivo fortaleció su agenda con el BID y decidió abandonar la negociación tributaria impulsada en Naciones Unidas, argumentando reparos sobre los posibles efectos de ese proceso en la soberanía tributaria nacional.
El debate por el Escudo de las Américas se trasladará ahora al Congreso, donde sectores opositores buscan que Cancillería explique las conversaciones previas y precise qué compromisos concretos asumirá Chile. Más que la pertenencia al grupo, la disputa comienza a concentrarse en los límites de esa participación y en una pregunta que probablemente seguirá acompañando al Gobierno: cómo combinar una mayor cooperación con Estados Unidos con la autonomía que Chile ha buscado mantener en sus relaciones internacionales.
