Mientras el Gobierno de Kast celebra cifras históricas de inversión, el desempleo, el bajo crecimiento y la cautela empresarial ofrecen otra lectura. El retiro de TotalEnergies refleja la distancia entre los anuncios oficiales y la economía real
Por Richard Andrade C.
El Presidente José Antonio Kast celebra cifras históricas de inversión y llama al empresariado a dar el paso. Pero las compañías que deberían convertir ese optimismo en actividad productiva describen una realidad distinta: ventas débiles, costos elevados y proyectos sujetos a nuevas postergaciones. La distancia entre las palabras de La Moneda y las decisiones del mercado no se resuelve sumando millones de dólares a una cartera de permisos ambientales.
En marzo, el Gobierno difundió la expresión “Estado en quiebra”, posteriormente retirada y cuestionada por el propio ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. En junio, el tono cambió: Kast destacó 72 proyectos aprobados ambientalmente por US$16.010 millones.
En Enade pidió invertir y en Madrid exhibió casi US$37.000 millones en autorizaciones desde marzo. La comunicación pasó del pesimismo fiscal al entusiasmo inversionista, aunque un permiso aprobado no equivale a una inversión ejecutada.
Los números de la economía real tampoco acompañan ese optimismo. El desempleo llegó a 9,8% entre julio y septiembre, 1,3 puntos por encima del mismo período de 2025, mientras el empleo cayó 1,1%. El Imacec de septiembre creció apenas 0,2% anual y el Banco Central redujo su proyección de crecimiento para 2026 a un rango de 0,25% a 0,75%. Son cifras que exigen respuestas distintas a una nueva celebración de autorizaciones ambientales.
La economía que describen las empresas
El Informe de Percepciones de Negocios de noviembre, elaborado por el Banco Central, ofrece un contrapunto especialmente significativo. Empresas de distintas zonas del país reportan ventas debilitadas, márgenes estrechos, altos costos de combustible y transporte, además de una menor utilización de su capacidad instalada. La solicitud de créditos disminuye, entre otras razones, por la ausencia de nuevos proyectos y la incertidumbre sobre las ventas futuras. No es el diagnóstico de una inversión privada que avanza sin vacilaciones.
Las expectativas para 2027 son más favorables, pero varias firmas condicionan sus planes a una mejoría efectiva de sus negocios y no descartan postergaciones. Ese es el dato político relevante: mientras el Presidente convoca a invertir, parte del empresariado espera señales económicas concretas antes de comprometer recursos.
El Gobierno puede facilitar trámites y ofrecer condiciones favorables, pero las decisiones de inversión siguen dependiendo de ventas, financiamiento y perspectivas de rentabilidad. El optimismo presidencial todavía no encuentra una respuesta equivalente en la actividad económica.
Cuando la inversión anunciada se retira
El desistimiento de TotalEnergies vuelve visible esa contradicción. El 12 de noviembre, la multinacional solicitó retirar de evaluación ambiental su proyecto H2 Magallanes, una iniciativa de US$16.000 millones en San Gregorio. La compañía explicó que no consiguió contratos comerciales de largo plazo y que sus costos de producción no eran competitivos.
El complejo contemplaba hasta 10.000 trabajadores durante su construcción, pero terminó fuera del sistema ambiental antes de convertirse en obras y empleos. Para Magallanes, una oportunidad de diversificación económica quedó nuevamente pendiente.
En febrero, AES Andes ya había desistido de INNA, otro proyecto de hidrógeno y amoníaco verde por US$10.000 millones en Antofagasta, antes de la llegada del actual Gobierno. Ambas propuestas sumaban US$26.000 millones de inversión proyectada que salieron de evaluación durante 2026.
Son cifras enormes para territorios que necesitan nuevas industrias, proveedores y trabajo estable. Sus retiros muestran la fragilidad de las expectativas empresariales cuando todavía no existen condiciones suficientes para desarrollar proyectos de semejante magnitud.
El contraste deja una pregunta que debería ocupar un lugar central en la comunicación económica del Ejecutivo: ¿cuántos proyectos obtienen financiamiento, comienzan a construirse y generan empleo? Una región no se desarrolla porque una empresa anuncie miles de millones de dólares, sino cuando esas inversiones se transforman en actividad productiva. La aprobación ambiental representa un avance, pero su resultado económico depende de etapas que no pueden confundirse con una autorización administrativa.
Los hechos que pidió el Presidente
En Enade, Kast pidió que a su Gobierno lo evaluaran “por hechos y no por palabras”. Esa exigencia debe aplicarse también a los balances que presenta su administración. Las aprobaciones ambientales son un indicador de gestión, pero la recuperación económica debe observarse en crecimiento, contratación y capital efectivamente invertido. Los antecedentes del INE y del Banco Central, junto con la cautela que expresan las empresas, merecen tanto espacio en el discurso presidencial como las cifras de proyectos autorizados.
Chile necesita inversión, confianza y políticas que permitan superar la debilidad económica. Las perspectivas empresariales para 2027 muestran que todavía existen oportunidades, pero también que su materialización depende de una recuperación que aún no se consolida.
El desafío político es demostrar que los anuncios comienzan a traducirse en resultados, porque los discursos pueden construir expectativas, pero son los indicadores económicos y las decisiones de las empresas los que finalmente permiten evaluar si esas promesas se están cumpliendo.




