Diputado Santana: “Si la educación superior fuese un derecho universal, no sería necesario un proyecto de ley”

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Tras la aprobación de la idea de legislar del proyecto que busca beneficiar a los estudiantes de educación superior afectados por el coronavirus y que obliga a las instituciones a tomar diferentes medidas al respecto


La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general la idea de legislar el proyecto presentado por el parlamentario por Atacama, Juan Santana, que pretende que las instituciones de educación superior tomen medidas que apoyen la continuidad de la formación de sus estudiantes y que deberá incluir temas académicos y económicos para este 2020 a raíz de la pandemia del coronavirus.

Al respecto, Santana indicó que “si la educación superior fuera un derecho social universal, y existiese financiamiento basal suficiente, esta discusión no sería necesaria. Las instituciones tendrían la tranquilidad de contar con los recursos necesarios para su funcionamiento, y las y los estudiantes no tendrían la profunda incertidumbre que hoy día los embarga, en relación con su permanencia”.

Además, el parlamentario, que también es miembro de la comisión de Educación, señaló que “algunos parlamentarios de Chile Vamos que, sin reconocerlo, quieren endosarle a los estudiantes y sus familias, la responsabilidad de financiar a las instituciones de educación superior, aun cuando hayan sido afectados por la crisis económica y laboral. Eso es inaceptable”

Para cerrar, Santana explicó que “se habla permanentemente de prioridades, de que no hay recursos suficientes. Esa es la respuesta que el gobierno utiliza para todo, y también en este debate sobre aranceles. Lo cierto es que, si no le damos la tranquilidad a las y los estudiantes, que no serán desvinculados de sus instituciones, en caso de que no puedan pagar sus aranceles, solo seremos espectadores de la intranquilidad que conlleva a que los trabajadores no se queden en sus casas”.

La iniciativa que fue devuelta a las comisiones de Educación y de Hacienda para un segundo informe, se aplicaría durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe que se vive en el país.


 

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