Legisladora solicitó al Gobierno, gremios empresariales y cámaras de comercio evaluar medidas excepcionales para este lunes, considerando los problemas de conectividad, los daños en viviendas y las responsabilidades de cuidado que enfrentan las familias
La diputada Nathalie Castillo pidió flexibilizar o suspender la jornada laboral de este lunes en la Región de Coquimbo, debido a que las consecuencias del sistema frontal todavía afectan los desplazamientos, las viviendas y las actividades cotidianas de numerosas familias.
La parlamentaria del Partido Comunista dirigió la solicitud al Gobierno, las seremías del Trabajo y Economía, los gremios empresariales y las cámaras de comercio, a quienes llamó a coordinar medidas excepcionales mientras se completa la evaluación de los daños registrados en la región.
El planteamiento surge después de que el Ejecutivo activara un despliegue preventivo frente al sistema frontal en diez regiones, con medidas destinadas a anticipar emergencias, coordinar servicios públicos y reforzar la presencia territorial.
Castillo sostuvo que la disminución de las precipitaciones no significa el término de la emergencia, debido a que persisten problemas de conectividad, necesidades de cuidado y dificultades para retomar con normalidad las actividades laborales en distintas comunas.
Suspensión de clases aumenta las necesidades de cuidado
“Aún no contamos con un informe consolidado de Senapred sobre la magnitud de la emergencia en la Región de Coquimbo. Por eso queremos hacer un llamado al Gobierno, a la Seremi del Trabajo, a la Seremi de Economía, a los gremios empresariales y a las cámaras de comercio a evaluar la suspensión o la flexibilización de la jornada laboral de este día lunes”, señaló la diputada.
La parlamentaria argumentó que la suspensión de clases obliga a muchas familias a reorganizar el cuidado de niños y adolescentes, mientras otras necesitan revisar sus viviendas o colaborar en las tareas de recuperación de sus comunidades.
“Si las clases ya fueron suspendidas por la emergencia, también debemos pensar en las y los trabajadores”, sostuvo Castillo.
La solicitud no apunta a una paralización general obligatoria, sino a que empresas y autoridades regionales evalúen alternativas como cambios de horario, permisos, teletrabajo o suspensión de labores cuando no existan condiciones adecuadas para el traslado y la seguridad de las personas.
La discusión se relaciona también con las obligaciones preventivas de las empresas, especialmente ante emergencias y catástrofes, materias que forman parte de los nuevos estándares de seguridad laboral y gestión de riesgos en los lugares de trabajo.
Minería, pesca y construcción bajo observación
Castillo pidió especial consideración para quienes se desempeñan en sectores como la minería, la pesca y la construcción, actividades donde los daños en caminos, instalaciones y zonas productivas todavía no han sido dimensionados completamente.
La parlamentaria sostuvo que la prevención de riesgos debe orientar las decisiones de empleadores y autoridades mientras se revisan las condiciones de acceso a faenas y lugares de trabajo.
El llamado adquiere relevancia por el peso que tienen las actividades productivas en el mercado laboral regional. La minería y la manufactura han sido parte importante de la evolución reciente del empleo formal en la Región de Coquimbo, por lo que una interrupción prolongada podría afectar a trabajadores, empresas contratistas y proveedores locales.
“Muchas familias necesitan revisar el estado de sus viviendas, colaborar en la recuperación de sus comunidades, cuidar a sus hijas y sus hijos, ejercer labores de cuidado. Hoy la prioridad debe ser la seguridad de las personas y también el bienestar de las familias”, afirmó Castillo.
Petición se suma a demanda por zona de catástrofe
La solicitud laboral se agrega a la petición formulada previamente por la diputada para que el Presidente José Antonio Kast declare zona afectada por catástrofe en Coquimbo.
Castillo sostuvo que esa medida permitiría adoptar acciones extraordinarias para recuperar infraestructura pública, caletas pesqueras y Servicios Sanitarios Rurales, además de apoyar a las actividades productivas perjudicadas por el sistema frontal.
La decisión sobre una eventual flexibilización dependerá de las autoridades laborales, los empleadores y las condiciones particulares de cada actividad. La parlamentaria busca que esas definiciones se adopten antes de que los problemas de traslado, las labores de cuidado o los daños en las faenas deriven en nuevos riesgos para las personas.
