La legisladora advierte riesgos en cambios a la evaluación ambiental, cuestionando eliminación de herramientas de control y limitaciones a medidas cautelares en la iniciativa ingresada por el Ejecutivo
El proyecto de ley de “Reconstrucción nacional y desarrollo económico y social” abrió un nuevo foco de tensión política. La diputada Nathalie Castillo (PC) cuestiona el contenido ambiental de la iniciativa del Gobierno, advirtiendo que varias de sus disposiciones podrían debilitar los mecanismos de control sobre proyectos con impacto ambiental.
La propuesta, ingresada el 22 de abril por la administración del presidente José Antonio Kast, contempla 33 artículos, de los cuales siete abordan materias medioambientales que hoy concentran el debate legislativo.
En ese marco, la diputada del Partido Comunista, señaló que “Es legítimo y necesario avanzar en procesos más ágiles, pero eso no puede traducirse en una flexibilización de los estándares ambientales”, reforzando que la discusión se centra en el equilibrio entre eficiencia regulatoria y resguardo ambiental.
RCA en el centro del conflicto regulatorio
Uno de los puntos más sensibles se ubica en el artículo 13. La iniciativa propone eliminar la invalidación administrativa de las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) favorables, una herramienta que actualmente permite revisar actos administrativos frente a eventuales vicios de legalidad.
Desde la perspectiva de la parlamentaria, el cambio tiene efectos concretos. La supresión de este mecanismo reduciría la capacidad de organizaciones sociales para impugnar proyectos cuestionados, debilitando el control ciudadano sobre decisiones ambientales.
En esa línea, la representante de la Región de Coquimbo advirtió que “no podemos debilitar los mecanismos de control”, subrayando que las modificaciones podrían afectar la fiscalización efectiva de proyectos con impacto ambiental.
Indemnizaciones y señales al sistema de evaluación
El proyecto también introduce modificaciones en materia económica. Entre los artículos 14 y 18 se contempla la restitución de dineros a titulares de proyectos anulados judicialmente, lo que representa un 57,1% del apartado ambiental de la iniciativa.
Este punto abre un flanco relevante en la discusión. La eventual compensación podría generar incentivos que tensionen el sistema de evaluación ambiental, especialmente en casos donde existan fallos judiciales por irregularidades en la aprobación de proyectos.
Medidas cautelares y plazos bajo cuestionamiento
Otro eje crítico está en el artículo 19. La propuesta fija un plazo máximo de seis meses para medidas cautelares que paralicen proyectos con impacto ambiental, lo que modifica el actual esquema de protección preventiva.
Para Castillo, este ajuste tiene implicancias directas. La limitación temporal podría afectar la efectividad de acciones judiciales en casos complejos, reduciendo la capacidad de respuesta frente a riesgos ambientales relevantes.
Advertencia sobre estándares y control ambiental
El cuestionamiento de fondo apunta al enfoque de la iniciativa. La diputada advierte que las medidas responden a una lógica de simplificación regulatoria que podría debilitar estándares ambientales, en un contexto donde la institucionalidad ya enfrenta desafíos de fiscalización.
En ese marco, la clave está en fortalecer la prevención sin reducir las herramientas de fiscalización, manteniendo un equilibrio entre desarrollo económico y protección ambiental.
El proyecto abre una discusión más amplia sobre el modelo de desarrollo. Las modificaciones propuestas impactan la relación entre inversión, control institucional y participación ciudadana, elementos centrales en el diseño de políticas públicas.
