El 49% cree que la iniciativa favorece a grandes empresas y sectores de mayores ingresos, mientras solo 35% la asocia con la creación de empleo. Además, 43% considera incorrecto el manejo gubernamental de la emergencia
La principal apuesta económica del Gobierno ya no enfrenta solo una discusión legislativa. Mientras el Presidente José Antonio Kast intenta mantener el impulso de la Ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social, la percepción ciudadana sobre sus efectos comenzó a retroceder y se sumó al deterioro de su evaluación presidencial.
La nueva Agenda Criteria, publicada este 26 de julio, muestra que la aprobación del Mandatario bajó a 36% y su desaprobación aumentó hasta 54%. La distancia entre ambas posiciones llegó a 18 puntos, mientras otro 10% declara no saber cómo evaluar la conducción gubernamental.
El movimiento semanal es acotado, pero confirma una tendencia que el Ejecutivo no ha conseguido revertir. Durante julio, el respaldo a Kast se ha mantenido bajo el 40%, mientras la desaprobación permanece instalada sobre el 50% y vuelve a acercarse a su nivel más alto desde el inicio de la administración.
La trayectoria contrasta con las primeras semanas del Gobierno. Kast comenzó la serie de Criteria con 46% de aprobación y 30% de desaprobación, pero esa relación se invirtió rápidamente. Desde mediados de abril, la evaluación negativa supera de manera sostenida al respaldo presidencial.
La megarreforma pierde su ventaja favorable
El deterioro presidencial coincide con un cambio en la percepción sobre la megarreforma, presentada por el Ejecutivo como una herramienta para acelerar la reconstrucción, recuperar la inversión y estimular la creación de puestos de trabajo.
Un 37% de los consultados cree que el proyecto tendrá efectos negativos para el país, mientras 36% espera consecuencias positivas. Otro 27% todavía no define su posición. Es la primera vez dentro de la serie en que la expectativa desfavorable supera a la favorable.
La diferencia es estrecha, pero la evolución muestra un giro significativo. A comienzos de junio, 45% anticipaba efectos positivos y 29% esperaba consecuencias negativas. En menos de dos meses, la valoración favorable cayó nueve puntos, mientras la negativa aumentó ocho y terminó por tomar una leve ventaja.
El resultado aparece después de una tramitación marcada por negociaciones tributarias, diferencias políticas y una discusión que fue ampliándose más allá de las medidas de reconstrucción. Una medición anterior ya había mostrado que las disposiciones directamente destinadas a reconstruir alcanzaban un respaldo considerablemente mayor que el proyecto completo.
Criteria no consulta directamente si las personas aprueban o rechazan cada norma de la iniciativa. Sin embargo, la serie permite observar cómo disminuye la expectativa favorable mientras se prolonga el debate sobre su alcance económico, tributario y regulatorio.
La promesa de empleo no domina la percepción
La principal dificultad para el Gobierno aparece cuando se pregunta a quiénes beneficiará la ley. Un 49% cree que está orientada principalmente a favorecer a las grandes empresas y a las personas de mayores ingresos, tres puntos más que en la medición anterior y el resultado más alto de las últimas cinco semanas.
Solo 35% considera que la iniciativa busca favorecer principalmente la creación de empleo para la población general. El 16% restante no se identifica con ninguna de las dos alternativas. La brecha entre ambas interpretaciones alcanza así 14 puntos.
La percepción se ha mantenido desde el comienzo de la serie. El 26 de abril, 51% asociaba el proyecto con beneficios para las grandes empresas y 37% con la generación de empleo. Tres meses después, las cifras llegan a 49% y 35%, respectivamente.
La medición anterior ya había situado en 46% la percepción de que la megarreforma favorecía a las grandes empresas. El nuevo sondeo muestra que esa interpretación volvió a crecer, pese al avance parlamentario de la iniciativa.
El dato se contrapone al argumento con que el Ejecutivo ha defendido las rebajas tributarias y los incentivos incluidos en el proyecto. Kast ha sostenido que la falta de trabajo está relacionada con la ausencia de inversión y que la reactivación de nuevos proyectos permitirá recuperar la contratación.
Criteria no determina quiénes serán efectivamente beneficiados ni cuáles serán los resultados de la ley una vez implementada. Lo que revela es que la relación entre inversión y empleo todavía no constituye la lectura predominante entre los encuestados.
También retrocede el manejo de la emergencia
El sondeo agrega otra señal desfavorable para La Moneda. Un 43% considera incorrecto el camino seguido por el Gobierno para enfrentar la situación de emergencia, cinco puntos más que en la semana anterior.
Quienes evalúan positivamente la dirección adoptada bajaron tres puntos y llegaron a 36%, mientras 21% declara no tener una posición clara. La evaluación negativa supera así en siete puntos a la positiva.
El resultado se relaciona directamente con la megarreforma, porque la reconstrucción de los territorios afectados ha sido uno de los principales fundamentos utilizados por el Ejecutivo para impulsar su tramitación.
La encuesta deja al Gobierno enfrentado a tres movimientos simultáneos: aumenta la desaprobación presidencial, la evaluación negativa del proyecto supera a la positiva y crece la percepción de que sus beneficios se concentrarán en las empresas y los sectores de mayores ingresos.
Pese a ello, la opinión pública aún no aparece completamente cerrada. Un 27% no sabe si los efectos de la iniciativa serán positivos o negativos, mientras 16% no comparte ninguna de las dos interpretaciones sobre sus beneficiarios.
La evolución de esos grupos dependerá de la capacidad del Ejecutivo para traducir su promesa de inversión en resultados visibles, especialmente en materia de empleo, reconstrucción y recuperación económica. Por ahora, la última medición muestra que la megarreforma comienza a compartir el desgaste que ya afecta la evaluación del Presidente.
La encuesta fue aplicada el 23 de julio de 2026 a 802 mujeres y hombres mayores de 18 años, residentes en Chile y pertenecientes a los niveles socioeconómicos ABCD. El estudio se realizó mediante un panel online certificado y sus resultados fueron ponderados por zona, sexo, edad y nivel socioeconómico.
