El cierre del ciclo legislativo dejó un promedio cercano a dos iniciativas aprobadas por mes, con foco en seguridad, agenda social y ajustes regulatorios, mientras varias reformas de mayor alcance quedaron para su implementación en el siguiente periodo
Durante el último año del periodo legislativo 2022–2026, el Congreso convirtió en ley 94 proyectos, una cifra que, puesta en perspectiva, equivale a un promedio cercano a dos iniciativas por mes a lo largo del ciclo. El balance da cuenta de un Parlamento activo en términos de producción normativa, en un contexto marcado por fragmentación política, negociaciones transversales y la presión por cerrar agendas antes del recambio legislativo.
De ese total, 39 iniciativas correspondieron a mociones parlamentarias, es decir, proyectos impulsados por diputados y senadores, lo que representa cerca de un 41%. En términos formales, los 94 proyectos se tradujeron en 88 normas publicadas en el Diario Oficial: 75 leyes y 13 acuerdos o tratados internacionales, de acuerdo con el balance del periodo.
Seguridad y agenda social entre las prioridades
Una parte relevante de las leyes aprobadas estuvo vinculada a seguridad, espacio público y derechos sociales. Entre ellas figura la norma que crea un sistema de búsqueda para la identificación y localización de prófugos de la justicia (Ley 21.138), que consolida un registro coordinado entre policías y fiscalía para facilitar la captura de personas con órdenes pendientes.
En la misma línea, se publicó la ley que garantiza espacios públicos seguros para mujeres, personas mayores, niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad (Ley 21.733), estableciendo que la Política Nacional de Espacios Públicos debe considerar criterios de ciclo de vida, sexo, edad y situación de discapacidad.
En educación superior, también se convirtió en ley la moción conocida como “Yo cuido y estudio” (Ley 21.790), orientada a proteger los derechos de estudiantes cuidadores y promover la conciliación entre responsabilidades familiares y trayectorias académicas.
A ello se suma la modificación que autoriza la entrega de productos de un solo uso fabricados con materiales reciclables o reutilizables (Ley 21.794), una corrección normativa en un ámbito donde la aplicación de la regla había generado interpretaciones dispares.
Cierre con proyectos en tránsito y reformas institucionales
El término del periodo dejó además iniciativas relevantes despachadas a promulgación, pero aún no publicadas en el Diario Oficial. Entre ellas se encuentra el proyecto que fortalece la institucionalidad del Ministerio Público, que contempla un aumento gradual de dotación de hasta 819 nuevos cargos en cuatro años, junto con ajustes en mecanismos de gestión y probidad.
En el mismo paquete quedó la nueva Ley de Inteligencia del Estado, que redefine la finalidad del sistema, sus componentes, los procedimientos de acceso a la información y el régimen de sanciones. A esto se suma el proyecto que otorga titularidad a profesionales de la educación parvularia, básica y media que se encuentren contratados, una demanda histórica del sector para reducir precariedad laboral y dar mayor estabilidad al sistema escolar.
Volumen legislativo y ritmo mensual
El dato de las 94 iniciativas convertidas en ley permite dimensionar el ritmo del Congreso durante el ciclo: casi dos leyes por mes en promedio. Ese nivel de actividad se explica, en parte, por la necesidad de cerrar proyectos acumulados, avanzar en acuerdos sectoriales y responder a presiones en áreas sensibles como seguridad, educación y regulación económica.
Al mismo tiempo, el desglose del periodo muestra que una parte importante de la agenda estuvo compuesta por ajustes normativos, actualizaciones legales y respuestas a demandas específicas, mientras que varias reformas de mayor alcance institucional quedaron concentradas hacia el final del ciclo o pendientes de implementación en el periodo siguiente.
Con el cambio de Congreso en el horizonte, el cierre del ciclo 2022–2026 deja como antecedente un Congreso con alta capacidad de producción normativa y con un conjunto de leyes y proyectos que ahora deberán ser evaluados en su impacto real sobre políticas públicas, gestión estatal y vida cotidiana de las personas.
