La nueva radiografía de INE y SENAMA muestra un país que envejece a ritmos desiguales: mientras el norte conserva una población más joven, varias regiones del centro y sur enfrentan crecientes presiones en salud, cuidados y pensiones
Chile está cambiando de edad. Las personas de 60 años o más ya superan a los menores de 15, una transformación que modifica la demanda por salud, cuidados, pensiones, transporte y servicios públicos y que durante las próximas décadas alterará todavía más la estructura de la población.
La radiografía presentada por el Instituto Nacional de Estadísticas y el Servicio Nacional del Adulto Mayor contabiliza 3.665.028 personas de 60 años o más, equivalentes al 19,8% de la población residente. Por cada cien menores de 15 años existen 111,9 personas mayores. Dentro de ese universo, 593.010 ya tienen 80 años o más.
Los datos provienen del levantamiento censal de 2024, pero el elemento nuevo está en el análisis difundido por INE y SENAMA en septiembre de 2026: permite observar conjuntamente diferencias territoriales, composición de los hogares, discapacidad y condiciones de vida. Las brechas para envejecer en regiones, especialmente en salud y acceso a especialistas, adquieren así una dimensión cada vez más estructural.
La magnitud futura resulta todavía mayor. Las proyecciones estiman que las personas de 60 años o más representarían 26,4% de la población en 2035, 36,5% en 2050 y 50,7% en 2070. Para entonces, quienes tengan 80 años o más superarían los tres millones.
Un país que envejece a distintas velocidades
El promedio nacional esconde diferencias profundas. En Tarapacá, en el norte, las personas de 60 años o más representan solo el 14% de la población. En Valparaíso, en la zona central, alcanzan el 22,9%, mientras Los Ríos, en el sur, llega al 21,7%.
Son tres fotografías distintas del mismo proceso. Mientras algunos territorios todavía conservan una estructura poblacional relativamente joven, en otros más de uno de cada cinco habitantes ya tiene 60 años o más. Ñuble registra la proporción más alta del país, con 23,3%, seguida por Valparaíso y Los Ríos.
Personas de 60 años o más por región
| Región | % de la población regional |
|---|---|
| Arica y Parinacota | 17,8% |
| Tarapacá | 14,0% |
| Antofagasta | 14,5% |
| Atacama | 18,3% |
| Coquimbo | 20,1% |
| Valparaíso | 22,9% |
| Metropolitana | 18,8% |
| O’Higgins | 21,2% |
| Maule | 21,5% |
| Ñuble | 23,3% |
| Biobío | 20,8% |
| La Araucanía | 21,1% |
| Los Ríos | 21,7% |
| Los Lagos | 19,2% |
| Aysén | 18,2% |
| Magallanes | 20,6% |
| Total Chile | 19,8% |
Fuente: INE y SENAMA, Envejecimiento y situación de las personas mayores en Chile.
Las diferencias territoriales tienen consecuencias concretas. Una región donde casi uno de cada cuatro habitantes supera los 60 años requiere otra distribución de atención primaria, especialistas, transporte, vivienda adaptada, servicios municipales y redes de apoyo que una zona donde la proporción se acerca a uno de cada siete.
Estado y derechos frente a una nueva realidad
La transformación demográfica coincide con cambios relevantes en la política pública. Durante 2026 se promulgó la Ley Integral de las Personas Mayores, que reconoce derechos vinculados con autonomía, salud, trabajo, educación, participación y conectividad, mientras comenzó la elaboración de una Política Nacional de Envejecimiento.
La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, sitúa esa política dentro de la respuesta estatal al cambio demográfico: “avanzar hacia la construcción de una sociedad que promueva un envejecimiento digno, activo y saludable es clave para el Gobierno del Presidente José Antonio Kast”.
La nueva directora nacional de SENAMA, Muriel Abad Andrades, nombrada el 25 de septiembre, pone además el acento en el reconocimiento social de esta población: “trabajar por y con las personas mayores es trabajar por una sociedad que reconoce sus derechos, su experiencia, sus capacidades y su aporte”.
El cambio normativo introduce una dimensión que va más allá de ampliar prestaciones. El envejecimiento con enfoque de derechos supone autonomía, capacidad de decisión, participación y protección frente a la discriminación por edad, especialmente a medida que las personas mayores adquieren mayor peso dentro de la sociedad.
En esa línea, Mari Alarcón Riveros, directora del Departamento de Salud Pública de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, plantea: “Reconocer derechos implica abandonar el edadismo, escuchar las voces de las personas mayores y garantizar que puedan decidir, participar y vivir con dignidad”.
Salud, conectividad, cuidados y pensiones
Salud: El aumento de la población mayor no significa automáticamente dependencia, pero sí modifica el tipo y la intensidad de las prestaciones requeridas. El 28,3% de las personas de 60 años o más está en situación de discapacidad, proporción que llega al 54% entre quienes tienen 80 años o más.
La médica geriatra Tamara Gallardo, jefa del Servicio de Geriatría del Hospital Sótero del Río y académica de Medicina USACH, pone el foco en conservar capacidad funcional: “nuestro foco médico y social no debe ser solo ‘dar más años a la vida’, sino mantener esa autonomía el mayor tiempo posible”.
La presión sanitaria no se concentra únicamente en hospitales. Atención primaria, rehabilitación, salud mental, prevención de enfermedades crónicas y disponibilidad territorial de especialistas ganan importancia cuando las personas viven más años y una proporción creciente alcanza edades avanzadas.
Conectividad: La digitalización de trámites públicos, sistemas bancarios, prestaciones previsionales y solicitudes de horas médicas abre otro frente. Para las personas mayores, la conectividad depende tanto del acceso y manejo de herramientas digitales como de la posibilidad física de llegar a servicios esenciales.
En zonas rurales o localidades alejadas, una plataforma digital no reemplaza un consultorio cercano, un especialista disponible o transporte que permita llegar a una capital provincial. El envejecimiento obliga por eso a mirar también conectividad vial, transporte público, accesibilidad urbana y presencia territorial del Estado.
Cuidados: La composición de los hogares muestra una de las señales más sensibles. El 16,5% de las personas mayores, cerca de 600 mil, vive sola, mientras otro 27,5% reside en hogares integrados únicamente por dos o más personas de 60 años o más.
La antropóloga Paulina Osorio, académica de la Universidad de Chile, advierte: “lo importante es que haya redes de apoyo y de cuidado. Hay que poner el ojo primero en las personas mayores y en quienes cuidan”.
El punto adquiere mayor peso porque una parte de quienes entregan apoyo también envejece. La implementación del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados deberá responder no solo a situaciones de dependencia severa, sino también a hogares unipersonales, parejas mayores, atención domiciliaria, centros diurnos y apoyo a quienes cuidan.
Pensiones: El aumento sostenido de la población mayor también cambia la ecuación previsional. Una sociedad donde las personas viven más años deberá financiar prestaciones durante períodos más prolongados, mientras la composición etaria reduce progresivamente el peso relativo de los grupos más jóvenes.
La Dirección de Presupuestos incorporó esa variable a sus proyecciones hasta 2050. Su análisis concluye que salud y pensiones concentrarán buena parte del esfuerzo fiscal asociado al envejecimiento. Hacia 2050, Salud podría representar cerca del 40% del gasto del Gobierno Central y Trabajo y Previsión Social alrededor del 20%.
La PGU también crecería de manera significativa. Dipres proyecta un aumento de 93% durante los próximos 25 años, hasta alcanzar 3,2% del PIB en 2050. La reforma previsional incorporó nuevas fuentes de financiamiento, pero la trayectoria demográfica obliga a considerar al mismo tiempo suficiencia de las pensiones y sostenibilidad fiscal.
Más años de vida, nuevas brechas por resolver… una nueva agenda social
La fotografía completa no describe únicamente un país con más personas mayores. Expone una reorganización progresiva de sus necesidades sociales, económicas y territoriales. La misma respuesta pública difícilmente producirá iguales resultados en Tarapacá, Valparaíso o Los Ríos cuando sus estructuras de edad son tan diferentes.
Vivir más años expresa avances sanitarios y sociales. El punto crítico estará en convertir esa mayor longevidad en años de autonomía, acceso efectivo a derechos y calidad de vida. Chile ya cambió de edad; ahora deberá adaptar sus servicios, territorios y sistemas de protección a una transformación que seguirá profundizándose durante las próximas décadas.
