Por Carlos Cantero O. Geógrafo, Máster y Doctor en Sociología
América Latina se enfrenta a un debate con implicaciones que van mucho más allá de la región: el caso Cerimedo. Los problemas que plantea no son nuevos. Durante años, los hemos debatido y advertido en publicaciones, conferencias y aulas.
Sin embargo, gran parte del mundo político parece escandalizarse solo ahora que las consecuencias se han hecho sentir de cerca. Algunos intentan minimizarlas, mientras que otros las exageran, fieles al oportunismo político y a la conocida dicotomía entre buenos y malos.
El 20 de agosto, un fiscal boliviano acusó a Fernando Cerimedo de intento de feminicidio, luego de que su expareja, Nadia Beller, sobreviviera a un tiroteo ocurrido tres días antes frente a un hotel en Santa Cruz de la Sierra. Cerimedo, asesor del presidente boliviano Rodrigo Paz, fue arrestado cuando intentaba salir del país.
Los resultados de esta investigación han destapado una compleja red de problemas digitales, poniendo de manifiesto la violencia política, la desinformación y la capacidad de las herramientas digitales para distorsionar el debate público y debilitar la confianza democrática.
Las repercusiones van más allá de Bolivia. En Brasil, se le vinculó con afirmaciones falsas sobre las elecciones de 2022; en Argentina, trabajó como estratega digital para la campaña de Javier Milei en 2023 y cofundó La Derecha Diario, un medio acusado de desinformación; y en Chile, los legisladores están investigando el uso de bots y trolls en campañas políticas.
Gran parte de las críticas se han centrado en la derecha política. Esto no debería llevarnos a considerar la manipulación digital como un fenómeno intrínsecamente de derecha. Estas tecnologías no tienen una ideología propia. Los actores políticos de todo el espectro se ven tentados a utilizarlas cuando les ofrecen una ventaja; las medidas de seguridad no deberían depender de quién manipula el sistema, sino de la conducta en sí misma.
El caso Cerimedo tiene repercusiones que van más allá del propio Cerimedo: se trata de un ecosistema digital que los operadores políticos pueden explotar para distorsionar el debate público y moldear la forma en que los ciudadanos emiten juicios políticos.
Pero el aspecto más preocupante quizás no sea del que solo puedan culpar los políticos y las empresas tecnológicas: la extraordinaria ingenuidad, incluso la servidumbre voluntaria, con la que las personas entregan su información personal. En una era de autoexposición y una búsqueda desesperada de validación social, la gente deposita detalles íntimos de su vida en sistemas digitales que apenas comprende. Esto les proporciona material en bruto que puede usarse para categorizarlos y predecir su comportamiento.
Este rastreo equivale a una forma de neocolonialismo de datos, donde grandes cantidades de información digital revelan miedos, resentimientos y vulnerabilidades. Combinados con algoritmos sofisticados, estos datos permiten a los operadores perfilar y atacar a individuos con precisión.
El peligro no reside en que todas las campañas utilicen análisis de perfiles sofisticados, ni en que el caso de Cerimedo demuestre que se emplearon todas esas técnicas. La advertencia más amplia es que la capacidad tecnológica existe, se está volviendo más poderosa y opera con mucha menos transparencia de la que las sociedades democráticas deberían aceptar.
Dentro de este ecosistema, el debate público corre el riesgo de dejar de ser deliberativo y convertirse en un campo de batalla. Las teorías tradicionales sobre la fijación de la agenda y el control editorial asumían que las instituciones desempeñaban un papel en la selección y verificación de la información. Este modelo se ha visto alterado por las plataformas digitales, cuyos algoritmos premian la ira y el contenido con carga emocional, ya que generan interacción.
El nuevo arsenal político incluye granjas de trolls que inundan los debates con mensajes abusivos; bots que automatizan y amplifican el contenido; astroturfing que fabrica un falso apoyo popular; y publicidad política dirigida. Ninguna de estas técnicas por sí sola determina el voto ciudadano, pero en conjunto pueden contaminar el entorno que moldea el consenso democrático, haciendo que las emociones parezcan espontáneas mientras ocultan su verdadero origen. Un mismo mensaje puede parecer que surge de miles de voces a la vez, creando una ilusión de consenso.
La ley se mueve con pies de barro, y la política ocupa un papel contradictorio, siendo a la vez víctima y perpetradora: los líderes carecen de un conocimiento suficiente de las tecnologías que transforman la vida democrática, incluso cuando sus propias organizaciones adoptan las mismas herramientas cuando les resultan útiles.
La opacidad algorítmica, las “cajas negras” digitales y la sofisticada segmentación conductual dificultan el escrutinio público. El resultado es una asimetría de poder entre quienes diseñan o manipulan los sistemas digitales y los ciudadanos a quienes influyen, una asimetría que exige una respuesta democrática.
Una mayor transparencia en torno a la publicidad política pagada, las cuentas automatizadas y la financiación de campañas resolvería gran parte del problema. También ayudaría informar a los ciudadanos cuándo interactúan con un bot en lugar de una persona, y quién paga para contactarlos.
La protección de datos personales es fundamental, sobre todo cuando los grupos políticos combinan datos comerciales con perfiles ideológicos. La microsegmentación política sigue siendo prácticamente invisible, operando al margen del escrutinio que las democracias exigen en materia de ideología política.
Las plataformas también tienen responsabilidad, identificando la manipulación coordinada sin erigirse en árbitros de la opinión política legítima. El objetivo no es la censura, sino la transparencia sobre quién habla, quién paga y cómo circula la información por el sistema. Nada de esto sustituye una cultura de alfabetización digital, ya que la regulación por sí sola no puede proteger a los ciudadanos que comparten información sin comprender su valor.
El caso Cerimedo debe entenderse, por lo tanto, como algo más que un escándalo político. Es una advertencia sobre las condiciones en las que se practicará cada vez más la política en América Latina y más allá, condiciones en las que confluyen denuncias de violencia privada, pruebas de desinformación y cuestiones más amplias sobre manipulación digital.
La libertad en la era digital exige más que el derecho formal a hablar y votar. Requiere ciudadanos que comprendan los sistemas que buscan influir en ellos, instituciones capaces de supervisarlos y líderes dispuestos a establecer normas que se apliquen independientemente de quién se beneficie. Si los ciudadanos renuncian a su privacidad sin comprender cómo se pueden usar sus datos, la sumisión voluntaria puede debilitar las instituciones republicanas destinadas a protegerlos.
Recuperar la soberanía sobre el debate democrático requerirá tanto mayores garantías públicas como una mayor responsabilidad individual: normas transparentes para el ámbito digital y ciudadanos más protectores de su privacidad y conscientes del uso que se da a sus datos. De lo contrario, la libertad misma corre el riesgo de quedar reducida a poco más que código fuente manipulable
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