La Sala aprobó dos acuerdos donde manifestó preocupación por el alza del costo de la vida, eventuales efectos de reformas económicas y posibles recortes a programas educacionales, advirtiendo consecuencias para familias vulnerables y estudiantes en medio del debate presupuestario y tributario impulsado por el Ejecutivo
La Cámara de Diputados abrió un nuevo flanco político contra el gobierno del Presidente José Antonio Kast luego de aprobar dos acuerdos donde cuestionó el impacto económico y social de decisiones impulsadas por el Ejecutivo, advirtiendo posibles efectos sobre miles de familias chilenas frente al aumento del costo de la vida y eventuales recortes presupuestarios.
El primero corresponde al Acuerdo N°10, respaldado por la Sala con 75 votos a favor, 58 en contra y 11 abstenciones. El texto advierte sobre el riesgo de que más hogares caigan en situación de pobreza y aumente la desigualdad como consecuencia del alza del costo de la vida y de las decisiones de política fiscal y económica impulsadas por el Ejecutivo.
Impacto del Mepco y presión sobre el presupuesto familiar
El acuerdo pone especial atención en la eliminación del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), señalando que esta decisión habría trasladado a los hogares la volatilidad internacional del precio del petróleo, afectando no solo el valor de las bencinas, sino también el transporte y distintos bienes y servicios básicos.
Asimismo, el texto impulsado por la diputada Carolina Tello plantea que la “eventual reforma tributaria” vinculada al proyecto de Reconstrucción Nacional debe evaluarse bajo criterios de “progresividad, justicia social y diálogo técnico amplio”.
El debate sobre combustibles, inflación y costo de la vida continúa marcando la agenda económica y política, especialmente frente al impacto que tienen estos factores sobre los hogares de menores ingresos y el presupuesto familiar.
Programas educacionales y familias vulnerables
En paralelo, la Cámara aprobó el Acuerdo N°11, promovido por el diputado Felipe Camaño, luego de que el Ministerio de Hacienda recomendara descontinuar programas de cara a la formulación de la Ley de Presupuestos 2027.
El documento aborda el eventual impacto de eliminar 15 programas educacionales dependientes del Ministerio de Educación, entre ellos el Programa de Alimentación Escolar, el Fondo de Apoyo a la Educación Pública y el programa PACE de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior.
El acuerdo sostiene que estas iniciativas entregan apoyo fundamental a miles de estudiantes provenientes de familias vulnerables y advierte que eliminarlas “no solo representaría una absoluta ignorancia en su impacto en la educación pública”, sino que además “agravaría las brechas sociales en un momento clave para el desarrollo nacional”.
La Sala respaldó este segundo acuerdo con 73 votos afirmativos, 54 en contra y 12 abstenciones, profundizando el debate político sobre gasto público, protección social y prioridades presupuestarias para los próximos años.
Presión política por costo de la vida y futuras reformas presupuestarias
La aprobación de ambos acuerdos anticipa que el debate sobre costo de la vida, gasto público y reformas económicas seguirá escalando en el Congreso durante las próximas semanas, especialmente en el marco de la discusión del proyecto de Reconstrucción Nacional y de la futura Ley de Presupuestos 2027.
Mientras el Ejecutivo busca avanzar en ajustes fiscales y redefinir prioridades presupuestarias, sectores parlamentarios advierten que decisiones relacionadas con combustibles, programas sociales y educación pública podrían tener efectos directos sobre familias vulnerables, estudiantes y sectores medios, en un período marcado por presiones económicas y alta sensibilidad social frente al aumento de los costos básicos.
