La Comisión de Salud inició la revisión de dos proyectos que buscan fortalecer la prevención temprana, ampliar la información en salud reproductiva y mejorar la detección de factores que pueden afectar la fertilidad.
La baja sostenida de nacimientos volvió a instalar la salud reproductiva en la agenda legislativa. La Comisión de Salud inició el debate de dos proyectos de ley, en segundo trámite constitucional, que buscan fortalecer la prevención temprana de la infertilidad y mejorar las políticas de información, orientación y acceso en esta materia.
Las iniciativas apuntan a responder a una preocupación que ya dejó de ser exclusivamente sanitaria. La caída de la natalidad cruza hoy dimensiones sociales, laborales, económicas y familiares, en un país donde cada vez más personas postergan o enfrentan mayores dificultades para concretar sus proyectos de maternidad y paternidad. Ese debate ya había comenzado a tomar fuerza en el Congreso, donde la baja natalidad activó una agenda legislativa sobre salud reproductiva y fertilidad.
El primer proyecto, correspondiente al boletín 16708, modifica el Código Sanitario para incorporar, entre las funciones de determinados profesionales de la salud, acciones destinadas a prevenir la infertilidad. La propuesta busca reforzar el rol de los equipos sanitarios en la detección oportuna de factores que puedan afectar la capacidad reproductiva.
En concreto, la iniciativa propone actualizar las funciones legales de las matronas en los servicios de salud para que, junto a los médicos gineco-obstetras, puedan solicitar exámenes preventivos de infertilidad bajo un protocolo oficial. El objetivo es facilitar diagnósticos más rápidos y mejorar el acceso oportuno a la atención.
Información y prevención temprana
La segunda iniciativa, contenida en el boletín 16709, propone modificar la Ley 20.418, que establece normas sobre información, orientación y prestaciones en materia de regulación de la fertilidad. Su propósito es fortalecer la entrega de información y educación sobre infertilidad, estableciendo la obligación del Estado de garantizar orientación clara y oportuna a la población.
Con ello, se busca que las personas puedan conocer tempranamente los factores de riesgo que afectan su capacidad reproductiva. La prevención aparece como un eje central, especialmente cuando existen causas evitables o tratables que pueden incidir en la infertilidad si no son pesquisadas a tiempo.
Durante la sesión, Marcela Silva, jefa de la División de Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud, explicó que la infertilidad es una enfermedad de los sistemas reproductivos, definida como la imposibilidad de lograr un embarazo después de 12 meses de relaciones sexuales sin protección. La autoridad indicó que una de cada seis personas la experimenta a lo largo de su vida, por lo que enfatizó la importancia de fortalecer la prevención y la detección precoz, especialmente en mujeres jóvenes.
En tanto, Rodrigo Neira, jefe de la Oficina de la Mujer del Departamento del Ciclo Vital, planteó que la propuesta debería reforzar las facultades de la Atención Primaria de Salud para abordar causas prevenibles de infertilidad y avanzar en la incorporación de exámenes preventivos que permitan una evaluación más integral de la capacidad reproductiva.
El problema del acceso
La discusión parlamentaria también puso sobre la mesa las brechas del sistema público. Si bien la realización de exámenes diagnósticos puede ser considerada una prioridad sanitaria, en la práctica el acceso enfrenta limitaciones relevantes, tanto por disponibilidad de cupos como por la continuidad posterior hacia tratamientos especializados.
Las y los parlamentarios advirtieron que muchas personas deben iniciar el proceso en la Atención Primaria de Salud, donde la disponibilidad para estas materias suele ser reducida. Ese cuello de botella dificulta la oportunidad del diagnóstico y puede retrasar la atención de pacientes que requieren evaluación, seguimiento o derivación.
La pregunta de fondo es si incorporar el concepto de infertilidad en la normativa permitirá mejorar efectivamente el acceso y no solo declarar una prioridad. Esa preocupación se conecta con un debate más amplio sobre las condiciones que enfrentan las familias en Chile, donde la crisis de natalidad también se cruza con empleo femenino, cuidados y barreras económicas.
Otro punto abordado fue la clamidia, una de las infecciones de transmisión sexual bacterianas más frecuentes y una de las principales causas prevenibles de infertilidad. En esa línea, se pidió clarificar cómo las iniciativas podrían fortalecer el diagnóstico precoz, el acceso a tratamiento y la prevención de consecuencias reproductivas.
Un debate sanitario y social
El inicio de la discusión legislativa marca una señal relevante: la infertilidad comienza a ser tratada como un asunto de salud pública que requiere información, prevención, protocolos y acceso oportuno. La baja natalidad no se resolverá únicamente con estos proyectos, pero la prevención temprana puede cerrar una brecha concreta para quienes desconocen factores de riesgo o llegan tarde al diagnóstico.
El desafío estará en que la ley no se limite a ampliar definiciones, sino que permita generar capacidades reales en la red pública. Para que la prevención funcione, se requieren protocolos claros, formación de equipos, disponibilidad de exámenes, derivaciones oportunas y continuidad de atención.
La discusión también obliga a mirar la salud reproductiva más allá del momento en que una persona busca un embarazo. Detectar a tiempo infecciones, condiciones médicas o factores de riesgo puede ser decisivo para resguardar proyectos de vida y reducir barreras evitables.
En medio de una baja natalidad que tensiona la agenda pública, el Congreso comenzó a revisar una dimensión específica, pero relevante: cómo prevenir antes, informar mejor y asegurar que la infertilidad no sea abordada tarde, cuando las alternativas son más complejas, costosas y difíciles de concretar.
