El gobernador Pablo Silva Amaya, el alcalde Raimundo Agliati y parlamentarios de la región cuestionaron que el Ejecutivo evalúe ampliar la cárcel local si no prospera el proyecto de Santiago 1
Autoridades de la Región de O’Higgins rechazaron que Rancagua sea considerada por el Gobierno como una alternativa para ampliar la capacidad penitenciaria del país si no avanza el proyecto de expansión del penal Santiago 1, en la Región Metropolitana.
La controversia surgió luego de que el subsecretario de Justicia, Luis Silva, señalara en Estado Nacional de TVN que el Ejecutivo analiza la opción de ampliar el recinto penitenciario rancagüino como “plan B” ante las dificultades que enfrenta la iniciativa en Santiago.
La respuesta regional fue inmediata. El gobernador de O’Higgins, Pablo Silva Amaya, calificó la posibilidad como un “atropello a la descentralización” y sostuvo que no corresponde mirar a la región como salida para resolver un problema carcelario de la capital.
“No parece adecuado que, para solucionar un problema de la Región Metropolitana, estén mirando a nuestra región”, afirmó la autoridad regional.
Rechazo del Gobierno Regional
Pablo Silva Amaya apuntó directamente al sentido político de la medida. A su juicio, el Gobierno no puede tratar a O’Higgins como un territorio disponible para absorber decisiones definidas desde Santiago: “Pensar que somos el patio trasero de Santiago para instalar una cárcel no corresponde para nada”.
La autoridad regional también lamentó que alternativas de este tipo sean conocidas públicamente sin un trabajo previo con las autoridades locales y regionales. Para Silva Amaya, proyectos de alto impacto territorial deben conversarse antes con las comunidades, especialmente cuando afectan seguridad, planificación urbana y calidad de vida.
“Estos proyectos son tan importantes que antes de informarlos se debe realizar un trabajo con las regiones y no evaluar alternativas sin antes dialogar con la autoridad comunal y con el Gobierno Regional”, sostuvo.
Rancagua exige participación
El alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati, también cuestionó la forma en que se conoció la eventual medida. El jefe comunal advirtió que una decisión de esta magnitud no puede ser comunicada primero por televisión, sin información oficial a la ciudad ni a sus autoridades.
“Rancagua no puede enterarse por televisión de una decisión que pueda afectar directamente a nuestra ciudad”, señaló.
Agliati planteó que la discusión no puede reducirse solo al aumento de plazas carcelarias. Una eventual ampliación del recinto también debe considerar sus efectos en el desarrollo urbano, la seguridad de los barrios, la movilidad y la calidad de vida de quienes viven cerca del complejo penitenciario.
“Rancagua merece respeto y participación frente a cualquier decisión que pueda afectar la calidad de vida de nuestros vecinos y el futuro desarrollo de nuestra ciudad”, afirmó.
La discusión se produce mientras el Ejecutivo intenta acelerar una estrategia para enfrentar la crisis penitenciaria y el crimen organizado, con proyectos de construcción, ampliación, reparación y relicitación de recintos en distintas regiones.
Parlamentarios cuestionan el plan B
El rechazo también se extendió al Congreso. Parlamentarios de O’Higgins cuestionaron tanto la forma como el fondo de la eventual medida, configurando una respuesta regional transversal.
El diputado Fernando Zamorano calificó la situación como un “error gravísimo” y afirmó que decisiones de esta naturaleza deben conversarse con las comunidades y con las autoridades que las representan.
El diputado Raúl Soto sostuvo que el país enfrenta un problema carcelario serio y que se deben buscar soluciones, pero advirtió que O’Higgins no quiere transformarse en el “patio trasero” de la delincuencia de la Región Metropolitana.
Desde el Senado, Juan Luis Castro definió la eventual ampliación como “un despropósito” y cuestionó que nuevamente se pretenda concentrar en Rancagua una carga penitenciaria de alto impacto.
La diputada Natalia Romero también expresó reparos. Si bien reconoció que el Gobierno necesita ampliar cárceles para su plan de seguridad, sostuvo que Rancagua no puede seguir cargando con decisiones que afectan directamente la calidad de vida de sus vecinos.
Seguridad pública y descentralización
La controversia muestra una tensión mayor dentro de la agenda de seguridad pública. El Gobierno necesita aumentar capacidad penitenciaria, enfrentar el hacinamiento y reforzar el control del sistema penal. Las regiones, en paralelo, exigen que las decisiones sobre infraestructura crítica no sean adoptadas sin diálogo territorial.
El tema también se cruza con el nuevo rol de Gendarmería como parte del sistema de seguridad pública, una discusión que ha elevado el peso político del sistema penitenciario dentro de la estrategia estatal frente al crimen organizado.
Para Pablo Silva Amaya, el problema no es desconocer la crisis carcelaria, sino rechazar que una dificultad de Santiago se traslade hacia O’Higgins sin consulta ni planificación regional.
“Nos opondremos de forma tajante a que se instale acá la ampliación de la cárcel de Rancagua o algún otro recinto carcelario. Ya tenemos una capacidad copada en Rancagua; hay delincuentes de mucha peligrosidad y, por lo tanto, eso genera preocupación en los sectores aledaños y en la comunidad en general”, afirmó.
El gobernador cerró su posición con una advertencia directa al Ejecutivo: “Nos negaremos y rechazaremos esta instancia. No parece adecuado que, para solucionar un problema de la Región Metropolitana, estén mirando a nuestra región como un plan B”.
El conflicto deja una pregunta abierta para el Gobierno: cómo enfrentar la urgencia penitenciaria sin profundizar el centralismo ni instalar en los territorios la percepción de que las decisiones relevantes siguen tomándose desde Santiago, sin participación regional efectiva.
