Parlamentarios y expertos advierten que la crisis en colegios requiere medidas urgentes con foco en prevención, salud mental y regulación del acceso a contenidos digitales, ante el aumento de hechos graves que afectan la convivencia en comunidades educativas
La violencia escolar dejó de ser un fenómeno aislado para transformarse en un problema estructural del sistema educativo. Senadores del Comité Unido instalaron la urgencia de acelerar la implementación de la ley de convivencia escolar, mientras advirtieron que las respuestas centradas solo en sanciones no están logrando contener el problema.
El planteamiento surge tras una reunión realizada en el Senado, donde participaron las y los senadores Yasna Provoste, Claudia Pascual, Diego Ibáñez, Beatriz Sánchez, Esteban Velásquez y Karol Cariola. A la instancia se sumaron especialistas en educación de universidades nacionales e internacionales, quienes aportaron diagnósticos técnicos sobre el avance de la violencia en los establecimientos.
Entre los expertos estuvieron Carolina Pérez, doctora de la Universidad de Chile; Gonzalo Muñoz, de la Universidad Diego Portales; Jaime Retamal, de la Universidad de Santiago; y los investigadores Cristopher Chapman y Romina Madrid, de la Universidad de Glasgow.
Los participantes coincidieron en que el fenómeno debe abordarse de forma integral, junto con fortalecer la convivencia escolar desde una perspectiva formativa y preventiva.
Crisis en aulas y presión por medidas urgentes
Los hechos recientes han tensionado el debate educativo. Casos de agresiones graves, amenazas y episodios de violencia han encendido las alertas en distintas comunidades escolares, mientras docentes y asistentes enfrentan mayores dificultades para contener conflictos dentro de los establecimientos.
Yasna Provoste fue enfática al abordar la urgencia del problema: “No hay más tiempo que esperar. La violencia escolar se ha instalado con hechos graves en distintas comunidades educativas, y lo que corresponde ahora es avanzar en medidas que fortalezcan una convivencia respetuosa y dialogante”.
La parlamentaria vinculó la respuesta a cambios en la formación. El foco debe estar en desarrollar habilidades relacionales en estudiantes, mientras las políticas públicas deben fortalecer la convivencia escolar como eje central del sistema educativo.
Celulares y violencia digital en el centro del debate
Uno de los puntos más críticos de la discusión fue el acceso a contenidos digitales. El uso de celulares en contextos escolares amplifica la exposición a violencia digital, mientras las plataformas digitales comienzan a influir directamente en la convivencia entre estudiantes.
Provoste advirtió que “Es clave impedir el acceso descontrolado de niñas, niños y jóvenes a la violencia digital que se difunde a través de celulares. No podemos permitir que plataformas que afectan su desarrollo y socialización sigan operando sin un marco claro”.
El planteamiento abre una discusión de mayor alcance. La regulación del uso de tecnología en espacios educativos se instala como una prioridad, junto con la necesidad de equilibrar digitalización y desarrollo social en las comunidades escolares.
Más allá de lo punitivo: foco en convivencia y formación
El enfoque de las medidas también fue objeto de debate. Los parlamentarios coincidieron en que la respuesta no puede limitarse a endurecer sanciones, sino que debe incorporar salud mental, formación socioemocional y acompañamiento a las comunidades educativas.
Claudia Pascual abordó este punto y enfatizó que “Los colegios deben volver a ser espacios de formación y socialización, donde los estudiantes interactúen creativamente y construyan relaciones sanas. Hoy vemos cómo la violencia y el odio han comenzado a instalarse”.
La senadora reforzó que “Lo que está ocurriendo en la educación chilena no se resuelve con una nueva ley punitiva. Se resuelve con una acción integral que fortalezca la convivencia escolar y entregue herramientas reales a las comunidades educativas”.
Implementación de la ley y rol del Estado
La discusión también apuntó a la ejecución de políticas públicas. La implementación de la ley de convivencia escolar aparece como una tarea pendiente, mientras las comunidades educativas demandan mayor apoyo institucional para enfrentar el problema.
Provoste insistió en acelerar ese proceso: “Se requiere que el Ministerio de Educación avance en la implementación de la ley de convivencia escolar, acompañando a los estudiantes con herramientas formativas y apoyando a los establecimientos con programas de capacitación docente y salud mental”.
El desafío es operativo y político. La efectividad de la ley dependerá de su implementación en los territorios, junto con la capacidad del sistema educativo para responder a una crisis que ya impacta el aprendizaje y la convivencia.
