La iniciativa del Ejecutivo, que será votada en Sala la próxima semana, incorpora medidas como revisión de pertenencias, sanciones por interrupción de clases y restricciones a la gratuidad para estudiantes condenados por delitos
La Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas despachó a Sala el proyecto que establece medidas de seguridad, orden y respeto en establecimientos educacionales, en el marco del plan Escuelas Protegidas, impulsado por el Gobierno para enfrentar hechos de violencia escolar.
La iniciativa, que cuenta con urgencia de discusión inmediata, fue aprobada en general y particular con indicaciones del Ejecutivo y parlamentarios, y será debatida en la Sala durante los próximos días. El texto se estructura en torno a seis medidas orientadas a fortalecer la convivencia escolar y la seguridad en los recintos educativos.
Revisión de mochilas y límites a la medida
Uno de los puntos centrales del proyecto establece que los sostenedores podrán incorporar en sus reglamentos internos la revisión de mochilas, bolsos u otros efectos personales de los estudiantes, con el objetivo de evitar el ingreso de elementos que puedan ser utilizados en agresiones.
La norma fija restricciones claras: “queda estrictamente prohibido requerir al estudiante que se desnude, así como la revisión corporal”, disposición incorporada a partir de indicaciones parlamentarias y aprobada por unanimidad.
Además, se establece que cada establecimiento deberá definir el personal autorizado para realizar estos procedimientos, resguardar que no exista contacto físico innecesario y ejecutar las revisiones en espacios habilitados para ello.
Interrupción de clases como falta grave
El proyecto también introduce modificaciones al marco normativo vigente para calificar como faltas graves aquellos actos que impidan el desarrollo normal de las actividades escolares.
En ese sentido, se considerará que afectan gravemente la convivencia los hechos que busquen impedir la realización de clases o provoquen su interrupción total o parcial, incluyendo amenazas realizadas por cualquier integrante de la comunidad educativa.
Desde el Ejecutivo se precisó que esta medida apunta específicamente a la “interrupción violenta” de las clases, excluyendo aquellos casos que puedan derivar de situaciones involuntarias o vinculadas a condiciones especiales de los estudiantes.
Restricciones a la gratuidad en educación superior
Otro de los aspectos que incorpora el proyecto es la relación entre beneficios estudiantiles y conductas sancionadas penalmente. El texto establece como requisito para acceder a la gratuidad en educación superior no haber sido condenado por delitos contra la vida, la integridad física o la propiedad.
Asimismo, se contempla la suspensión del beneficio en caso de que un estudiante sea condenado por este tipo de delitos mediante sentencia firme.
Debate constitucional y críticas al proyecto
Durante la tramitación, diputadas de oposición plantearon reparos al contenido de la iniciativa. Las parlamentarias realizaron reservas de constitucionalidad, argumentando que algunas disposiciones podrían vulnerar derechos garantizados por la Constitución y tratados internacionales.
En ese contexto, se anticipó que, una vez concluido el proceso legislativo, se evaluará la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional para revisar la legalidad de las normas aprobadas.
Gobierno y oficialismo defienden la iniciativa
Desde el oficialismo, el proyecto fue respaldado como una herramienta para recuperar el control de los espacios educativos. El presidente de la comisión, diputado Sergio Bobadilla, sostuvo que la iniciativa busca “recuperar el espacio educativo para los estudiantes que quieren ir a estudiar, a progresar y desarrollarse”.
En la misma línea, el diputado Luis Pardo afirmó que el proyecto entrega “más herramientas para que las comunidades educativas puedan prevenir la violencia”, destacando el fortalecimiento de la autoridad de docentes y directivos.
Por su parte, el Ejecutivo reiteró que el objetivo central es recuperar la seguridad en los establecimientos educacionales, en un escenario donde la violencia escolar se ha instalado como uno de los principales desafíos del sistema educativo.
Próximo paso legislativo
Tras su despacho desde la Comisión de Educación, el proyecto será discutido en la Sala de la Cámara, en una votación que marcará el siguiente paso de una iniciativa que ha generado respaldo en sectores del oficialismo, pero también cuestionamientos desde la oposición.
