La presión por mayor transparencia vuelve a instalar un debate estructural: cómo garantizar que la justicia no solo falle, sino que también pueda demostrar cómo decide. La trazabilidad aparece como condición básica para sostener legitimidad, control democrático y confianza en instituciones sometidas a escrutinio permanente
La confianza en la justicia no se juega únicamente en el contenido de las sentencias. Se construye, o se pierde, en la capacidad del sistema para mostrar, explicar y verificar cómo se gestionan las causas, cómo se adoptan las decisiones y qué controles existen en cada etapa del proceso.
Los casos de alta connotación pública de los últimos meses solo han vuelto a poner sobre la mesa una discusión que estaba pendiente: la trazabilidad dejó de ser un atributo deseable y pasó a ser una exigencia institucional.
Chile avanzó de manera significativa en digitalización judicial. La tramitación electrónica, el acceso remoto a causas y la presentación de escritos en línea cambiaron para siempre la relación entre ciudadanos y tribunales. Ese progreso, sin embargo, no resuelve por sí solo la demanda central de esta etapa: contar con procesos plenamente auditables, con huella verificable de cada actuación, cada plazo y cada decisión relevante.
La diferencia entre digitalizar y rendir cuentas
El problema no es tecnológico. Las herramientas existen y se usan. El desafío es político e institucional. Digitalizar sin reglas claras de trazabilidad, sin métricas públicas y sin responsabilidades definidas puede terminar creando sistemas más rápidos, pero no necesariamente más confiables. La trazabilidad no es un software: es una arquitectura de gobernanza del dato.
Una justicia que deja rastro permite reconstruir decisiones, identificar cuellos de botella, evaluar desempeño y corregir desviaciones con evidencia. Una justicia que no lo hace queda expuesta a la sospecha permanente, incluso cuando actúa correctamente.
En sociedades con alta sensibilidad frente al abuso de poder o la arbitrariedad, esa diferencia resulta decisiva para la legitimidad del sistema.
Para dimensionar el punto, basta mirar algunas de las principales iniciativas de modernización ya desplegadas por el Poder Judicial:
| Iniciativa | ¿Qué hace? | Aporte a la trazabilidad |
|---|---|---|
| Tramitación electrónica | Sustituye el expediente en papel por registros digitales | Deja historial completo de actuaciones, escritos y resoluciones |
| Oficina Judicial Virtual (OJV) | Permite presentar escritos y consultar causas en línea | Visibiliza estados de causa y movimientos procesales |
| Firma electrónica judicial | Valida resoluciones y actuaciones de forma digital | Asegura integridad y autenticidad de documentos |
| Audiencias remotas / híbridas | Habilita comparecencias por videoconferencia | Registra participación, fechas y actuaciones en soporte digital |
| Gestión digital de causas | Centraliza plazos, hitos y cargas de trabajo | Facilita control de tiempos y seguimiento de procesos |
| Sistemas de notificación electrónica | Reemplaza notificaciones físicas por digitales | Deja constancia verificable de envíos y recepciones |
| Plataformas de atención remota | Permiten interacción ciudadana sin traslado físico | Mejora acceso y deja registro de gestiones realizadas |
| Digitalización de archivos judiciales | Convierte expedientes históricos a formato digital | Amplía trazabilidad a causas antiguas |
| Soporte tecnológico para audiencias | Grabación y respaldo de audiencias | Permite revisión posterior y control de actuaciones |
| Analítica básica de gestión | Reportes de carga, tiempos y estados | Introduce métricas para supervisión y rendición de cuentas |
Estas herramientas muestran que la infraestructura existe. La pregunta de fondo es cómo se integran en un modelo de control y auditoría permanente, y no solo como soluciones operativas aisladas.
Tecnología, control y nuevos riesgos
La incorporación de nuevas tecnologías de apoyo administrativo, incluida la inteligencia artificial para tareas de gestión de información, promete eficiencia y reducción de errores. Ese potencial, sin embargo, trae consigo riesgos conocidos: opacidad en los procesos automatizados, dependencia tecnológica y vulnerabilidades en ciberseguridad. Sin estándares exigentes de auditoría y control, la modernización puede profundizar, en vez de reducir, los problemas de confianza.
La discusión no es si la justicia debe usar tecnología. La pregunta es bajo qué reglas, con qué controles y con qué obligaciones de transparencia. La trazabilidad aparece como el punto de equilibrio: permite aprovechar los beneficios de la digitalización sin renunciar a la rendición de cuentas que exige un Estado democrático.
Una deuda con la ciudadanía
La trazabilidad también tiene una dimensión social. No beneficia solo a especialistas o grandes litigantes. Beneficia a ciudadanos comunes que necesitan saber qué está pasando con su causa, en qué etapa se encuentra y por qué. La opacidad procesal funciona, en la práctica, como una barrera de acceso.
El debate actual debería asumirse como una discusión de calidad institucional. Una justicia que solo resuelve expedientes no basta. Una justicia que rinde cuentas, deja evidencia y acepta ser examinada fortalece el Estado de Derecho y la confianza pública.
Chile tiene la oportunidad —y la responsabilidad— de dar un paso más allá de la digitalización básica y avanzar hacia un modelo de justicia con trazabilidad integral, donde cada decisión relevante sea rastreable, cada plazo controlable y cada proceso auditable. No se trata de una moda tecnológica. Se trata de legitimidad democrática.
Por Richard Andrade C. Director de Poderyliderazgo.cl
