La Sala aprobó por unanimidad a Alejandro Weber y José Manuel Marfán para integrar el órgano autónomo que fija remuneraciones del Presidente, ministros, parlamentarios y gobernadores regionales
El Senado ratificó por unanimidad a Alejandro Weber Pérez y José Manuel Marfán Lewis como integrantes de la Comisión para la Fijación de Remuneraciones, órgano autónomo y técnico encargado de definir las dietas y sueldos de las principales autoridades del Estado, entre ellas el Presidente de la República, ministros, parlamentarios y gobernadores regionales.
La aprobación se realizó a partir de un oficio presidencial que solicitó el acuerdo de la Cámara Alta para nombrar a ambos profesionales como comisionados. La decisión permite completar la integración de una instancia clave para separar la definición de remuneraciones de altas autoridades de la deliberación política directa, bajo criterios técnicos y reglas institucionales previamente establecidas.
Una comisión técnica para un tema sensible
La Comisión para la Fijación de Remuneraciones cumple un rol especialmente sensible dentro del sistema público, porque determina los sueldos de autoridades que ocupan cargos de alta responsabilidad política e institucional. Su existencia busca entregar mayor objetividad, transparencia y control técnico a una materia que suele generar atención ciudadana: cuánto deben ganar las autoridades del Estado.
De acuerdo con los antecedentes expuestos ante el Senado, la Comisión debe estar integrada por perfiles con experiencia en áreas clave del aparato público: un exministro o exministra de Hacienda; un exconsejero o exconsejera del Banco Central; un excontralor, excontralora, exsubcontralor o exsubcontralora de la Contraloría General de la República; un ex Presidente o una ex Presidenta de una de las ramas del Congreso Nacional; y un exdirector o exdirectora Nacional del Servicio Civil.
Respaldo unánime en la Sala
El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Javier Macaya, explicó que la nómina ya había sido analizada previamente, pues correspondía a una proposición revisada durante la administración anterior. Según informó el Senado, los candidatos volvieron a exponer ante la instancia legislativa y se estimó que cumplían con los requisitos formales exigidos para integrar el organismo.
“Consideramos la proposición ya vista y los candidatos volvieron a exponer. Acordamos en forma unánime, que se ha dado cumplimiento a los requisitos formales en términos de que cuanto más pronto pueda contar con todos sus integrantes trabajando, mejor”, señaló Macaya, destacando la necesidad de que el organismo pueda operar con su integración completa.
La unanimidad de la Sala evitó transformar el nombramiento en una disputa política y reforzó la continuidad institucional de una comisión llamada a incidir directamente en materia de probidad, austeridad fiscal y legitimidad pública. En una discusión altamente sensible, el respaldo transversal también entrega una señal sobre la importancia de mantener criterios técnicos en la definición de remuneraciones públicas.
Los nombramientos ratificados
Alejandro Weber Pérez, psicólogo y exdirector Nacional del Servicio Civil, ejercerá como integrante de la Comisión por un período de seis años. Su nombramiento se vincula al cupo correspondiente a la experiencia en gestión pública y Servicio Civil, una dimensión relevante para un órgano que deberá evaluar remuneraciones desde una perspectiva técnica, institucional y administrativa.
José Manuel Marfán Lewis, economista, docente y exconsejero del Banco Central, reemplazará a Enrique Marshall Rivera, cuya renuncia voluntaria fue aceptada mediante el decreto supremo N°193 de 2025 del Ministerio de Hacienda. Marfán asumirá por el período restante del nombramiento original de Marshall, aportando experiencia en política económica, Banco Central y análisis institucional.
El Decreto Supremo N°1.732 de 2023 había establecido la integración inicial de la Comisión con Felipe Larraín, Enrique Marshall, Patricia Arriagada, Diego Paulsen y Alejandro Weber, con períodos diferenciados desde el 23 de noviembre de 2023. Posteriormente, el período de Weber finalizó el 23 de noviembre de 2025, lo que abrió la necesidad de renovar ese cupo y completar la integración del órgano autónomo.
Transparencia y confianza institucional
Más allá del trámite legislativo, la ratificación de los nuevos integrantes ocurre en un tema de alta sensibilidad pública. La discusión sobre sueldos de autoridades, gasto fiscal y legitimidad institucional suele cruzar debates sobre confianza ciudadana, eficiencia del Estado y responsabilidad en el uso de recursos públicos.
En ese marco, la Comisión tendrá la tarea de fijar remuneraciones bajo criterios técnicos, evitando que sean las propias autoridades políticas quienes definan directamente sus ingresos. Ese diseño busca fortalecer la independencia del proceso y aportar mayor legitimidad a una materia que requiere equilibrio entre responsabilidad pública, estándares técnicos y percepción ciudadana.
La plena integración del organismo será relevante para sostener un sistema más claro y verificable en torno a las remuneraciones del poder público. La discusión no sólo involucra montos, sino también transparencia, rendición de cuentas y confianza en las instituciones democráticas.
