Interior informó que la estrategia para reforzar la frontera norte proyecta un gasto anual de $6 mil millones, mientras parlamentarios pusieron en duda las cifras de expulsiones y control migratorio presentadas por el Ejecutivo
El Senado abrió un nuevo flanco sobre la estrategia migratoria del Gobierno luego de que el Ministerio del Interior transparentara que el Plan Escudo Fronterizo considera un costo anual estimado de $6 mil millones para obras de contramovilidad y fortalecimiento operativo en la macrozona norte.
La cifra fue expuesta durante una sesión de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, donde el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, presentó los avances del denominado Plan de Fortalecimiento de la macrozona norte, iniciativa impulsada por el Ejecutivo para enfrentar la migración irregular y reforzar el control fronterizo.
La discusión estuvo marcada por cuestionamientos a las cifras entregadas por Interior, críticas por la ausencia del ministro del Interior y del comisionado presidencial para la macrozona norte, además de dudas sobre la efectividad real de las medidas implementadas hasta ahora dentro de la agenda de seguridad pública, control migratorio y fortalecimiento institucional.
Gobierno defiende avance de obras y expulsiones
Durante la sesión, Pavez insistió en que la estrategia impulsada por el Ejecutivo no puede reducirse únicamente a la construcción de zanjas fronterizas: “El Plan de Fortalecimiento de la macrozona norte es más que la construcción de una zanja”, afirmó el subsecretario.
La autoridad explicó que el programa contempla control del movimiento transfronterizo terrestre y marítimo, fortalecimiento de la gestión fronteriza y reforzamiento legislativo e institucional en materia migratoria.
Pavez informó además que actualmente existen 12 mil metros lineales de zanjas ejecutadas en las tres regiones del norte, lo que representa un 20% de avance respecto a los 60 kilómetros proyectados por el Gobierno.
El subsecretario defendió además los resultados obtenidos en materia migratoria durante los primeros meses de implementación del plan. “Estamos muy optimistas… esto no es fácil, la crisis migratoria es compleja”, sostuvo.
Según el balance presentado por Interior, entre el 11 de marzo y el 6 de mayo de 2026 las denuncias por ingresos a través de pasos no habilitados disminuyeron un 79,3% respecto al mismo período de 2022.
La autoridad agregó además que la actual administración contabiliza 330 expulsiones y defendió que las reconducciones continúan siendo una prioridad operativa, detallando que “La expulsión no es sinónimo de los vuelos”.
Las cifras que tensionaron el debate
La sesión dejó expuestas las principales diferencias entre el Gobierno y los parlamentarios respecto al avance real del plan fronterizo, especialmente en materia de costos, infraestructura y resultados operativos.
| Aspecto del Plan Escudo Fronterizo | Cifras y antecedentes entregados por Interior | Cuestionamientos del Senado |
|---|---|---|
| Costo anual del plan | $6 mil millones proyectados para obras de contramovilidad y fortalecimiento operativo | Parlamentarios pidieron mayor claridad sobre uso de recursos y resultados concretos |
| Construcción de zanjas | 12 mil metros lineales ejecutados en las regiones del norte | Senadores cuestionaron si las obras tendrán impacto real en el control migratorio |
| Meta de infraestructura | 60 kilómetros proyectados | El avance actual representa un 20% del total comprometido |
| Ingresos irregulares | Interior reportó una baja de 79,3% entre marzo y mayo de 2026 respecto a 2022 | Las cifras fueron calificadas como “subjetivas” y “deficientes” |
| Expulsiones realizadas | 330 expulsiones contabilizadas por el Gobierno | Se criticó la distancia entre las cifras actuales y las promesas de campaña |
| Decretos pendientes | Cerca de 6 mil expulsiones de ciudadanos venezolanos sin ejecutar | Venezuela no recibe a sus ciudadanos expulsados desde Chile |
| Estrategia del plan | Control terrestre y marítimo, gestión fronteriza y reforzamiento institucional | Parlamentarios pidieron mayor coordinación interministerial y capacidades permanentes |
| Proyecto de ingreso irregular | Busca tipificar como delito el ingreso clandestino al país | Senadores advirtieron riesgo de judicializar y retrasar expulsiones |
Comisión critica ausencia de autoridades y pide claridad
Las senadoras Danisa Astudillo y Loreto Carvajal cuestionaron que ni el ministro del Interior ni el comisionado presidencial para la macrozona norte asistieran a la sesión, pese a las reiteradas convocatorias realizadas por la comisión.
“Se han dado todas las facilidades para la concurrencia, incluyendo tres sesiones a la semana”, remarcaron las parlamentarias.
La senadora Loreto Carvajal calificó el informe presentado por Interior como “deficiente” y puso en duda la comparabilidad de las cifras entregadas por el Ejecutivo.
Por su parte, Danisa Astudillo expresó preocupación respecto al impacto que podría tener el proyecto que tipifica como delito el ingreso irregular al país y advirtió que la judicialización podría retrasar los procesos de expulsión.
“¿No será volver atrás y retrasar los procesos de expulsión, si ahora los tenemos que judicializar?”, cuestionó.
La presidenta de la comisión también alertó sobre la existencia de casi seis mil ciudadanos venezolanos con decretos de expulsión pendientes que no han podido ejecutarse debido a la negativa de Venezuela para recibirlos.
Seguridad y migración seguirán tensionando el debate
Durante la sesión, los senadores Miguel Ángel Becker, Renzo Trisotti y Esteban Velásquez solicitaron mayor claridad respecto a recursos humanos, coordinación entre ministerios y fortalecimiento permanente de capacidades operativas en la frontera norte.
El debate continuará durante las próximas semanas en el Senado, mientras el Gobierno busca consolidar una de las principales prioridades de su agenda de gestión pública y toma de decisiones, seguridad fronteriza y políticas migratorias.
La discusión seguirá marcada por el costo fiscal del plan, la presión por mostrar resultados concretos y el impacto territorial que la migración irregular mantiene sobre las regiones del norte del país.
