El proyecto de rentas regionales expone la disputa por el poder fiscal en Chile. Con más del 60% del país viviendo fuera de Santiago, la ley definirá si las regiones deciden con recursos propios y beneficios concretos o siguen administrando prioridades fijadas desde el centro.
La discusión sobre el proyecto de rentas regionales —rebautizado como “Regiones Más Fuertes”— no es una controversia presupuestaria. Es una disputa por el poder. Chile enfrenta una definición concreta: transferir capacidad real de decisión a sus territorios y terminar con la dependencia del centro, en lugar de seguir perfeccionando el mismo centralismo con otro nombre.
Durante décadas, las regiones han sido invitadas a ejecutar, pero no a decidir. Se les exige eficiencia, se les pide prolijidad, pero se les niega lo esencial: priorizar con recursos propios. El resultado es conocido: inversiones que llegan tarde, proyectos que no calzan con las urgencias locales y un desarrollo diseñado desde planillas que no pisan territorio.
No es casual que AGORECHI y centros como Chile Descentralizado insistan en el mismo punto: el problema no es solo cuánto se invierte, sino quién manda. Sin autonomía financiera, la descentralización se convierte en un simulacro administrativo: más responsabilidades con la misma tutela central.
Descentralización fiscal: cuando la vida real no cabe en una planilla central
Chile tiene cerca de 18,5 millones de habitantes y más del 60% vive fuera de la Región Metropolitana: más de 11 millones de personas cuyas prioridades siguen filtradas por decisiones tomadas en Santiago.
En Coquimbo, la urgencia hídrica y la reconversión productiva requieren velocidad, no peregrinaje burocrático. En Biobío, la desindustrialización exige planificación de largo plazo. En O’Higgins, la agroindustria necesita infraestructura y logística alineadas al territorio.
En Magallanes, las distancias y los costos vuelven crítica la oportunidad de las decisiones en conectividad, energía y servicios básicos. En Antofagasta, donde se genera riqueza estratégica, la brecha entre aporte y calidad de vida sigue siendo una herida abierta. En todos los casos, el problema es el mismo: se decide lejos.
La promesa del proyecto es sencilla: decidir más cerca. Eso tiene efectos concretos en la vida cotidiana: obras que se destraban antes, servicios públicos que llegan con mayor pertinencia, inversiones alineadas con necesidades locales y menos tiempo perdido en autorizaciones centrales.
La tramitación intermitente desde 2023 confirma otra realidad innegable: descentralizar poder incomoda... y cuando incomoda, la política chilena suele optar por postergar.
Parlamentarios frente a una prueba de coherencia territorial
El Congreso está compuesto por 205 parlamentarios: 155 diputados y 50 senadores. La mayoría representa territorios fuera de la Región Metropolitana. En términos prácticos, más de la mitad legisla en nombre de regiones distintas de Santiago, es decir, de esos más de 11 millones de chilenos.
Por esta razón, diputadas, diputados, senadoras y senadores de regiones quedan directamente emplazados: no pueden refugiarse en el tecnicismo fiscal.
Recuerden que fueron elegidos para defender esos territorios y hoy deben decidir si les entregan poder real de decisión que se traduzca en mejores servicios, infraestructura oportuna y políticas públicas pertinentes, o si mantienen la dependencia del centro con sus costos conocidos en demoras y mala asignación de recursos.
El dilema es simple y político: regiones con capacidad de decisión real y beneficios visibles para sus habitantes, frente a regiones reducidas a una administración mejor presentada.
El próximo gobierno ante el poder: una prueba de convicción política
El próximo ciclo político pondrá esta discusión a prueba. El futuro gobierno de José Antonio Kast tendrá que mostrar si la descentralización forma parte de una agenda de poder real y no de un discurso cómodo. Impulsar esta ley —corrigiendo sus fallas, elevando sus estándares de control y asegurando equidad territorial— permitirá acelerar inversiones locales, mejorar la calidad del gasto y acercar el Estado a la vida diaria de las personas.
En Poderyliderazgo.cl sostenemos que seguir postergando esta definición ya no es prudencia: es comodidad centralista. Las regiones no necesitan más diagnósticos, comisiones ni discursos. Necesitan capacidad efectiva de decisión para resolver antes, gastar mejor y responder a sus propias prioridades.
Si la ley de Rentas Regionales vuelve a diluirse, el mensaje será inequívoco: el país seguirá administrando el centralismo en lugar de enfrentarlo. A esta altura, eso ya no es una omisión técnica. Es una decisión política.
Por Richard Andrade Canibilo Director de Poderyliderazgo.cl
