Iniciativa será votada en Sala tras ser despachada con informe negativo, en medio de cuestionamientos técnicos y divisiones sobre su efectividad como herramienta migratoria
El proyecto que busca tipificar como delito el ingreso irregular al país entrará a discusión en la Sala del Senado en un escenario marcado por la falta de consenso político. La iniciativa fue despachada por la Comisión de Gobierno con informe negativo tras una votación de 3 en contra y 2 a favor, dejando en evidencia un respaldo insuficiente para su avance en la siguiente etapa legislativa.
El debate se da en un momento de presión por reforzar el control migratorio, pero también de dudas sobre la efectividad de las herramientas propuestas. En la comisión se coincidió en la necesidad de ordenar el sistema, aunque surgieron diferencias sobre el camino a seguir, en una discusión que cruza seguridad fronteriza con capacidad real de implementación del Estado.
Cuestionamientos al enfoque del proyecto
El principal foco de crítica estuvo en la utilidad de penalizar el ingreso irregular como medida disuasiva. La presidenta de la comisión, senadora Danisa Astudillo, fundamentó su rechazo señalando que “con todo lo que hemos escuchado, siento que no es un buen proyecto”, agregando que “penalizar el ingreso irregular de ninguna manera es disuasivo”, cuestionando el eje central de la propuesta.
A estos reparos se sumaron dudas sobre los efectos prácticos de la iniciativa, especialmente en relación con la carga que podría generar en el sistema judicial. La falta de una evaluación de costos y capacidades operativas abrió un flanco relevante en la discusión legislativa.
Advertencias técnicas y límites operativos
Durante la tramitación, organismos técnicos también plantearon observaciones. Desde la Policía de Investigaciones se advirtió que la medida podría tener impacto bajo ciertas condiciones, señalando que “si se aplica correctamente y con los recursos adecuados” podría ser efectiva, incorporando un elemento clave sobre su implementación.
En paralelo, se expusieron dificultades estructurales en la gestión migratoria. Se informó que cerca de 6 mil ciudadanos venezolanos no han podido ser expulsados por falta de relaciones consulares, un dato que evidencia limitaciones en la ejecución de políticas en esta materia.
El proyecto evidenció posiciones divididas al interior de la comisión. Mientras la mayoría optó por rechazarlo en general, algunos parlamentarios respaldaron su avance, planteando la necesidad de perfeccionar el texto en su tramitación.
El senador Renzo Trizotti reconoció reparos, pero sostuvo que “hay dudas”, agregando que existe “voluntad del Ejecutivo de mejorar el proyecto”, lo que deja abierta la posibilidad de introducir cambios en el Senado.
Votación en Sala y escenario abierto
La iniciativa será votada por la Sala del Senado en una discusión que se anticipa estrecha y sin alineamientos claros. El proyecto se instala como uno de los temas relevantes en la agenda legislativa, en un momento donde la presión por medidas migratorias sigue en aumento.
En ese marco, el debate se centra en la efectividad de las herramientas disponibles, donde la penalización del ingreso irregular enfrenta cuestionamientos técnicos y políticos y donde el futuro del proyecto dependerá de ajustes en su tramitación en el Senado.
