La iniciativa busca establecer por primera vez un marco regulatorio integral para la gestión del suelo, en un contexto de erosión extendida, pasivos ambientales acumulados y falta de información científica que ha limitado la planificación territorial y la coordinación del Estado.
Chile enfrenta una etapa decisiva en la gestión de sus suelos. En medio de denuncias por contaminación ambiental y los efectos de los recientes incendios forestales, el Ejecutivo ingresó indicaciones sustitutivas al proyecto de Ley Marco de Suelos (Boletín N.º 14.714-01), con el objetivo de avanzar hacia un marco regulatorio integral para la protección, conservación y recuperación de este recurso.
La tramitación ocurre en un escenario complejo: más del 60% del territorio nacional presenta algún grado de erosión, de acuerdo con cifras oficiales, una condición que ha dejado de ser un problema sectorial para transformarse en un desafío transversal que afecta productividad agrícola, biodiversidad y ordenamiento territorial. Con las nuevas indicaciones, el Gobierno busca reconocer el suelo como un componente esencial del medioambiente y no solo como un factor productivo.
Un contexto marcado por conflictos ambientales
El avance legislativo coincide con una semana de alta exposición pública de problemáticas ambientales. La demanda del Estado contra operaciones mineras en Puchuncaví por contaminación con metales pesados volvió a tensionar el debate sobre pasivos ambientales históricos, mientras que los incendios en la zona centro-sur reactivaron la preocupación por la degradación química y biológica de los suelos tras eventos extremos.
En ese marco, desde el Ejecutivo se ha señalado que el proyecto apunta a abordar la degradación de origen antropogénico y la escasez de información científica sistematizada, dos factores que han dificultado históricamente la planificación territorial y la acción coordinada del Estado.
Ejes del proyecto y coordinación institucional
Uno de los pilares de la iniciativa es la creación de una Política Nacional para la Gestión Sostenible del Suelo, cuya coordinación recaería en la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA). El diseño busca articular a distintos servicios públicos para evitar la fragmentación institucional que ha caracterizado la gestión del suelo en las últimas décadas.
El proyecto contempla además la implementación de un Catastro Nacional de Suelos, de acceso público, que permitiría identificar zonas vulnerables, funciones ecosistémicas y riesgos asociados a contaminación. Esta información se considera clave para respaldar decisiones en materia de ordenamiento territorial, inversión pública y evaluación ambiental.
Para José Manuel Bellalta, gerente general de GB Cinco Ambiental, el catastro constituye un avance relevante en términos de planificación, explicado que “Chile tiene pasivos ambientales históricos que no han sido gestionados con información homogénea. Contar con un catastro permitirá identificar zonas críticas y mejorar la toma de decisiones tanto del sector público como del privado”.
| Eje del proyecto | Qué establece la iniciativa | Para qué sirve |
|---|---|---|
| Marco regulatorio integral | Establece por primera vez una ley marco específica para la protección, conservación y recuperación del suelo, actualmente regulado de forma fragmentada. | Unifica criterios y entrega una base legal común para la gestión del suelo a nivel nacional. |
| Política Nacional de Gestión del Suelo | Crea una política pública coordinada, liderada por ODEPA, para articular a los distintos servicios del Estado. | Mejora la coordinación institucional y evita superposición de competencias. |
| Catastro Nacional de Suelos | Implementa una base de datos pública y gratuita sobre estado del suelo, zonas vulnerables y riesgos de contaminación. | Aporta información clave para planificación territorial, evaluación ambiental y toma de decisiones. |
| Enfoque territorial diferenciado | Establece cinco comisiones macrozonales con participación regional, académica y social. | Permite adaptar medidas a realidades productivas y ecosistémicas diversas. |
| Nuevos estándares técnicos | Incorpora guías para la gestión de suelos con posible presencia de contaminantes. | Entrega criterios técnicos para evaluación de proyectos y mayor certeza regulatoria. |
| Creación del Instituto del Suelo | Proyecta una institución especializada en investigación, coordinación técnica y apoyo a políticas públicas. | Fortalece capacidades técnicas del Estado y acceso a financiamiento ambiental. |
Enfoque territorial y sectores involucrados
Las indicaciones incorporan la creación de cinco comisiones macrozonales, integradas por gobiernos regionales, academia y representantes de la sociedad civil, con el objetivo de adaptar los lineamientos generales a realidades territoriales diversas. El enfoque reconoce que la degradación del suelo no se manifiesta de manera uniforme en el país y que las medidas deben considerar diferencias productivas, climáticas y ecosistémicas.
El proyecto incluye también guías técnicas para suelos con posible presencia de contaminantes y la proyección de un Instituto del Suelo, cuya implementación se plantea en un plazo de cuatro años, como instancia especializada para investigación, coordinación y apoyo técnico a las políticas públicas.
Próximos pasos legislativos
Con el ingreso de las indicaciones en enero de 2026, la iniciativa entra en una fase clave de discusión en el Congreso, donde deberá conciliar visiones de los sectores agrícola, forestal, minero y ambiental. El debate se concentrará en el alcance regulatorio de la norma, su financiamiento y su implementación efectiva en los territorios.
En paralelo, el proyecto se vincula con otros instrumentos de política pública relacionados con resiliencia climática, seguridad alimentaria y planificación territorial, ámbitos que han cobrado mayor relevancia tras los eventos ambientales registrados durante el último año.
