El sondeo muestra una brecha de diez puntos frente a quienes vinculan el proyecto con la creación de empleo, mientras crecen las expectativas negativas sobre sus efectos en la economía del país, los hogares y el mercado laboral.
El mandatario defendió la megarreforma tras su ajustada aprobación en el Senado y sostuvo que sus medidas tributarias y regulatorias permitirán recuperar la inversión. El proyecto volverá ahora a la Cámara de Diputados.
La respuesta preventiva contempla obras en cauces, maquinaria, monitoreo vial y planes de emergencia entre Atacama y Los Ríos. El Ejecutivo llamó a evitar zonas cordilleranas, bordes costeros y puntos expuestos a inundaciones durante los próximos días.
La Comisión de Hacienda concluyó la votación particular, repuso la fórmula de invariabilidad negociada con el PPD y mantuvo el impuesto corporativo en 23%, pero dejó al Gobierno ante una definición decisiva en Sala sin acuerdo transversal.
Los GORE deberán identificar proyectos con contratación inmediata, levantar inversiones privadas paralizadas y evaluar una fórmula de cofinanciamiento con el Ejecutivo, mientras Biobío, Ñuble y Antofagasta concentrarán la primera etapa del despliegue territorial.
El Gobierno presentó un paquete de medidas para enfrentar la alta desocupación, con nuevos cupos vía Sence, recursos Subdere, apoyo de Sercotec y una alianza con gobiernos regionales para acelerar puestos de trabajo.
El senador comunista acusó al ministro de Hacienda de impulsar beneficios tributarios para los grandes grupos económicos, cuestionó el acuerdo del PPD y advirtió que la regularización de capitales podría favorecer el ingreso de dinero del crimen organizado.
La nueva etapa del acuerdo binacional busca convertir la frontera cordillerana en plataforma de inversión, empleo, logística e innovación, mientras ambos países intentan capturar valor ante la creciente demanda global por cobre, litio y minerales críticos estratégicos.
La presidenta del Senado fijó el 15 de julio como fecha límite para despachar el proyecto de Reconstrucción Nacional, mientras la invariabilidad tributaria concentra la negociación política y amenaza con llevar la disputa al Tribunal Constitucional.
La exministra de Seguridad pidió a Contraloría reconsiderar el pronunciamiento que cuestionó su oficio reservado a la PDI. Mientras tanto, diputados opositores impulsan una comisión investigadora y mantienen abierta la posibilidad de avanzar hacia una acusación constitucional.