La Cámara respaldó las tres observaciones presidenciales que eliminan normas sobre anatocismo, olvido financiero y pago a 30 días. El Senado tendrá ahora la definición, mientras el Tribunal Constitucional mantiene abierto otro frente para la iniciativa económica
Sección: Gobierno
El Tribunal Constitucional declaró admisibles los tres requerimientos opositores contra normas tributarias y ambientales de la megarreforma. La decisión abre una etapa decisiva para el proyecto estrella del Gobierno, tras completar su tramitación en el Congreso Nacional.
En cadena nacional, el Jefa de Estado reivindicó el despacho de su reforma económica, presentó cifras preliminares sobre delitos y anunció más de 30 iniciativas para endurecer la persecución del crimen organizado antes de Navidad.
La ciudadanía reconoce la autoridad que proyecta José Antonio Kast, pero cuestiona las cualidades que deberían sostener su mensaje. Preparación, credibilidad, empatía y cercanía quedan bajo el 40% en la nueva medición de Plaza Pública Cadem.
Tras lograr la aprobación de su reforma económica, el Ejecutivo volverá al Congreso para eliminar normas sobre anatocismo, olvido financiero y pago a 30 días, abriendo una disputa entre advertencias técnicas y protecciones incorporadas por la oposición.
El Senado aprobó por 27 votos contra 22 la última norma pendiente. El Gobierno celebró su principal triunfo legislativo, aunque el proyecto deberá volver al Congreso por tres vetos y enfrenta cuestionamientos por la distribución municipal.
La Moneda necesita 26 respaldos para aprobar la compensación municipal. La oposición exige focalizar los recursos y acusa negociaciones individuales, mientras el Gobierno intenta ordenar a la UDI y responder a demandas regionales antes de la votación.
La mitad de los encuestados cree que la Ley de Reconstrucción favorece a las grandes empresas y a los sectores de mayores ingresos. Solo un tercio la vincula con la creación de empleo, mientras aumenta la percepción de efectos negativos.
El Gobierno abrió una hoja de ruta para normalizar los vínculos con Caracas, comenzando por los servicios consulares. El anuncio coincide con la presión del embajador Brandon Judd y cuestionamientos internos por la estrategia frente a Washington.
La medición de julio muestra que el pesimismo económico se profundiza mientras el Gobierno enfrenta dificultades políticas para ordenar su agenda. El estudio revela apertura a flexibilizar contratos, aunque la indemnización y las 40 horas mantienen protección.








