Presidente Kast anunció $9,5 billones para crecimiento, trabajo y reconstrucción y una cartera de 241 obras en todo Chile. El énfasis en reactivación contrasta con alertas de gobernadores y parlamentarios por recortes en recursos regionales y programas sociales
El Gobierno ingresó al Congreso su primer proyecto de Presupuesto con un crecimiento del gasto de 1,5% para 2027 y una definición que atraviesa buena parte de sus prioridades: acelerar la inversión y la generación de empleo sin abandonar la trayectoria fiscal comprometida. El Presidente José Antonio Kast presentó las principales cifras en cadena nacional y defendió la reasignación de recursos hacia las áreas que La Moneda considera más urgentes.
La propuesta destina $9,5 billones a crecimiento, trabajo y reconstrucción, 8,1% más que este año, y mantiene durante 2027 el plan Chile Despega, que movilizará $1,3 billones con la meta de generar más de 100 mil puestos de trabajo. A ello se suma una cartera extraordinaria de 241 obras públicas distribuidas en todas las regiones.
El énfasis laboral aparece cuando el desempleo nacional llegó a 9,6% en el trimestre junio a agosto, con una caída de 0,9% en las personas ocupadas y de 2,9% entre los asalariados formales. La crisis laboral golpea además con mayor fuerza a mujeres y regiones, convirtiendo la velocidad de la inversión en uno de los puntos centrales de la discusión presupuestaria.
Empleo y obras reciben el margen adicional
El Jefe de Estado explicó que el Ejecutivo trabajaba inicialmente con una expansión menor del gasto, pero finalmente decidió agregar medio punto para reforzar la actividad económica. “Se esperaba que el gasto creciera entre 0% y 1%. Decidimos hacer un esfuerzo adicional de medio punto para acelerar la reactivación, la inversión y el empleo. El problema nunca fue invertir. El problema fue gastar sin saber cómo pagarlo”, afirmó el Mandatario.
La primera prioridad, dijo, será crecimiento, empleo y reconstrucción. Kast cifró en 980 mil las personas que actualmente buscan trabajo sin encontrarlo y vinculó directamente el Presupuesto con la necesidad de acelerar la recuperación del mercado laboral.
“La primera prioridad es volver a crecer, crear trabajo y reconstruir. Hoy hay 980 mil personas buscando trabajo sin encontrarlo. Llevamos más de tres años y medio con la desocupación sobre el 8%. Muchas son mujeres, muchos son jóvenes que todavía esperan su primer contrato”, sostuvo.
Parte de ese esfuerzo se desplegará mediante obras públicas de rápida ejecución. El Gobierno busca que los nuevos contratos comiencen desde enero y que utilicen mano de obra de las propias zonas donde se desarrollarán.
“Impulsaremos una cartera extraordinaria de 241 obras públicas, en todas las regiones de Chile, pensadas para crear trabajo y avanzar hacia el desarrollo. Son obras de conservación que se construyen con mano de obra de la zona. No vamos a esperar a mitad de año: vamos a adelantar su inicio a enero, con seguimiento obra por obra”, anunció Kast.
El impulso se suma a las iniciativas destinadas a destrabar proyectos privados y acelerar inversión territorial. En Biobío, por ejemplo, una cartera de 19 proyectos por US$1.945 millones busca movilizar inversión y generar más de 2.800 puestos de trabajo, en una región donde la desocupación permanece en dos dígitos.
Pero el mayor énfasis en ciertas partidas supone también restricciones en otras. El senador UDI Javier Macaya, presidente de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, anticipó que la redistribución tendrá costos durante la discusión parlamentaria.
“Yo sé que va a haber dolores. Asumo que partidas quizás de menos énfasis en la reactivación económica y la creación de empleo”, señaló el parlamentario, quien situó vivienda, infraestructura, seguridad y defensa entre las áreas que concentrarán mayores recursos.
Regiones abren el conflicto por los recursos
La principal controversia territorial se instaló antes de que el proyecto llegara formalmente al Congreso. Los gobiernos regionales cuestionaron una propuesta inicial que contemplaba una reducción cercana al 7% de sus recursos, mientras AGORECHI estimó que su efecto real podría aproximarse al 10%.
La disputa entre los gobernadores y Hacienda por las cifras utilizadas para definir el reajuste incluye además diferencias sobre la ejecución presupuestaria y la base que debe utilizarse para medir cuánto dinero administran efectivamente las regiones.
El gobernador de Los Lagos y presidente de AGORECHI, Alejandro Santana, vinculó directamente una eventual reducción con la capacidad de concretar inversiones durante 2027. “El principal riesgo es que va a impactar directamente toda la programación de proyectos que generan empleabilidad”.
O’Higgins aparece entre los casos más sensibles. El gobernador Pablo Silva Amaya informó que los antecedentes preliminares entregados por Dipres consideraban una reducción cercana al 18%, equivalente a más de $16 mil millones menos para el próximo año. La cifra corresponde a la etapa previa de elaboración y deberá contrastarse con la partida definitiva antes de considerarla un recorte confirmado.
“Obras importantes, pero sobre todo en lo que afecta al empleo, una situación que nos ha pedido el Gobierno”, señaló Silva Amaya al advertir sobre las consecuencias que tendría una disminución de recursos sobre la inversión comunal.
La discusión también llegó al Congreso. La diputada por O’Higgins Carolina Cucumides puso el foco en la distancia que puede existir entre el aumento global de 1,5% y las rebajas que aparezcan en determinadas partidas.
“El Presidente ha hablado de la cifra de un alza del 1 al 1,5%. Cuando tú tienes recortes de un 10%, la verdad es que eso no alcanza para nada. Los problemas de salud en Chile son gravísimos, entonces no puede ser posible que los recortes sean más grandes que el aumento que el presupuesto de la nación”, afirmó.
La parlamentaria adelantó además que seguirá especialmente el financiamiento destinado a gobiernos regionales y municipios durante la tramitación. “Vamos a estar ahí exigiendo que las platas para los gobiernos regionales y los recursos, en particular para los municipios, estén garantizados, para llegar ahí, a la primera puerta a la que acceden las familias de nuestro país”, sostuvo Cucumides.
El Congreso deberá resolver dónde ajustar
La reasignación de recursos no se limita a las regiones. Kast informó que el Gobierno revisó 632 programas pertenecientes a 23 ministerios y estableció como criterio reforzar aquellos que muestran mejores resultados, mientras los restantes deberán justificar nuevos recursos.
El Presupuesto también aumenta otras áreas prioritarias. Seguridad dispondrá de $7 billones, 9,1% más que este año; infancia recibirá $2,5 billones, con un crecimiento de 4,1%; educación alcanzará $17,3 billones; la PGU contará con $7 billones para más de 2,2 millones de personas; y salud incrementará sus recursos en 4,7%.
Ese reparto explica por qué el aumento global de 1,5% será solo el punto de partida de la discusión. El Congreso tendrá que revisar ministerio por ministerio, programa por programa y región por región qué recursos aumentan, cuáles disminuyen y hasta dónde existe margen para modificar la distribución planteada por Hacienda.
La principal tensión quedó instalada desde el primer día: el Gobierno quiere usar inversión y obras públicas para recuperar empleo, mientras los gobernadores advierten que reducir sus presupuestos puede frenar proyectos que persiguen precisamente el mismo objetivo. Los próximos 60 días definirán cuánto de esa apuesta llegará efectivamente a los territorios y qué partidas deberán ceder recursos para financiarla.
