El proyecto combina ajustes en programas y regiones con una autorización de endeudamiento por hasta US$25 mil millones. Hacienda sostiene que parte del monto refinanciará obligaciones, mientras el Congreso revisará los supuestos que sostienen las proyecciones fiscales
El Presupuesto 2027 llegó al Congreso con una cifra que sobresale entre sus más de cien billones de pesos de gasto: el Gobierno pide autorización para contraer obligaciones por hasta US$25 mil millones. Lo hace mientras reduce recursos en determinados programas, contiene el crecimiento del aparato estatal y compromete una trayectoria para disminuir el déficit fiscal.
La combinación parece contradictoria, pero requiere una precisión. Los US$25 mil millones son un techo de financiamiento y no significan que Chile vaya a sumar automáticamente esa cantidad a su deuda. Parte de los recursos puede utilizarse para pagar obligaciones que vencen, refinanciar pasivos y cubrir el déficit. La interrogante que queda abierta es cuánto terminará representando deuda nueva y si las necesidades financieras calculadas hoy se mantendrán durante 2027.
La cautela no es teórica. Durante 2026, Hacienda comenzó el año estimando colocaciones por hasta US$17.400 millones, de los cuales cerca de US$7.200 millones correspondían a amortizaciones. En julio, después de obtener autorización adicional del Congreso, actualizó ese programa a US$23.600 millones, un 35,6% más que la proyección inicial. El propio ministerio reconoció entonces que sus necesidades de financiamiento podían modificarse durante el ejercicio.
El antecedente adquiere relevancia porque el Presupuesto 2027 también redistribuye recursos entre inversión, empleo y programas públicos, mientras Hacienda busca demostrar que puede contener el gasto sin afectar las prestaciones que considera esenciales.
Una autorización que no equivale a US$25 mil millones de deuda nueva
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió la cifra señalando que el financiamiento fiscal no puede leerse simplemente como gasto adicional. “Hay que primero pagar deudas anteriores, y después hay que suplir el déficit más el gasto bajo la línea”, explicó el secretario de Estado al referirse al monto solicitado.
La comparación con 2026 también cambia dependiendo de la base utilizada. Frente a los US$17.400 millones considerados originalmente para este año, la autorización propuesta para 2027 aumenta 43,7%. Pero frente a los US$23.600 millones que Hacienda terminó programando después de la corrección de julio, la diferencia se reduce a US$1.400 millones, equivalente a 5,9%.
Algo similar ocurre con el crecimiento del gasto. El Ejecutivo comunica un aumento real de 1,5% respecto de la ejecución que proyecta para 2026. Consultado por la comparación con la Ley de Presupuestos originalmente aprobada por el Congreso, Quiroz reconoció que el incremento alcanza 2,7%. Las cifras no son incompatibles: utilizan bases distintas.
La diferencia muestra por qué las grandes cifras del Presupuesto requieren apellido. Una cosa es lo aprobado inicialmente, otra lo ejecutado y otra las proyecciones que Hacienda construye para cerrar el año. El proyecto para 2027 contempla un gasto neto de aproximadamente $105,8 billones y se elaboró bajo una meta de déficit estructural de 1,8% del PIB, objetivo que solo podrá evaluarse una vez avance la ejecución fiscal.
Dónde se concentra el Presupuesto 2027
Salud, Educación y Trabajo y Previsión Social concentran las tres mayores partidas ministeriales. En conjunto superan los $54 billones, cerca de la mitad del gasto neto contemplado por el proyecto.
| Ministerio | Presupuesto 2027 |
|---|---|
| Salud | $18,49 billones |
| Educación | $18,16 billones |
| Trabajo y Previsión Social | $17,43 billones |
| Vivienda y Urbanismo | $6,69 billones |
| Obras Públicas | $4,70 billones |
| Seguridad Pública | $3,49 billones |
| Defensa Nacional | $2,66 billones |
| Economía, Fomento y Turismo | $2,11 billones |
| Transportes y Telecomunicaciones | $1,91 billones |
| Desarrollo Social y Familia | $1,50 billones |
| Agricultura | $1,02 billones |
| Justicia y Derechos Humanos | $1,02 billones |
| Hacienda | $777.902 millones |
| Interior | $691.926 millones |
| Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación | $545.355 millones |
| Culturas, Artes y Patrimonio | $440.518 millones |
| Relaciones Exteriores | $315.042 millones |
| Deporte | $267.891 millones |
| Energía | $138.026 millones |
| Medio Ambiente | $98.632 millones |
| Mujer y Equidad de Género | $93.558 millones |
| Bienes Nacionales | $69.654 millones |
| Minería | $56.573 millones |
| Secretaría General de Gobierno | $39.054 millones |
| Secretaría General de la Presidencia | $12.487 millones |
Fuente: proyecto de Ley de Presupuestos 2027. Las cifras expresadas en billones están redondeadas. Seguridad Pública incluye los recursos incorporados a esa partida tras la nueva estructura institucional.
Fuera de los ministerios, el proyecto considera $1,80 billones para el financiamiento de gobiernos regionales, $833.109 millones para el Poder Judicial, $336.312 millones para el Ministerio Público, $188.229 millones para el Congreso Nacional, $130.961 millones para Contraloría, $35.075 millones para el Servel y $22.807 millones para la Presidencia de la República.
El tamaño de una partida, sin embargo, no revela por sí solo lo que ocurre dentro de ella. Educación sube desde aproximadamente $17,48 billones en 2026 a $18,16 billones en el proyecto 2027, pero varias políticas pierden recursos. Entre ellas aparecen Becas TIC, Liceos Bicentenario y el Fondo para la Reactivación Educativa, cambios que afectan programas específicos pese al aumento global de la cartera.
Los recortes abren un frente político y territorial
Las reducciones comenzaron a generar resistencia tanto dentro del oficialismo como en la oposición. Ciencia registra una baja de 7,4%, mientras el programa asociado a la Tenencia Responsable de Animales de Compañía reduce fuertemente sus recursos. En regiones, los gobernadores también cuestionan la base utilizada por Hacienda para comparar sus presupuestos.
Desde Coquimbo, el diputado Daniel Manouchehri (PS) vinculó estos movimientos con la promesa del Presidente José Antonio Kast de resguardar los beneficios sociales y responsabilizó al Ejecutivo por las prioridades contenidas en el proyecto.
“Kast prometió proteger los beneficios sociales. Mintió. Su proyecto de presupuesto les pasa la cuenta a las familias y a las regiones. Desaparece la asignación de computadores escolares. Bajan los fondos para tratamientos de alto costo. Y al programa que implementa la Ley Cholito le quitan casi un 86%”, sostuvo el parlamentario.
Manouchehri extendió sus cuestionamientos a ciencia y a los recursos considerados para Coquimbo, donde afirma que el Serviu pierde más de $50 mil millones y que la inversión del Gobierno Regional cae 8,6%.
“Ciencia pierde un 7,4%. Recortar ciencia es hipotecar el futuro del país. En Coquimbo, el presupuesto total del SERVIU pierde más de 50 mil millones de pesos. La inversión del Gobierno Regional cae un 8,6%. Vamos a exigir que reponga esos recursos a las familias y a las regiones. Presidente, usted eligió estos recortes. Hágase cargo”, agregó.
Gobiernos Regionales
La diferencia también aparece en los gobiernos regionales. La Partida 31 considera $1,80 billones, pero los gobernadores calculan una merma cercana a $250 mil millones cuando comparan los recursos bajo una misma base y separan ingresos propios incorporados al total. El conflicto sobre cuánto dinero quedará efectivamente disponible para inversión regional será uno de los puntos que deberá resolver la tramitación.
El Presupuesto 2027 entra así al Congreso con dos debates que terminarán cruzándose. El primero será político: qué programas deben recuperar recursos y dónde debe concentrarse el ajuste. El segundo será fiscal: cuánto puede gastar el Estado, cuánto necesita refinanciar y cuánto nuevo endeudamiento será necesario para cerrar el próximo año.
El antecedente de 2026 obliga a mantener abierta esa segunda pregunta. Hacienda inició el ejercicio con una estimación de financiamiento y cinco meses después necesitó ampliarla de manera significativa. Eso no permite afirmar que ocurrirá nuevamente en 2027, pero sí entrega una razón concreta para que el Congreso siga no solo los US$25 mil millones solicitados, sino también los supuestos de ingresos, gastos y deuda que sostienen esa cifra.
