El ministro de Justicia, Fernando Rabat, advirtió que datos dispersos y sistemas incompatibles impiden una coordinación efectiva entre instituciones frente al crimen organizado. Además, reveló que alrededor de 250 propiedades decomisadas continúan pendientes de remate en Chile
Los organismos públicos acumulan información para investigar al crimen organizado, pero no siempre consiguen compartirla. El ministro de Justicia, Fernando Rabat, alertó sobre esta falla y reveló que unos 250 inmuebles decomisados siguen sin rematarse en Chile.
El Estado chileno dispone de información tributaria, financiera, inmobiliaria y comercial que podría contribuir a identificar y perseguir las operaciones del crimen organizado. Sin embargo, esos antecedentes permanecen repartidos entre instituciones que no siempre consiguen intercambiarlos.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, reconoció que los sistemas tecnológicos incompatibles y la falta de coordinación entre organismos públicos generan espacios que las organizaciones criminales pueden aprovechar.
La advertencia instala una preocupación sobre el funcionamiento del aparato estatal. Mientras las redes delictuales pueden operar mediante sociedades, movimientos de dinero y bienes distribuidos en distintos territorios, los organismos encargados de investigarlas enfrentan dificultades para relacionar antecedentes que ya están disponibles. El problema, reconoció Rabat, no consiste únicamente en reunir más información, sino en conseguir que llegue oportunamente a quienes la necesitan.
Durante el seminario “El Estado Ciego 2026: Datos, Crimen Organizado y Confianza Pública”, organizado por ALTO Chile y la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, el ministro sostuvo que “cuando no hay coordinación entre las distintas instituciones que manejan la información estamos dejando un importante espacio para que el crimen organizado abuse de esa posición”.
La información existe, pero el Estado no consigue conectarla
El diagnóstico del secretario de Estado fue especialmente crítico respecto de las capacidades tecnológicas de los servicios públicos. Fernando Rabat afirmó que “si el Estado no ve, no es por falta de datos sino porque esa información se encuentra dispersa entre distintas instituciones que no dialogan entre sí”, y agregó que los organismos operan con estándares distintos, sistemas incompatibles y sin reglas suficientes para determinar cómo y cuándo compartir antecedentes.
Las dificultades no se limitan a las policías. Durante el encuentro, Bárbara Olivares, subdirectora jurídica del Servicio de Impuestos Internos, explicó que parte de la información tributaria llega con desfase, aunque la facturación electrónica permitió avanzar hacia una mayor disponibilidad de registros. Desde la Cámara Nacional de Comercio, su vicepresidenta, Cecilia Valdés, también advirtió que la falta de coordinación puede retrasar las fiscalizaciones sobre actividades ilícitas.
El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, llevó la conversación a la seguridad municipal. Tras exponer la experiencia de su comuna, que cuenta con más de mil cámaras de televigilancia, sostuvo que “para combatir la delincuencia en igualdad de condiciones, se requiere unificación de criterios, colaboración institucional y voluntad política”. Su planteamiento apuntó a una dificultad que trasciende la instalación de equipos: la necesidad de que los antecedentes obtenidos mediante distintas herramientas puedan servir efectivamente a las investigaciones.
La experiencia del sector privado también formó parte de las advertencias. María de los Ángeles Kassis, country manager de ALTO Chile, señaló que “el Estado deja de ser ciego cuando mira con los ojos del mundo privado y del público”. La ejecutiva explicó que su compañía participó en investigaciones con resultados judiciales favorables, pero también enfrentó “las dificultades y la pérdida de tiempo en los procesos investigativos, cuando las instituciones no están interconectadas”.
Kassis insistió en que las empresas pueden aportar antecedentes y experiencia operativa a los organismos encargados de la seguridad. “El Estado no puede combatir solo el crimen organizado: necesita al sector privado”, sostuvo al plantear la necesidad de incorporar esa colaboración al diseño de políticas públicas, con procedimientos que permitan utilizar la información de manera oportuna.
Las observaciones coinciden con un período de cuestionamientos a las capacidades institucionales para perseguir delitos complejos. Recientemente, el fiscal nacional Ángel Valencia advirtió sobre las restricciones presupuestarias y operativas que podrían afectar investigaciones del crimen organizado. A esas inquietudes se suma ahora el reconocimiento del propio Ministerio de Justicia sobre las dificultades para compartir información entre instituciones.
Cerca de 250 propiedades decomisadas siguen sin rematarse
La exposición de Rabat también reveló problemas en otra etapa de la persecución criminal: la administración de los bienes decomisados. El ministro informó que aproximadamente 250 propiedades inmobiliarias permanecen pendientes de remate, una situación que llevó al Gobierno a preparar la creación de una Agencia de Decomiso.
La propuesta busca que un organismo especializado pueda administrar bienes desde la aplicación de medidas cautelares y facilitar su venta una vez que exista una sentencia de comiso. Durante el seminario, Rabat explicó que la intención es que esa institución asuma oportunamente la administración de los activos y que, después de la resolución judicial correspondiente, puedan enajenarse sin las demoras que actualmente dificultan el procedimiento.
El ministro también señaló que los recursos recuperados se destinarían a mejorar la infraestructura y tecnología de las policías y a financiar un fondo de reparación para víctimas. Según explicó, el Ministerio de Justicia ya preparó el proyecto y trabaja con la Dirección de Presupuestos en la definición de la dotación que requeriría el nuevo organismo. La iniciativa todavía debe completar las etapas necesarias para su implementación.
La cifra de inmuebles pendientes de remate agrega una dimensión concreta al diagnóstico ministerial. La persecución del patrimonio vinculado a actividades delictuales no termina con identificar bienes o conseguir una resolución judicial. También requiere procedimientos administrativos capaces de gestionar esos activos y, cuando corresponda legalmente, convertirlos en recursos disponibles para los fines establecidos.
Las dificultades de coordinación también alcanzan a las regiones
Los problemas descritos por Rabat adquieren especial relevancia en territorios donde la actividad comercial, el transporte internacional y los controles fronterizos requieren la intervención de múltiples instituciones. En el norte del país, las advertencias sobre el riesgo de expansión del crimen organizado asociado al Corredor Bioceánico ya pusieron de relieve la necesidad de coordinar antecedentes entre organismos policiales, fiscalizadores y autoridades territoriales.
El intercambio de datos financieros, registros de propiedades e información sobre sociedades puede resultar especialmente útil para identificar operaciones que cruzan distintas actividades económicas. Sin embargo, esa colaboración requiere mecanismos de acceso, trazabilidad y protección de información que permitan desarrollar investigaciones sin comprometer los derechos de las personas.
Durante el encuentro, María José Naudón, decana de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, también planteó la necesidad de avanzar hacia una mayor integración institucional, resguardando los datos personales y evitando que las regulaciones impidan una colaboración legítima y oportuna.
Rabat mencionó la legislación de protección de datos, las normas de ciberseguridad y los cambios propuestos al sistema notarial entre las herramientas que podrían contribuir a mejorar la disponibilidad e intercambio de antecedentes. Sin embargo, la materialización de esa coordinación dependerá de que las instituciones cuenten con procedimientos compatibles, atribuciones definidas y condiciones técnicas para operar conjuntamente.
El reconocimiento del ministro incorpora una dificultad estructural a la agenda de seguridad del Gobierno. Junto con nuevas leyes, mayores atribuciones y herramientas de persecución patrimonial, el Estado necesita resolver cómo relacionar la información que ya administra.
Por ahora, la advertencia de Rabat deja una señal concreta: mientras los organismos públicos continúen operando con sistemas incompatibles, las investigaciones enfrentarán obstáculos que las propias autoridades identifican como una ventaja para el crimen organizado.
