La nueva Ley de Reconstrucción Nacional combina recursos para damnificados, rebaja gradual del impuesto corporativo, beneficios habitacionales, alivio en contribuciones para adultos mayores e incentivos a la inversión. Su aplicación comenzará de manera escalonada tras publicarse oficialmente
El Presidente José Antonio Kast promulgó la Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social, cerrando una tramitación que comenzó en abril y terminó modificando buena parte del diseño original del Ejecutivo. El texto combina recursos para las zonas afectadas por incendios con una reforma tributaria, medidas para vivienda, empleo, inversión y cambios en distintas regulaciones económicas.
La promulgación, realizada el 9 de octubre, no significa que todas las medidas comiencen a operar inmediatamente. La publicación en el Diario Oficial activa la entrada en vigencia general, mientras varias disposiciones tienen calendarios propios que trasladan sus efectos hacia 2027, 2028 y 2029. El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, señaló que con este paso “el Gobierno sigue avanzando en las prioridades que son urgentes para poder levantar a nuestro país”.
El texto que llega a esta etapa tampoco es el mismo que Kast ingresó al Congreso. Durante casi seis meses pasó por ambas cámaras, Comisión Mixta, vetos presidenciales y sucesivos controles del Tribunal Constitucional. La iniciativa, que avanzó inicialmente en el Senado con los 26 votos mínimos, terminó con cambios importantes en materias tributarias, ambientales y de financiamiento municipal.
Más recursos para reconstrucción y un beneficio temporal para viviendas
Uno de los componentes que permanece en el centro de la ley es la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios de Valparaíso, Ñuble y Biobío. El Fondo de Emergencia Transitorio amplía sus recursos desde $800 mil millones hasta $1,2 billones, incorporando $400 mil millones adicionales que el Ejecutivo vincula al financiamiento de soluciones para más de 4.000 familias damnificadas.
En vivienda se incorpora además una exención temporal de IVA por un año para la primera venta de viviendas nuevas que cuenten con recepción municipal al momento de publicarse la ley. El beneficio puede incluir estacionamientos y bodegas vendidos conjuntamente y exige que la operación quede formalizada bajo las condiciones establecidas en la norma. No se trata, por tanto, de una eliminación permanente del IVA para cualquier compraventa inmobiliaria.
A ello se suma la exención del impuesto territorial para personas mayores de 65 años respecto de su vivienda principal, bajo los requisitos contemplados en la ley. La discusión sobre cómo compensar la menor recaudación municipal llevó el proyecto hasta Comisión Mixta y posteriormente al Tribunal Constitucional.
El TC mantuvo la compensación fiscal, pero eliminó las condiciones que obligaban a los municipios a cumplir determinadas exigencias de información y reducir en al menos 30% sus tiempos de tramitación para recibir esos recursos. También cayó una fórmula adicional que habría beneficiado durante 2027 y 2028 a Santiago, Providencia, Las Condes y Vitacura.
Impuesto corporativo baja al 23% y vuelve la integración tributaria
El cambio económico de mayor alcance será la reducción gradual del Impuesto de Primera Categoría para grandes empresas desde 27% hasta 23%. El calendario aprobado fija una tasa de 25,5% en 2027, 24% en 2028 y 23% desde el año comercial 2029.
La ley también avanza hacia la reintegración del sistema tributario, permitiendo aumentar progresivamente el crédito por el impuesto pagado por las empresas contra los impuestos finales de sus propietarios. La implementación completa quedó contemplada para el año tributario 2031.
Otro de los puntos relevantes es la invariabilidad tributaria para grandes inversiones, aunque el régimen final es más acotado que la propuesta original de 25 años. Después de la negociación parlamentaria, las condiciones tributarias quedaron protegidas por 10 años para inversiones entre US$50 millones y US$100 millones; 15 años entre US$100 millones y US$350 millones; y 20 años para proyectos desde US$350 millones.
El Tribunal Constitucional mantuvo el núcleo de ese estatuto, pero eliminó la posibilidad de que Hacienda extendiera los plazos y recortó su aplicación a proyectos conexos. También sacó del proyecto el sistema que permitía indemnizar a titulares de proyectos cuando una Resolución de Calificación Ambiental fuera anulada judicialmente.
Qué cambia con la megarreforma
| Medida | Cómo queda |
|---|---|
| Reconstrucción | El Fondo de Emergencia aumenta hasta $1,2 billones, con $400 mil millones adicionales para zonas afectadas por incendios. |
| Viviendas damnificadas | El Gobierno proyecta financiar soluciones para más de 4.000 familias de Valparaíso, Ñuble y Biobío. |
| IVA viviendas nuevas | Exención temporal por un año para la primera venta de viviendas nuevas que cumplan las condiciones establecidas. |
| Impuesto corporativo | Baja de 27% a 25,5% en 2027, 24% en 2028 y 23% desde 2029. |
| Integración tributaria | Retorno gradual hacia la integración completa, prevista para el año tributario 2031. |
| Invariabilidad | Plazos de 10, 15 y 20 años, según el monto de inversión desde US$50 millones. |
| Adultos mayores | Exención de contribuciones sobre la vivienda principal bajo los requisitos establecidos, con compensación a municipios. |
Una ley que comenzará a desplegarse por etapas
La promulgación cierra la principal batalla legislativa de la megarreforma, pero abre otra fase: su implementación. Algunas normas comenzarán a regir vinculadas directamente a la publicación de la ley, mientras las principales modificaciones al impuesto corporativo y otros cambios tributarios están diseñados para ejecutarse gradualmente durante los próximos años.
También será necesario observar la aplicación práctica de los beneficios habitacionales, el mecanismo de compensación municipal y el nuevo régimen para grandes inversiones. La discusión legislativa modificó varias de las propuestas con que el Ejecutivo inició el proceso y el Tribunal Constitucional eliminó otras antes de que Kast pudiera promulgar el texto.
La Ley de Reconstrucción Nacional llega así a su etapa definitiva combinando dos objetivos que marcaron toda su tramitación: acelerar la respuesta a miles de familias que todavía esperan soluciones después de los incendios y modificar reglas tributarias con las que el Gobierno busca incentivar inversión, empleo y crecimiento. A partir de su publicación comenzará a medirse cuánto de esas definiciones logra trasladarse efectivamente desde la ley a la reconstrucción, las viviendas, las empresas y los territorios.
