La propuesta del Ejecutivo contempla el término del actual esquema de financiamiento estatal y recursos para cierre y liquidación. La fundación mantiene presencia en las 16 regiones, mientras el Congreso anticipa una disputa por su continuidad
El futuro de Prodemu quedó sujeto a una fecha concreta. El Gobierno de José Antonio Kast contempla recursos para financiar sus gastos operacionales, personal y funcionamiento solo hasta el 31 de marzo de 2027. Después de ese plazo, la propuesta establece que la institución deberá cesar sus funciones bajo el actual esquema y considera recursos para cierre, liquidación, indemnizaciones y otras obligaciones pendientes.
La decisión, en el marco de la Ley de Presupuesto 2027, afecta a una organización que trabaja con cerca de 50 mil mujeres al año, mantiene presencia en las 16 regiones y cuenta con alrededor de 380 trabajadores distribuidos a lo largo del país. Aunque jurídicamente Prodemu es una fundación privada y su eventual disolución no depende exclusivamente del Ejecutivo, el término del financiamiento estatal deja abierta la pregunta sobre cómo continuará su operación.
Prodemu recibió para 2026 una asignación inicial de $10.379 millones vía SernamEG, monto que posteriormente fue rebajado a $9.551 millones. A ello se suman $3.093 millones transferidos por INDAP para el programa Mujeres Rurales.
El impacto del cierre de la institución no se concentra en Santiago. Durante más de tres décadas, Prodemu construyó una estructura territorial dedicada a autonomía económica, emprendimiento, formación, liderazgo y trabajo con mujeres rurales, una red que hoy llega a las 56 provincias del país.
Una red desplegada de norte a sur
Prodemu informa que cerca del 28% de las mujeres con las que trabaja pertenece a sectores rurales, uno de los grupos sobre los que existe mayor inquietud frente a una eventual interrupción de programas.
Para dimensionar territorialmente su alcance, el último desglose nacional comparable de participantes únicas corresponde al convenio Prodemu-SernamEG de 2022, cuando se registraron 50.568 mujeres. La cifra no representa las usuarias actuales de 2026, pero permite observar cómo se distribuye la presencia de la fundación a nivel regional.
| Región | Participantes* | Puntos territoriales actuales** |
|---|---|---|
| Arica y Parinacota | 1.529 | 2 |
| Tarapacá | 1.212 | 2 |
| Antofagasta | 2.115 | 3 |
| Atacama | 2.145 | 3 |
| Coquimbo | 2.271 | 3 |
| Valparaíso | 6.886 | 8 |
| Metropolitana | 10.194 | 6 |
| O’Higgins | 3.083 | 3 |
| Maule | 3.991 | 4 |
| Ñuble | 2.310 | 3 |
| Biobío | 3.355 | 3 |
| La Araucanía | 2.164 | 2 |
| Los Ríos | 1.476 | 2 |
| Los Lagos | 3.228 | 4 |
| Aysén | 2.257 | 4 |
| Magallanes | 2.352 | 4 |
| Total | 50.568 | 56 |
* Participantes únicas registradas en el convenio Prodemu-SernamEG 2022.
** Se contabiliza cada ubicación física publicada actualmente por Prodemu una sola vez.
Uno de los puntos más sensibles está en Mujeres Rurales. Actualmente, 942 participantes cursan el segundo año de un proceso diseñado para tres, mientras otras 755 mujeres quedaron fuera del primer año luego del término del convenio respectivo. El Gobierno sostiene que se trabaja en mecanismos para garantizar continuidad, aunque todavía no existe una fórmula pública detallada para reemplazar la actual ejecución territorial.
Del anuncio de continuidad a la incertidumbre
La preocupación de los trabajadores tiene además un antecedente reciente. El 9 de septiembre, menos de un mes antes de conocerse la nueva propuesta, dirigentes sindicales señalaron que desde el Ministerio les habían transmitido que Prodemu contaba con recursos para 2027 y que no se hablaba de un cierre.
Fabiola Cayla, presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de Prodemu, señalaba entonces: “Si bien nos dicen que no se ha hablado del cierre y que tenemos presupuesto para el próximo año”, aunque advertía que persistían dudas respecto de cómo seguiría funcionando la institución.
La lectura cambió tras conocerse la nueva propuesta. Cayla acusó posteriormente: “Además de no darnos la cara, nos han mentido descaradamente desde el Ministerio”, cuestionando que los trabajadores conocieran la eventual fecha de término a través del proyecto y no mediante una comunicación previa de la autoridad.
Desde el Gobierno, la explicación apunta a la situación financiera de la fundación. La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, situó las obligaciones de Prodemu cerca de los $3.000 millones y cuestionó el peso de remuneraciones y arriendos dentro del gasto institucional.
Marín atribuyó además parte del deterioro a decisiones adoptadas durante la administración anterior y sostuvo que “esta mala decisión de haberlo traspasado sin un análisis previo produjo esta lamentable situación”.
La ministra, sin embargo, introdujo una precisión relevante sobre el eventual cierre. “La decisión la tiene que tomar el directorio, porque esto es una fundación”, señaló, planteando que Prodemu podría intentar conseguir recursos provenientes de gobiernos regionales, privados o donaciones.
La excoordinadora sociocultural de la Presidencia Irina Karamanos rechazó esa interpretación y defendió los cambios institucionales realizados durante el gobierno anterior. “Son temas diferentes, se puede revisar en los estatutos antes de dar cuñas falsas”, respondió.
Las cifras sobre las obligaciones financieras acumuladas tampoco son completamente coincidentes. Mientras la ministra habló de montos cercanos a los $3.000 millones, otros antecedentes sitúan la deuda por sobre los $2.600 millones. Sin un estado financiero consolidado que permita separar obligaciones, periodos y conceptos, las cifras deben mantenerse asociadas a las respectivas versiones.
Parlamentarias anticipan batalla en el Congreso
La definición todavía puede cambiar durante la tramitación legislativa. Parlamentarias de oposición ya anunciaron que intentarán modificar la propuesta y mantener recursos destinados a Prodemu.
La diputada Nathalie Castillo (PC) adelantó que buscará revertir la decisión. “Las mujeres no pueden ser la variable de ajuste del Gobierno”, sostuvo al cuestionar que los problemas financieros de la fundación deriven en el término de su actual estructura.
La senadora Paulina Vodanovic (PS) también criticó la medida y afirmó que “se ha terminado por una cosa ideológica contra este servicio llamado PRODEMU”, poniendo especial énfasis en el trabajo desarrollado durante años con mujeres rurales.
Desde la Cámara, la diputada Andrea Parra (PPD) defendió el rol de “instituciones que han funcionado promoviendo la autonomía económica femenina, trabajando con mujeres en los sectores rurales como Prodemu”.
La senadora Yasna Provoste (DC) incorporó a la fundación entre las partidas que pretende revisar durante la tramitación y manifestó: “Esperamos que durante estos 60 días el Gobierno recapacite respecto de un conjunto de iniciativas”.
La discusión que se abre en el Congreso será, por tanto, determinante. Si la propuesta se mantiene sin modificaciones, desde abril Prodemu ya no contará con el financiamiento estatal que sostiene su operación actual. La fundación podría jurídicamente buscar otros recursos, pero hasta ahora no existe una fórmula pública capaz de asegurar la misma cobertura territorial.
Las próximas semanas deberán resolver algo más que el futuro administrativo de una institución. También deberán responder qué ocurrirá con los programas que hoy llegan a cerca de 50 mil mujeres, quién asumirá su ejecución y qué alternativa tendrán los 380 trabajadores que forman parte de la red nacional de Prodemu.
