Comisión de Zonas Extremas revisó implementación del plan, donde el Gobierno reportó avances en control terrestre, despliegue militar y coordinación institucional frente a migración irregular y crimen organizado
El avance del Plan Escudo Fronterizo llegó al Congreso con cifras concretas y cuestionamientos abiertos. En la Comisión de Zonas Extremas de la Cámara de Diputados, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, junto al comisionado presidencial para la macrozona norte, Alberto Soto, expusieron el estado de implementación de una estrategia que busca fortalecer el control en las fronteras terrestres y marítimas del norte del país y enfrentar el ingreso irregular y la operación de organizaciones criminales en zonas críticas.
El diseño del plan considera un rol de coordinación interinstitucional, donde el comisionado actúa como articulador entre fuerzas armadas, policías y organismos fiscalizadores. Desde el Ejecutivo se explicó que su función es asesorar en el fortalecimiento del control migratorio y proponer medidas para desarticular redes delictuales, en un esquema que apunta a integrar capacidades operativas del Estado en la macrozona norte y mejorar la respuesta frente a fenómenos transfronterizos complejos.
Infraestructura, despliegue y control
Uno de los ejes más visibles del plan es la construcción de infraestructura de control físico en la frontera. Durante la sesión, el comisionado Soto detalló que se han ejecutado 12 kilómetros lineales de zanja en sectores críticos, lo que representa un 20% del total proyectado de 60 kilómetros, en un avance que concentra trabajos en Arica y Parinacota y Tarapacá.
El despliegue incluye además la intervención de puntos específicos de ingreso. Según lo expuesto, en la región de Antofagasta el Ejército ha bloqueado seis zonas de paso, en un operativo que se complementa con presencia territorial y vigilancia. Este esfuerzo ha implicado el despliegue de 1.100 efectivos en la macrozona norte y la ejecución de medidas de contramovilidad en sectores considerados de alto riesgo.
Críticas por alcance y cobertura
El avance físico del plan abrió cuestionamientos desde el Congreso. Parlamentarios advirtieron que la extensión de la zanja resulta acotada frente a una frontera que supera los mil kilómetros, planteando dudas sobre su efectividad como medida estructural. La crítica apunta a la relación entre escala del problema y alcance de la solución, en un escenario donde el control territorial requiere múltiples herramientas.
Frente a estos cuestionamientos, el comisionado respondió que la zanja corresponde a una medida focalizada, aplicada solo en zonas donde resulta eficiente, mientras que en otros sectores se combinan patrullajes, presencia militar y monitoreo tecnológico.
En esa línea, sostuvo que la zanja será mantenida en el tiempo y reparada si pierde efectividad, como parte de una estrategia que incorpora distintas formas de control según las características del territorio.
Tecnología, inversión y continuidad
El plan también incorpora componentes tecnológicos que buscan ampliar la capacidad de vigilancia. Durante la sesión se informó que el Sistema Integrado de Fronteras (Sifron), iniciado en la administración anterior, ha avanzado en sus primeras etapas y se prepara para una nueva fase de licitación, con recursos que superan los 13 millones de dólares.
Este sistema apunta a fortalecer el monitoreo mediante herramientas tecnológicas, en una línea que complementa la infraestructura física y el despliegue de personal. En ese cruce, el plan combina inversión en tecnología para vigilancia fronteriza con coordinación institucional para mejorar la capacidad de respuesta del Estado.
Riesgo de desplazamiento del delito
Otro de los puntos abordados por los parlamentarios fue el posible desplazamiento de las rutas de ingreso. La preocupación se centra en que el fortalecimiento del control terrestre pueda derivar en un aumento de ingresos por vía marítima, lo que obliga a ampliar la mirada del plan más allá de la frontera norte.
Desde la comisión se planteó la necesidad de reforzar la vigilancia en las costas y anticipar cambios en las dinámicas del crimen organizado. En esa línea, el debate apunta a que el control migratorio y delictual requiere una estrategia flexible, capaz de adaptarse a nuevas rutas, considerando que el cierre de pasos terrestres puede derivar en la apertura de rutas alternativas y que la planificación debe incorporar escenarios de desplazamiento del delito.
Fiscalización y presión legislativa
La sesión cerró con una señal política desde el Congreso. El presidente de la comisión, diputado Jorge Díaz, indicó que se mantendrá el seguimiento al plan y que existe disposición para avanzar en iniciativas legales que fortalezcan el control fronterizo.
La comisión comprometió tramitar con celeridad proyectos vinculados a esta materia, en un escenario donde la presión por resultados concretos se mantiene. En ese marco, el Plan Escudo Fronterizo se instala como una de las principales herramientas del Ejecutivo en seguridad fronteriza, mientras su implementación continúa bajo fiscalización parlamentaria y evaluación de resultados en terreno y se proyecta como una política en desarrollo sujeta a ajustes operativos y legislativos.
