Los requerimientos se presentarán una vez concluida la comisión mixta y despachado el proyecto. La oposición cuestiona que la invariabilidad tributaria limite a futuros gobiernos y que las indemnizaciones ambientales creen un trato privilegiado para grandes inversiones
La oposición prepara el traslado de la disputa por la megarreforma del Presidente José Antonio Kast desde el Congreso al Tribunal Constitucional. La estrategia considera tres requerimientos destinados a impugnar la invariabilidad tributaria para grandes inversiones, las indemnizaciones fiscales por autorizaciones ambientales anuladas y otras disposiciones que, según sus promotores, reducen el acceso a la justicia ambiental.
Las acciones todavía no han sido ingresadas. Los partidos opositores deberán esperar que la comisión mixta resuelva la diferencia pendiente entre ambas cámaras y que el Congreso despache completamente el proyecto, momento en que se conocerá su redacción definitiva. La oposición ha anunciado que formalizará entonces las presentaciones ante el TC.
La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la mayor parte de las modificaciones realizadas por el Senado. Solo la fórmula destinada a compensar a los municipios por la exención de contribuciones para personas mayores de 65 años quedó pendiente de comisión mixta, mientras sobrevivieron la reducción gradual del impuesto corporativo y las disposiciones cuestionadas por la oposición.
La estrategia constitucional contempla dos requerimientos impulsados por senadores y una presentación más amplia preparada por diputados. Aunque los escritos abordan normas distintas, comparten una acusación central: la reforma entregaría protecciones especiales a grandes inversionistas y limitaría las atribuciones de futuros gobiernos, congresos, tribunales y comunidades.
La invariabilidad como límite a futuros gobiernos
El primer cuestionamiento apunta al régimen de invariabilidad tributaria contemplado para inversionistas nacionales y extranjeros que desarrollen proyectos superiores a US$50 millones.
La duración de la protección dependerá del monto comprometido. Alcanzará diez años para inversiones entre US$50 millones y US$100 millones, 15 años para proyectos iguales o superiores a US$100 millones e inferiores a US$350 millones, y 20 años para aquellos que superen este último umbral.
La oposición no discute solamente la conveniencia económica de asegurar reglas tributarias estables. Su argumento es que una mayoría legislativa no debería poder restringir anticipadamente las atribuciones tributarias de los gobiernos y congresos que sean elegidos durante las próximas dos décadas.
Los requirentes sostendrán que la invariabilidad vulnera el carácter democrático de la República, el principio mayoritario y la alternancia en el poder. La norma, según esta interpretación, permitiría que una mayoría circunstancial convierta una decisión tributaria en prácticamente inmodificable para autoridades posteriores.
Durante la discusión en el Senado, parlamentarios opositores formularon reserva de constitucionalidad sobre esta materia, anticipando que el conflicto podría terminar ante el TC. La norma fue aprobada por 26 votos a favor, 23 en contra y una abstención.
El requerimiento preparado por los diputados añadirá que la invariabilidad puede afectar el derecho a sufragio. La tesis es que una elección pierde parte de su eficacia si los representantes escogidos por la ciudadanía quedan impedidos de modificar durante diez, 15 o 20 años una decisión tributaria adoptada por sus antecesores.
También se alegará una eventual vulneración de la igualdad en la distribución de las cargas públicas, porque determinados inversionistas quedarían protegidos frente a cambios tributarios que podrían seguir afectando al resto de las empresas y contribuyentes.
La presentación de los senadores es preparada con el patrocinio del exministro de Justicia Jaime Gajardo, el exintegrante del Tribunal Constitucional Jorge Correa Sutil y el abogado Roberto Carrasco.
Los argumentos que la oposición llevará al TC
| Norma cuestionada | Argumento de la oposición |
|---|---|
| Invariabilidad tributaria | Congelaría por hasta 20 años las reglas aplicables a grandes inversiones, limitando la capacidad de futuros gobiernos y congresos para modificar la política tributaria. |
| Indemnización por RCA anulada | Crearía una vía especial de compensación para empresas sin exigirles demostrar una falta de servicio del Estado, incluso si la anulación se relaciona con errores del proyecto. |
| Reclamaciones ambientales | Restringiría el acceso de comunidades y terceros a los tribunales cuando las materias ya hayan sido revisadas durante la evaluación ambiental. |
| Medidas cautelares | El plazo máximo de seis meses podría dejar ecosistemas sin protección mientras el juicio ambiental continúa abierto. |
| Concesiones acuícolas | Permitiría que las propias empresas financien estudios técnicos decisivos para la relocalización de sus proyectos. |
| Tribunal arbitral | Podría asumir atribuciones que la Constitución reserva a los tribunales de justicia y limitar la discusión principalmente al monto de la indemnización. |
El cuestionamiento al seguro para RCA anuladas
El segundo requerimiento de los senadores se dirigirá contra las disposiciones que obligan al Fisco a restituir gastos directos, efectivos y no recuperables cuando una sentencia firme anule la Resolución de Calificación Ambiental de un proyecto.
Para la oposición, el mecanismo presenta una contradicción de origen: la ilegalidad de una autorización administrativa terminaría convirtiéndose en el fundamento para indemnizar a la empresa beneficiada por ese mismo acto.
El cuestionamiento apunta a que el titular podría acceder a una compensación sin acreditar la existencia de una falta de servicio del Estado. La reforma contempla además un tribunal arbitral que, según los requirentes, tendría su competencia prácticamente reducida a determinar el monto que deberá pagar el Fisco.
Los senadores también objetarán que el Estado no pueda repetir contra el funcionario responsable del error que provocó la anulación de la autorización. En esa situación, sostienen, el costo de una actuación ilegal terminaría siendo asumido por el conjunto de los contribuyentes.
Otro argumento es que la anulación de una RCA no necesariamente se origina solo en una equivocación estatal. También puede responder a antecedentes incompletos, omisiones o errores atribuibles al propio titular del proyecto, que pese a ello podría intentar acceder al mecanismo especial de reparación.
La oposición sostendrá que se crea un estatuto privilegiado para determinados inversionistas. Mientras cualquier ciudadano debe acreditar los requisitos generales de la responsabilidad estatal, las empresas con una RCA anulada contarían con una vía particular para obtener una indemnización.
El requerimiento invocará eventuales vulneraciones a la igualdad ante la ley, el debido proceso, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y el régimen constitucional de responsabilidad del Estado. La presentación es patrocinada por las abogadas Melissa Mallega y Leslie Sánchez.
Diputados amplían la controversia ambiental
El tercer requerimiento, preparado por diputados de oposición, recogerá los cuestionamientos a la invariabilidad tributaria y a las indemnizaciones por RCA anuladas, pero ampliará la controversia a otras disposiciones ambientales y sectoriales.
Uno de los artículos objetados modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura para facilitar la relocalización de concesiones acuícolas y permitir que las empresas financien estudios destinados a determinar la existencia de bancos naturales protegidos.
La oposición argumentará que esa fórmula entrega a los interesados una participación directa en la producción de antecedentes técnicos que pueden resultar determinantes para sus propios proyectos. A su juicio, el Estado estaría debilitando su deber de protección ambiental y la independencia de las evaluaciones.
Los diputados también cuestionarán la norma que restringe las reclamaciones de terceros contra una RCA a materias que no hayan sido evaluadas durante el procedimiento administrativo.
El argumento es que esta limitación puede cerrar el acceso a los tribunales a comunidades o personas que no participaron en la evaluación inicial, incluso cuando posteriormente conozcan antecedentes que permitan cuestionar la legalidad o los efectos ambientales de la autorización.
Otro flanco corresponde al plazo máximo de seis meses para las medidas cautelares decretadas por los tribunales ambientales. Los parlamentarios sostendrán que una caducidad automática puede dejar sin protección un ecosistema mientras el juicio sigue abierto y todavía no existe una sentencia definitiva.
El requerimiento también impugnará las atribuciones del tribunal arbitral encargado de resolver las indemnizaciones por RCA anuladas. Según sus promotores, el nuevo órgano podría asumir funciones que la Constitución reserva a los tribunales de justicia.
La presentación será patrocinada por Domingo Lovera, Diego Pardo, Leslie Sánchez, Aurora Rozas, Claudio Troncoso y Juan Carlos Cayo, con el respaldo de parlamentarios del Frente Amplio, el Partido Comunista, el Partido Socialista y otras fuerzas opositoras.
La defensa que prepara el Gobierno
El presidente del PPD, Raúl Soto, elevó la controversia más allá de los aspectos tributarios y ambientales. “En sus manos está el destino de nuestra democracia”, afirmó al referirse al papel que tendrán los integrantes del Tribunal Constitucional.
Desde el Ejecutivo, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, señaló que la oposición se encuentra en su derecho de recurrir al TC y adelantó que el Gobierno responderá las impugnaciones. La Moneda sostiene que las normas cuestionadas se ajustan a la Constitución y que buscan entregar certezas a la inversión.
Antes de que esa disputa comience formalmente, el Congreso deberá resolver la compensación municipal por la exención de contribuciones. Solo después de la comisión mixta, la aprobación de su informe y el despacho definitivo se conocerá el texto preciso sobre el cual recaerán los requerimientos.
La oposición perdió la votación legislativa sobre estas disposiciones, pero todavía no ha agotado sus herramientas institucionales. Su ofensiva ante el TC buscará demostrar que la megarreforma no solo establece incentivos económicos, sino que también instala una camisa de fuerza tributaria para futuras mayorías y un régimen especial de protección fiscal para proyectos cuyas autorizaciones ambientales sean anuladas.
