Senadores del PS, PPD, PC, Frente Amplio y DC anunciaron que rechazarán la idea de legislar la denominada “Ley de los Súper Ricos”, acusando que la propuesta favorece a grandes empresas y amenaza el financiamiento de salud, educación y programas sociales
El proyecto económico impulsado por el Gobierno de José Antonio Kast comenzó a enfrentar un escenario mucho más complejo en el Senado luego de que parlamentarios de centroizquierda e izquierda anunciaran un bloque transversal para rechazar la idea de legislar la denominada Ley Miscelánea, considerada uno de los pilares centrales de la agenda económica del Ejecutivo.
La ofensiva opositora se produjo pocas horas después de que la iniciativa fuera aprobada en la Cámara de Diputadas y Diputados y anticipa una tramitación marcada por alta tensión política en la Cámara Alta, donde el oficialismo enfrenta una aritmética mucho más estrecha.
Las principales críticas apuntan a la rebaja gradual del impuesto corporativo desde 27% a 23% y a la reintegración del sistema tributario, medidas que el Ejecutivo considera fundamentales para impulsar inversión, competitividad y crecimiento económico.
Sin embargo, parlamentarios opositores sostienen que la reducción de impuestos terminará beneficiando principalmente a grandes empresas y altos patrimonios, debilitando al mismo tiempo la capacidad fiscal del Estado y trasladando presión sobre futuros presupuestos públicos.
Senadores advierten impacto sobre salud, educación y programas sociales
Desde el Congreso en Valparaíso, representantes del Partido Socialista, Partido Comunista, PPD y Frente Amplio manifestaron que la menor recaudación derivada de la reforma podría traducirse en mayores niveles de endeudamiento y posteriores ajustes en áreas sensibles para la ciudadanía.
La senadora Daniella Cicardini sostuvo que la propuesta del Ejecutivo “alivia de forma exclusiva la carga impositiva del 1% más acaudalado de la población”, agregando que el proyecto profundiza desigualdades y debilita estructuralmente la red de protección estatal.
La parlamentaria además cuestionó la estrategia política del Gobierno y afirmó que hasta ahora no han existido señales de apertura para modificar aspectos centrales de la iniciativa, especialmente aquellos vinculados al corazón tributario de la reforma.
En la misma línea, la senadora Karol Cariola advirtió que la lógica de “hacer más con menos” defendida por el Ejecutivo terminará impactando directamente sobre prestaciones y derechos sociales básicos, especialmente en sectores más vulnerables. La parlamentaria aseguró además que la oposición actuará de manera coordinada para impedir lo que calificó como un “regalo tributario” a grandes fortunas.
Debate suma presión ambiental y cuestionamientos fiscales
Las críticas opositoras también incorporaron cuestionamientos vinculados a sostenibilidad y desarrollo territorial. El senador Ricardo Celis sostuvo que la propuesta del Ejecutivo constituye una “contrarreforma tributaria” incompatible con los desafíos asociados a la emergencia climática y el desarrollo sustentable.
Según planteó el parlamentario, el Gobierno está priorizando incentivos económicos sin incorporar adecuadamente criterios de protección ambiental y equilibrio territorial en la discusión legislativa.
Por su parte, la senadora Beatriz Sánchez afirmó que el bloque opositor se mantendrá cohesionado durante toda la tramitación en el Senado y descartó cualquier posibilidad de fractura interna frente a la estrategia impulsada por La Moneda.
El debate vuelve así a instalar presión sobre materias de reforma tributaria, sostenibilidad fiscal, crecimiento económico, desigualdad y financiamiento estatal, temas que comienzan a dominar la discusión política y económica de cara al segundo semestre.
DC y PS condicionan negociación a cambios estructurales
Las señales de rechazo no provinieron únicamente desde la izquierda. Sectores de la Democracia Cristiana y del Partido Socialista también endurecieron su postura y condicionaron cualquier negociación futura a cambios profundos en el núcleo tributario de la iniciativa.
El senador Iván Flores sostuvo que la Democracia Cristiana no respaldará el proyecto mientras no existan garantías concretas de recuperación económica y cuestionó especialmente la rebaja del impuesto corporativo y la reintegración tributaria impulsadas por el Ejecutivo.
El parlamentario además advirtió que la discusión en el Senado será radicalmente distinta a la desarrollada en la Cámara de Diputados y señaló que el Gobierno deberá abrir espacios reales de negociación política si pretende avanzar con la reforma.
En paralelo, el senador Gastón Saavedra solicitó que la iniciativa sea revisada en cuatro comisiones del Senado, incluyendo Hacienda, Medio Ambiente, Economía y Trabajo, argumentando que el alcance de la propuesta requiere una discusión mucho más profunda y especializada.
Saavedra cuestionó además el impacto fiscal de la rebaja tributaria y afirmó que resulta difícil explicar qué gana el Estado cuando se reducen impuestos a grandes empresas en montos que, según indicó, superan los US$1.400 millones.
Gobierno busca acelerar reforma antes del Presupuesto 2027
Pese al endurecimiento opositor, el Ejecutivo mantiene su intención de acelerar la discusión legislativa luego de la Cuenta Pública del próximo 1 de junio.
La administración apuesta a despachar la reforma antes de septiembre, período en que comenzará la elaboración de la Ley de Presupuestos 2027, considerada estratégica para la agenda económica y fiscal del Gobierno.
La discusión en el Senado comienza así a transformarse en la primera gran prueba política y económica para el Ejecutivo tras el cambio de gabinete, en un momento donde la administración busca consolidar su estrategia de reactivación, inversión y crecimiento en medio de crecientes tensiones fiscales y legislativas.
