Por: Danae Mlynarz Puig. Directora Oficina Chile RImisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural
En Chile existe hoy una oportunidad histórica para cambiar la manera de construir socialmente los territorios en el marco del proceso constituyente. Sin embargo, existen también desafíos sociales y políticos para garantizar que el proceso cuente con criterios de calidad democrática que permitan a la ciudadanía participar con voz y poder de decisión. Mantener este resguardo ciudadano no solo contribuiría a la legitimidad del proceso, sino que además facilitará incluir a la diversidad de expresiones y expectativas ciudadanas.
El reglamento de la Convención establece once grupos de especial resguardo para asegurar su participación dentro del proceso, dentro de los cuales se encuentran las personas de sectores rurales y de difícil acceso. Esto se sustenta en principios y estándares internacionales, concretamente en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en Zonas Rurales, especialmente en aquello referido a su derecho a participar en la preparación y aplicación de las políticas, los programas y los proyectos que puedan afectar a su vida, su tierra y sus medios de subsistencia.
Vemos como las problemáticas de las ruralidades están presentes dentro del debate, pero muchas veces con la ausencia de las voces de sus protagonistas. Temas tales como el acceso y propiedad del agua, los impactos del cambio climático sobre los modos de producción, la regulación de la actividad extractivista, la producción de energía limpia, la descentralización, la equidad para los diversos territorios, la participación ciudadana, la seguridad y soberanía alimentaria, afectan directamente las posibilidades de cerrar o mantener las brechas territoriales de desigualdad. Todos estas temáticas son parte central del debate constitucional.
Desde Rimisp hacemos un llamado a activar a las ruralidades en el proceso constituyente, y propiciar desde los gobiernos regionales, municipios, academia y sociedad civil esa participación a través de los mecanismos que la propia Convención se ha establecido. Superando las barreras de información, conectividad, acceso y brecha digital que hoy existen.
Para que el proceso constituyente pueda alcanzar mayores niveles de representatividad, es necesario que la ruralidad sea incluida en las temáticas en diálogo, a través de mecanismos pensados específicamente para incorporar las voces de los territorios rurales. Esto podría traducirse en una oportunidad única para que un sector tradicionalmente desplazado del debate público pueda sumar sus demandas a esta coyuntura histórica. Invitamos a pensar el proceso constituyente con una ruralidad presente y propositiva, para que este proceso no deje a ningún territorio atrás.
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