Por: Karin Moore. Abogada e investigadora en CLAPES UC
Los eventos del 18-O y la pandemia del Covid-19 nos han impuesto grandes desafíos en un ambiente marcado por la incertidumbre y la desconfianza. Son múltiples las tareas que aparecen como urgentes y que demandan recursos y atención del Estado. Sin embargo, ha quedado de manifiesto la necesidad de contar con un Estado moderno y digitalmente eficiente, que avance en la regulación de las tecnologías de la información y el conocimiento.
Las telecomunicaciones, el adecuado tratamiento de los datos personales –base de la economía digital– y la regulación del ciberespacio, se han convertido en una preocupación global. Todos, en mayor o menor medida, nos hemos visto obligados a trasladar parte importante de nuestras vidas a la red, adaptándonos a streaming, generando comunidades laborales y educativas a través de las distintas plataformas disponibles. Varias de la cuales, al poco andar, han mostrado importantes fallas de seguridad para los usuarios, alertando sobre su uso ético y legal, lo que supone un problema que Chile no podrá́ permitirse descuidar.
La globalización y el desarrollo tecnológico de las dos últimas décadas han convertido al ciberespacio en el quinto dominio -luego de la tierra, el mar, el aire y el espacio- transformándolo en una “zona” donde la exponencial difusión de información no se correlaciona con la adecuada protección de derechos fundamentales debido, en parte, a que se rige por criterios transnacionales y jurisdicciones múltiples o traslapadas.
Estas son dos de las razones por las que la regulación del ciberespacio se ha posicionado como una pesadilla jurídica. Nos encontramos ante la necesidad de legislar, pero estamos sujetos a la lentitud intrínseca de las legislaciones nacionales e internacionales, que contrasta con el vertiginoso avance de la tecnología.
El uso inadecuado del ciberespacio y la dificultad para establecer responsabilidades, afecta no solo a personas, sino también a estados y organizaciones que son potenciales víctimas de ciberataques, fraude electoral, espionaje industrial, fraudes financieros, entre otros delitos, llegando a fenómenos tan perjudiciales y recurrentes en redes sociales como el deepfake.
Estamos ante un vacío legal que para subsanarse requiere de grandes consensos, pues, además de involucrar el interés público global, requiere resguardar el delicado equilibrio entre los principios de libertad y seguridad, que repercuten directamente en la economía y bienestar de la ciudadanía.
El contenido expresado en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor y no representa necesariamente la visión ni línea editorial de Poder y Liderazgo.
