Por: Claudio Orrego L. Ex Intendente de la región Metropolitana. Profesor Adjunto del Instituto de Estudios Urbanos UC
En los últimos días han vuelto a surgir las voces que quieren postergar las elecciones de Gobernadores de Abril del próximo año. Pareciera que en el Gobierno, o entre senadores de distintos partidos, algunos aún se resisten a la idea de repartir el poder de otra manera en nuestro país.
Las razones (excusas?) se pueden clasificar en tres tipos. La primera, es de oportunidad. No se trataría de suspenderlas, sólo de postergarlas. ¿Razón? Para algunos sería la pandemia del coronavirus, para otros la crisis social y económica que vendrá después, mientras que para un tercer grupo se trataría del exceso de elecciones del próximo año.
Dejando de lado la crisis sanitaria (única razón de peso para reevaluar la fecha de las elecciones en su debido momento), lo de la crisis social y económica no resiste análisis. Bajo ese pretexto, no se podrían realizar elecciones en más de la mitad de los países del mundo, y muchos en medio de guerras como lo hizo Chile durante la guerra del pacífico. Y en cuanto al exceso de elecciones, es efectivo que el próximo año tenemos 4 elecciones en Abril (concejales, alcaldes, constituyentes y gobernadores) y 4 en Noviembre (diputados, senadores, consejeros regionales y presidente). Ahora, serán muchas elecciones pero sólo en dos procesos electorales, así que no sólo no existen ahorros por suspender una, sino que bajo ese predicamento la razón para suspender una se podría aplicar perfectamente al resto.
La segunda razón es constitucional. El argumento sostiene que de iniciarse un proceso constituyente en Octubre de este año, no tiene sentido elegir a una nueva autoridad cuyas atribuciones pueden ser modificadas por una eventual nueva Constitución. Este argumento es tan falaz como peligroso. Falaz, porque de revisarse las atribuciones de los futuros gobernadores en una nueva Constitución es evidente que éstas (liberadas del veto del Congreso) tenderán a aumentar más que a disminuir. Peligroso, porque ese mismo argumento se podría usar para proponer la suspensión de cualquier elección y prorrogar a las actuales autoridades. El argumento de que se puedan modificar las atribuciones de las autoridades públicas no puede ser excusa para no elegirlas cuando corresponda.
La tercera, quizás la más invocada y pertinente de las razones, sería las pocas atribuciones y presupuesto con que contarían las nuevas autoridades regionales. Este es un argumento válido, toda vez que efectivamente la reforma adolece de muchos vacíos, ambigüedades y falencias. Sin embargo, a mi juicio sigue siendo falaz por las razones que explicaré a continuación.
En efecto, la nueva institucionalidad surge de una negociación entre el Ejecutivo y el Congreso, donde existían poderosas fuerzas transversales contra la descentralización. Mientras algunas surgían de una crítica frontal a la elección de Gobernadores y por el temor a la “indisciplina fiscal”, muchos (especialmente senadores) se oponían simplemente por su temor a perder cuotas de poder (cosa que efectivamente ocurrirá).
En ese contexto, no es extraño que la ley que surgió de dichas negociaciones tuviera muchas imperfecciones. Faltan atribuciones básicas en materia de coordinación de servicios, de gestión de emergencias, de priorización de inversiones, dependencia de servicios. Hay temas como el medioambiente que casi no figuran, salvo por lo que dice relación con la gestión de residuos. Lo mismo con transporte. También se crea una figura poderosa como la del delegado presidencial, con la cual existirán muchas contiendas de competencia sin determinar a priori, cual será la entidad llamada a resolverlas. Sería pésimo que las relaciones entre gobernadores electos y delegados terminan judicializadas.
En relación al presupuesto, sólo baste con consignar que Chile es uno de los países de la OCDE con menor % del gasto público decidido a nivel subnacional (regiones y municipios). Mientras la media en dichos países es de 50% en Chile no alcanza al 16%. Si bien todavía está pendiente la dictación de la ley de financiamiento y responsabilidad regional, no debiera llamar la atención de que ésta, a 3 años de dictada la reforma constitucional, ni siquiera se envíe al Congreso ante de la elección de Abril próximo.
Y esto me lleva al punto de fondo. Quienes argumentan la falta de recursos y atribuciones para no elegir gobernadores, son los mismos que se las han negado desde el día uno (“profecía autocumplida”). Es más, en estos años no ha existido ninguna iniciativa de quienes proponen la suspensión o postergación de estas elecciones para ampliar dichas atribuciones. Y es que el problema nunca ha sido técnico, sino político: La resistencia por más de 200 años de entregar poder a las regiones.
Entonces, si el problema es de naturaleza política la solución también deber serlo. Es un hecho que la descentralización política es sólo el primer paso. Una vez elegidos los gobernadores, sumado al proceso constituyente, se generará una fuerza irresistible para que lo que no se pudo conseguir voluntariamente por el Estado Central y el Congreso sea reclamado por las mismas regiones.
Como diría Churchill, la elección de gobernadores “no es el final, ni siquiera el principio del final, sino el final del principio” de una descentralización que llegará con décadas de retraso para fortalecer nuestra Democracia y el desarrollo más justo de nuestras regiones.
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