La Cámara aprobó extender por un año la implementación de la normativa, luego de que miles de autorizaciones, estudios de seguridad y procesos de capacitación permanezcan sin resolver. El Ejecutivo advirtió riesgos para el funcionamiento del sistema si los plazos originales se mantenían
La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad postergar en un año la implementación de la nueva ley de seguridad privada, iniciativa impulsada por el Ejecutivo ante los retrasos acumulados en permisos, plataformas tecnológicas y procesos de regularización exigidos por la normativa.
La medida busca evitar problemas operativos en sectores estratégicos vinculados a vigilancia, transporte de valores y protección de instalaciones críticas, considerando que gran parte de las entidades obligadas aún no logra cumplir las nuevas exigencias establecidas por la legislación.
Entre los principales puntos pendientes figura la presentación de nuevos estudios de seguridad por parte de bancos, estaciones de servicio, empresas de transporte de valores y otras instituciones reguladas. Ahora, dichos documentos deben elaborarse individualmente por sucursal o instalación, elevando el nivel de exigencia técnica. El bajo porcentaje de cumplimiento evidenció que el sistema no alcanzó a adaptarse dentro de los plazos originales, generando preocupación tanto en el Gobierno como en el sector privado.
La normativa también incorporó mayores requisitos para guardias y vigilantes privados, incluyendo nuevas evaluaciones y procesos obligatorios de capacitación. Sin embargo, la capacidad institucional disponible para entrenar y autorizar trabajadores terminó siendo insuficiente frente a la alta demanda, acumulando miles de solicitudes pendientes en todo el país.
Otro elemento que incidió en la decisión parlamentaria fue el retraso en la plataforma informática destinada a centralizar autorizaciones, registros y gestión administrativa del sistema de seguridad privada. Según se explicó durante el debate legislativo, la herramienta aún no opera plenamente, obligando a mantener procedimientos transitorios y ralentizando la tramitación.
Congreso advierte falencias en implementación de la normativa
El diputado Jaime Coloma, encargado de presentar el informe del proyecto en la Sala, sostuvo durante el debate que la extensión de los plazos responde a una realidad operativa que afecta tanto a las empresas obligadas como a las instituciones encargadas de fiscalizar y autorizar el sistema.
En esa línea, planteó que avanzar con la prórroga permitirá evitar una paralización administrativa mientras se completa la implementación tecnológica y normativa exigida por la nueva ley.
Durante la discusión parlamentaria, distintos legisladores coincidieron en que las dificultades registradas en la aplicación de la ley reflejan problemas de coordinación y capacidad institucional, especialmente frente al volumen de autorizaciones, capacitaciones y estudios que comenzaron a exigirse con la entrada en vigencia de la normativa.
Asimismo, varios diputados advirtieron que la extensión aprobada permite contener la contingencia inmediata, aunque no resuelve las debilidades estructurales que han acompañado el despliegue del nuevo sistema de seguridad privada.
Gobierno advierte riesgo operativo por permisos y procesos pendientes
En representación del Ejecutivo intervino la ministra de Seguridad Pública, María Trinidad Steinert, quien advirtió que, de no aprobarse la iniciativa, el sistema enfrentaba un riesgo real de colapso operativo, considerando que a pocas semanas del vencimiento original solo un 5% de las entidades obligadas había presentado sus estudios de seguridad y más de 35 mil guardias y vigilantes privados seguían esperando la renovación de sus permisos.
Durante su intervención, Steinert explicó que la prórroga “no constituye un cheque en blanco”, sino un plazo técnico necesario para consolidar la plataforma informática, implementar adecuadamente el reglamento y asegurar que las autorizaciones se otorguen bajo revisión técnica efectiva. Además, destacó que el proyecto elimina el mecanismo de silencio positivo, evitando que permisos puedan aprobarse automáticamente sin control previo de las autoridades competentes.
La ministra agregó que el siguiente paso será avanzar en mejoras regulatorias y operativas para fortalecer el sistema. El Ejecutivo busca elevar los estándares de seguridad privada sin comprometer la continuidad operacional de servicios estratégicos, especialmente en sectores sensibles para la actividad económica y la seguridad pública.
