La bancada gremialista planteó fusionar diez carteras y bajar de 25 a 19 ministerios, instalando un debate sobre eficiencia fiscal, coordinación pública y diseño institucional antes de la Cuenta Pública presidencial
La discusión sobre la modernización del Estado volvió a tomar fuerza en la agenda política luego que la bancada de diputados de la UDI presentara una propuesta para reducir el número de ministerios en Chile, mediante la fusión de diez carteras que actualmente forman parte de la estructura del Ejecutivo.
La iniciativa, dada a conocer por los diputados Guillermo Ramírez, Flor Weisse y Eduardo Cretton, plantea bajar de 25 a 19 ministerios, en medio del debate abierto tras el reciente cambio de gabinete y la presencia de tres secretarios de Estado que ejercen como biministros en el Gobierno del presidente José Antonio Kast.
La bancada pidió, además, que el Mandatario incluya esta materia en la próxima Cuenta Pública, como señal de una agenda orientada a la eficiencia estatal y al rediseño institucional.
Al fundamentar la propuesta, los parlamentarios señalaron que “hoy existe una necesidad urgente de modernizar el Estado, hacerlo más eficiente y ponerlo a la altura de las exigencias actuales de nuestro país”, subrayando que la discusión no debe limitarse al tamaño del gabinete, sino a la capacidad real del aparato público para responder mejor a la ciudadanía.
Una propuesta para reordenar la estructura ministerial
El planteamiento de la UDI considera fusionar los ministerios de Educación, Ciencias y Cultura; integrar Interior, Segpres y Segegob; unir Vivienda y Bienes Nacionales; y agrupar Minería y Energía, dos carteras estratégicas para el desarrollo productivo, la inversión, la transición energética y la competitividad del país.
Desde la bancada gremialista sostienen que el objetivo no es reducir carteras por una señal meramente política, sino avanzar hacia un Estado con menores niveles de burocracia, mayor coordinación interna y mejor capacidad de respuesta frente a las demandas ciudadanas. En esa línea, los diputados plantearon que “no es razonable seguir manteniendo una estructura con altos costos y niveles de burocracia que terminan afectando la capacidad de gestión y solo perjudican a los chilenos”.
Los parlamentarios agregaron que la propuesta busca “avanzar en la integración de ministerios que hoy cumplen funciones complementarias o que, incluso, presentan duplicidad de tareas”, por lo que insistieron en que el Gobierno debiera abrir formalmente esta discusión en el marco del mensaje presidencial del 1 de junio.
El debate no es solo cuántos ministerios existen
Aunque la comparación numérica suele ocupar el centro de la discusión, el fondo del debate apunta a la calidad de la gestión pública. Reducir ministerios puede ser una señal de austeridad, pero su impacto real dependerá de cómo se rediseñen atribuciones, subsecretarías, servicios dependientes, presupuestos, dotaciones y mecanismos de coordinación.
Una reforma de este tipo también exigiría una tramitación legislativa compleja, ya que varias carteras están reguladas por normas específicas y cumplen funciones sectoriales que no pueden ser simplemente absorbidas sin una nueva arquitectura institucional.
Por ello, el desafío para el Gobierno será demostrar que una eventual fusión permitiría mejorar la gestión del Estado sin debilitar políticas públicas sensibles, especialmente en áreas como educación, cultura, vivienda, minería, energía, seguridad, desarrollo territorial e inversión.
El punto central, por tanto, no será únicamente cuántas carteras desaparecen del organigrama, sino si el nuevo diseño logra resolver problemas de coordinación, reducir duplicidades reales y acelerar decisiones públicas en materias que hoy demandan respuestas más oportunas.
Chile entre los países con más ministerios de Sudamérica
La propuesta se instala además en medio de una comparación regional. Según el ranking difundido por BioBioChile, Brasil lidera Sudamérica con 38 ministerios, seguido por Venezuela con 33, mientras Chile aparece en el tercer lugar con 25 carteras. Más atrás se ubican Colombia y Perú, ambos con 19; Bolivia y Paraguay, con 17; Uruguay y Ecuador, con 14; y Argentina, con 8.
La cifra ubica a Chile entre los países con mayor número de ministerios en la región, aunque esa comparación debe observarse con cautela. Cada país organiza sus funciones públicas de manera distinta, ya sea mediante ministerios, secretarías, agencias, servicios autónomos u organismos con rango equivalente.
En el caso chileno, el número de carteras aumentó con la creación del Ministerio de Seguridad Pública, establecido por la Ley N°21.730, que definió una nueva institucionalidad para la prevención del delito, el combate al crimen organizado y la conducción política de la seguridad pública.
Respaldo ciudadano y señales políticas
El debate también cuenta con un componente ciudadano. De acuerdo con la encuesta Panel Ciudadano-UDD, un 63% de los consultados cree que Chile necesita 20 o menos ministerios, en un sondeo realizado el domingo 24 de mayo, con 1.019 casos y margen de error de 3%.
Ese respaldo abre espacio político para que el Ejecutivo evalúe una propuesta de reorganización ministerial. Sin embargo, también obliga a precisar si la medida tendrá efectos concretos en ahorro fiscal, eficiencia administrativa, reducción de duplicidades y mejora de servicios para la ciudadanía.
La discusión, por tanto, no se agota en el número final de ministerios. El punto central será si el rediseño permite construir un Estado más ágil, más coordinado y con mejores capacidades para responder a problemas públicos complejos.
Minería y Energía: una fusión con impacto estratégico
Uno de los puntos más relevantes de la propuesta es la eventual integración de Minería y Energía. Ambas carteras tienen una relación directa con la inversión, los permisos sectoriales, el desarrollo de infraestructura, el litio, el cobre, la descarbonización, la transmisión eléctrica y la transición energética.
Desde una perspectiva de política pública, la fusión podría fortalecer la coordinación entre dos sectores claves para el crecimiento económico. No obstante, también plantea riesgos si el nuevo diseño no resguarda la especialización técnica, la mirada territorial y la capacidad regulatoria que requieren ambas áreas.
En un país donde la minería y la energía son motores centrales del desarrollo, cualquier reordenamiento institucional deberá asegurar que la búsqueda de eficiencia no reduzca capacidades estratégicas, sino que permita acelerar decisiones, mejorar coordinación y dar mayor certeza a proyectos de largo plazo.
Una discusión que marcará la Cuenta Pública
La propuesta de la UDI instala una definición relevante para el Gobierno. Si el presidente Kast decide incorporar esta materia en la Cuenta Pública, abrirá formalmente una agenda de modernización estatal con alto impacto político e institucional.
El camino, sin embargo, no será simple. Fusionar ministerios implica revisar estructuras legales, atribuciones administrativas, programas públicos, presupuestos y relaciones con actores sectoriales. También requerirá acuerdos políticos amplios para evitar que la discusión quede reducida a una señal de austeridad sin efectos verificables.
Como plantearon los parlamentarios, el objetivo declarado es que el Estado esté “verdaderamente al servicio de todas las personas”. Esa frase resume el estándar con el que deberá evaluarse cualquier reforma: no por la cantidad de ministerios que elimine, sino por su capacidad de mejorar la gestión pública, reducir duplicidades y fortalecer la respuesta institucional frente a las demandas ciudadanas.
La modernización del Estado puede transformarse en una oportunidad si se aborda con diagnóstico, gradualidad y objetivos medibles. La reducción de ministerios podría ser parte de ese proceso, siempre que su resultado sea un aparato público más eficiente, más coordinado y con mayor capacidad de gestión al servicio de la ciudadanía.
