El Ministerio de Agricultura declaró emergencia en catorce comunas del Maule después de lluvias y granizadas que dañaron cultivos. El catastro inicial identificó 672 productores afectados antes del último evento y todavía no cuantifica todas las pérdidas
En el sector de Colín, en la comuna de Maule, los agricultores todavía intentan determinar cuánto podrán recuperar de sus cultivos. Las granizadas que golpearon la zona durante octubre llegaron cuando numerosos predios atravesaban etapas decisivas de producción. El daño no se limita a plantas y frutos afectados, porque también compromete ingresos familiares, inversiones realizadas durante la temporada y el trabajo que generan las actividades agrícolas.
La magnitud de los fenómenos llevó al Ministerio de Agricultura a declarar emergencia agrícola en 14 comunas de la Región del Maule el 29 de octubre. La medida comprende territorios de las provincias de Talca, Curicó y Linares, afectados por una sucesión de precipitaciones intensas, granizadas y fuertes vientos. Su aplicación permite activar instrumentos extraordinarios de apoyo, sujetos a evaluación técnica y disponibilidad presupuestaria.
Hasta antes del último evento de granizo, INDAP había identificado 672 productores afectados, principalmente vinculados a cerezos, arándanos, hortalizas, cereales y tomates cultivados en invernaderos. La cifra es preliminar y no incluye todas las pérdidas posteriores. La emergencia recuerda lo ocurrido meses antes en Limarí, donde agricultores debieron recuperar canales y sistemas de riego dañados por un sistema frontal, con consecuencias sobre la continuidad de sus actividades productivas.
Los daños agrícolas todavía no tienen una cifra definitiva
La emergencia fue formalizada después de que los servicios públicos consolidaran antecedentes sobre los efectos de los eventos meteorológicos. La evaluación considera pérdidas de producción, deterioro de la calidad comercial de los frutos, suelos anegados y retrasos en las labores agrícolas. También existe preocupación por enfermedades asociadas al exceso de humedad, cuyos efectos pueden aparecer cuando el fenómeno climático ya terminó.
El ministro de Agricultura, Jaime Campos, visitó los predios dañados de Colín y confirmó la necesidad de modificar las prácticas productivas frente a fenómenos de esta naturaleza. “El clima cambió, el clima está cambiando, y estamos obligados a adecuarnos a esta nueva realidad”, sostuvo durante su recorrido.
Los datos levantados antes de la última granizada tampoco permiten establecer el número definitivo de agricultores perjudicados. La afectación alcanza tanto a usuarios de INDAP como a productores que no pertenecen a esa institución, por lo que el catastro deberá considerar distintas realidades productivas, superficies cultivadas y necesidades de recuperación.
El catastro determinará quiénes recibirán apoyo
La declaración de emergencia habilita un proceso de identificación de daños mediante la Ficha de Afectación Silvoagropecuaria (FAS), herramienta que permitirá registrar la situación particular de los productores. El levantamiento será decisivo para determinar qué instrumentos públicos pueden utilizarse y cuáles requieren autorizaciones o recursos adicionales.
El seremi de Agricultura del Maule, Alejandro Muñoz, explicó que los antecedentes iniciales entregados por INDAP correspondían a 672 afectados. Después de recorrer Colín junto a otras autoridades, señaló que “el daño es cuantioso, es muy complejo”, al referirse a las consecuencias observadas en terreno.
La tarea también considera prevenir pérdidas adicionales. El director regional subrogante de INDAP, Rodrigo Bugueiro, advirtió que el exceso de humedad podría favorecer enfermedades en los cultivos. “Pretendemos tener lo antes posible el catastro de las afectaciones, para poder ir en ayuda de nuestros agricultores”, señaló al explicar las labores de los equipos técnicos.
La emergencia abre una nueva etapa para los productores
La declaración no equivale a una entrega automática de dinero ni asegura que todos los agricultores recibirán las mismas ayudas. Las medidas dependerán del tipo de daño, las condiciones de cada productor y los recursos efectivamente disponibles. Por eso, el catastro será la base de las decisiones administrativas que adopten los servicios del agro y las autoridades regionales.
La preocupación se extiende hacia la actividad laboral de temporada. Los daños en la producción pueden alterar calendarios de cosecha y labores agrícolas, aunque todavía no existe una estimación oficial de empleos comprometidos por estos eventos. Sin una evaluación completa, tampoco es posible establecer el valor económico total de las pérdidas.
El Maule enfrenta así un proceso de recuperación que comienza con la evaluación de los daños, pero que continuará con la reposición de cultivos e infraestructura productiva. La preparación frente a fenómenos extremos también se relaciona con las medidas nacionales de prevención de incendios forestales para la temporada 2026-2027, otra amenaza para los territorios rurales. Por ahora, la prioridad es conocer cuántos agricultores resultaron afectados y cuándo las ayudas podrán llegar a sus predios.
