Investigación de la Universidad de Chile analizó datos de 13.128 mujeres e identificó vínculos estadísticos entre abusos sufridos durante la infancia y tres manifestaciones de violencia sexual. Sus autoras plantean prevención y atención especializada y oportuna
La violencia sexual contra las mujeres no comienza ni termina en las relaciones de pareja. También ocurre en espacios laborales, educacionales y públicos, y sus distintas manifestaciones presentan factores asociados que no siempre coinciden. Una investigación de la Universidad de Chile identificó un antecedente común en tres formas de violencia sexual: haber sufrido abusos durante la infancia, una asociación que abre nuevas preguntas sobre la prevención y la respuesta institucional frente a las víctimas.
El estudio fue desarrollado por Francisca Crispi y Alejandra Fuentes-García, investigadoras de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, junto con Nicolás Libuy, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez.
Publicado en la revista científica The Lancet Regional Health – Americas, el trabajo examinó información de 13.128 mujeres de zonas urbanas, obtenida de las encuestas nacionales de violencia intrafamiliar de 2017 y 2020. Los resultados muestran que 11,3% de las mujeres reportó acoso sexual de terceros durante los doce meses anteriores a las encuestas, mientras 2,8% declaró violencia sexual de pareja y 2,5% agresiones sexuales cometidas por personas ajenas a ella.
Las cifras corresponden a las mediciones históricas analizadas, no a una estimación de 2026. La investigación incorpora nuevos antecedentes a una discusión que también involucra las dificultades del sistema de protección de la infancia para ofrecer atención especializada y reparación oportuna.
El abuso sexual infantil aparece en las tres formas de violencia
Las investigadoras distinguieron tres manifestaciones: violencia sexual dentro de la pareja, agresiones sexuales con contacto físico forzado por parte de terceros y acoso sexual ejercido fuera de la relación. El antecedente de abuso sexual infantil mostró una asociación significativa con las tres, aunque con distinta intensidad.
La doctora Francisca Crispi, investigadora principal del estudio, sostuvo: “Muchas veces se piensa que no, que la violencia de género quedó en el pasado, y los datos de estas encuestas muestran que todavía, anualmente, tenemos una victimización que va del 3% al 11%, dependiendo del tipo de violencia sexual que medimos”.
Al examinar las experiencias de abuso durante la infancia, los investigadores encontraron razones de posibilidades ajustadas de 2,05 para violencia sexual de pareja, 3,03 para agresiones sexuales de terceros y 2,06 para acoso sexual. Esto significa que existe una asociación estadística entre ambos antecedentes, pero no demuestra que sufrir abuso infantil provoque necesariamente una victimización posterior.
| Manifestación de violencia | Prevalencia anual | Asociación con abuso infantil (OR) |
|---|---|---|
| Violencia sexual de pareja | 2,8% | 2,05 |
| Agresión sexual de terceros | 2,5% | 3,03 |
| Acoso sexual de terceros | 11,3% | 2,06 |
Fuente: Crispi, Fuentes-García y Libuy, The Lancet Regional Health – Americas, 2026. Encuestas 2017 y 2020. OR corresponde a razón de posibilidades ajustada y no equivale directamente a un aumento del riesgo absoluto.
Para Alejandra Fuentes-García, académica de la Escuela de Salud Pública, el hallazgo exige mirar lo que ocurre mucho antes de que una mujer presente una denuncia: “ese es un dato que es muy importante en términos de nuestras propias políticas públicas, porque eso significa que todas las comunidades y todas las personas debiesen estar muy alertas también respecto del abuso sexual y la violencia sexual en la infancia, y su prevención”.
Relaciones dominantes, mujeres jóvenes y espacios públicos
El estudio también encontró diferencias importantes entre las situaciones de violencia. En las relaciones de pareja, las conductas de dominación presentaron la asociación más elevada, con una razón de posibilidades ajustada de 6,40. También aparecieron antecedentes de parejas que ejercían violencia contra otras personas o que habían vivido situaciones de violencia durante su infancia.
Crispi advirtió que “tener una pareja que sufrió violencia en su infancia o una pareja que es violenta en otros espacios también multiplica el riesgo de victimización”.
En las agresiones sexuales cometidas por terceros, las mujeres jóvenes y las residentes en la Región Metropolitana registraron mayores posibilidades de victimización. La investigación identificó además asociaciones con la participación en organizaciones sociales, una variable que introduce nuevas preguntas sobre las condiciones de seguridad en los lugares donde las mujeres estudian, trabajan y desarrollan sus actividades.
Sobre el acoso sexual, Crispi señaló: “Entonces, ahí también hay un patrón que es distinto, que es importante poder tener en consideración y donde la prevención debería estar en abordar esos espacios públicos y hacerlos más seguros, obviamente, y no que las mujeres se expongan menos a ellos”.
La prevención y la respuesta institucional bajo examen
El estudio sitúa la protección de niñas y adolescentes, la prevención de las relaciones violentas y la atención sanitaria entre las áreas que requieren una respuesta coordinada. La investigación no atribuye responsabilidad a las víctimas por las agresiones que sufren y tampoco establece una relación causal entre el abuso infantil y la violencia posterior. Sus resultados permiten reconocer antecedentes asociados que deben considerarse al diseñar políticas públicas.
Fuentes-García planteó dos preguntas directamente relacionadas con el funcionamiento de los servicios públicos: “Por otra parte, ¿qué es lo que pasa cuando ya se ha producido? ¿Cómo podemos tener una atención informada por el trauma y cómo entonces se puede articular la respuesta entre sistemas de protección de la infancia, sistemas de protección de salud y salud mental?”.
El análisis tiene límites que impiden extender automáticamente sus resultados a toda la población femenina del país. Las encuestas fueron realizadas en 2017 y 2020 y no incluyeron a mujeres de zonas rurales, por lo que tampoco permiten describir directamente la situación de 2026. Los autores identificaron perfiles diferentes de victimización según el tipo de violencia, la edad y determinadas características de las relaciones y los territorios.
Los resultados aportan evidencia para revisar cómo se conectan las políticas de protección de la infancia, salud mental y prevención de la violencia de género. Chile cuenta con una institucionalidad y programas de atención a mujeres que han vivido situaciones de violencia, pero la investigación instala una pregunta que debe responderse con información actualizada: qué tan preparada está esa red para identificar tempranamente los abusos, atender sus consecuencias y acompañar a las víctimas sin volver a exponerlas a situaciones de vulneración.
