El presidente del Colegio de Profesores cuestionó el uso del mérito académico y las entrevistas en la reforma al SAE, al advertir que estos criterios podrían restablecer mecanismos de selección que afecten a estudiantes y sus familias
El Colegio de Profesoras y Profesores de Chile advirtió que la reforma al Sistema de Admisión Escolar (SAE) podría reinstalar prácticas discriminatorias si entrega a los establecimientos la posibilidad de evaluar el rendimiento académico, la adhesión al proyecto educativo y las características de las familias postulantes.
La alerta fue planteada por el presidente nacional del gremio, Mario Aguilar Arévalo, durante la ronda de audiencias desarrollada por la Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados. El dirigente reconoció la necesidad de corregir problemas del sistema, pero sostuvo que los cambios no pueden devolver a los colegios la capacidad de seleccionar a sus estudiantes.
La iniciativa ingresó el 23 de junio y se encuentra en su primer trámite constitucional, con urgencia calificada de suma. La comisión tiene previsto continuar las audiencias y votar en general el proyecto este miércoles 15 de julio.
El proyecto crea un mecanismo voluntario de Elección Mutua para establecimientos con más postulantes que vacantes. La propuesta busca reducir el peso del sorteo escolar e incorporar criterios como rendimiento, adhesión al proyecto educativo, proximidad territorial, entrevistas y aptitudes específicas. Para los colegios que no adopten esta modalidad y para los cupos restantes se mantendría la asignación aleatoria centralizada.
El SAE necesita cambios
Aguilar reconoció que el actual sistema ha generado dificultades, especialmente por la incomprensión que existe entre algunas familias respecto de la forma en que se asignan las vacantes cuando un establecimiento registra una demanda superior a sus cupos.
“El sistema requiere modificaciones, ciertamente, porque en su funcionamiento en estos años se han detectado problemas. Sobre todo, cierta irritación que genera la incomprensión de ciertos mecanismos aleatorios que no han sido bien comprendidos por la ciudadanía”, afirmó.
El diagnóstico coincide parcialmente con el planteamiento del Ejecutivo, que busca disminuir la incidencia del azar y reconocer el esfuerzo académico, las preferencias familiares y la diversidad de los proyectos educativos. Sin embargo, el desacuerdo surge al definir cuánto poder tendrán los establecimientos para decidir qué postulantes ingresan.
Para el Colegio de Profesores, corregir las deficiencias del SAE no puede significar regresar a procedimientos que permitan excluir a estudiantes por su rendimiento, su origen social o la composición de sus familias.
Aguilar recordó que antes de la implementación del actual modelo existieron establecimientos que imponían requisitos relacionados con la situación personal de los apoderados. “Eso de ninguna manera puede significar volver a sistemas discriminatorios que ya conocimos en el pasado, como colegios que impedían matricularse a niños que fueran hijos de madre soltera o cuyos padres no estuvieran casados”, señaló.
El dirigente planteó que el principio rector debe ser el derecho de madres, padres y apoderados a escoger un proyecto educativo, sin que esa elección quede subordinada a una evaluación previa sobre qué familias resultan aceptables para cada colegio.
“Aquí se tiene que establecer un sistema en que la familia elija el colegio y no el colegio el que elija a las familias. Eso es muy importante para no volver a un sistema discriminatorio”, enfatizó.
El mérito bajo discusión
Otro de los reparos se concentra en la incorporación del rendimiento académico desde séptimo básico como uno de los criterios que podrían utilizar los establecimientos participantes de la Elección Mutua.
El Gobierno sostiene que la reforma permitirá reconocer el esfuerzo y el desempeño de los estudiantes, manteniendo reservas de cupos para alumnos prioritarios y para quienes presentan necesidades educativas especiales permanentes o discapacidad.
Aguilar advirtió que el concepto de mérito no puede reducirse automáticamente a una calificación, debido a que los estudiantes desarrollan sus trayectorias educativas desde capacidades, apoyos familiares y condiciones sociales diferentes.
“El mérito tiene que ser muy bien definido y de ninguna manera puede tener carácter discriminatorio. ¿Qué es el mérito? ¿Simplemente una nota? ¿Qué pasa con el alumno que, teniendo menos capacidades, hace un gran esfuerzo? Eso, ¿no es mérito, aunque no tenga tan buena nota?”, planteó.
El presidente del gremio sostuvo que evaluar a todos los postulantes únicamente desde sus resultados puede transformar desigualdades anteriores en una barrera de acceso. “¿Qué pasa con alumnos cuya base familiar y cultural no es la misma que otros y, por lo tanto, van en desventaja? Por eso, lo del mérito tiene que ser muy bien definido”, agregó.
La discusión legislativa deberá precisar qué antecedentes podrán ser considerados, cuánto peso tendrá cada uno y de qué manera se evitará que el rendimiento termine concentrando a los estudiantes con mejores resultados en los establecimientos de mayor demanda.
Entrevistas y riesgo de selección
Las entrevistas con padres y apoderados constituyen el punto que genera mayor inquietud en el gremio. El proyecto las contempla entre los criterios que podrían ser aplicados por los establecimientos para evaluar la adhesión y el compromiso de las familias con su proyecto educativo.
Aguilar advirtió que este mecanismo puede introducir apreciaciones subjetivas difíciles de fiscalizar. A su juicio, la evaluación podría terminar condicionada por la situación familiar, la forma de expresarse de los apoderados o las expectativas previas de quienes conducen el proceso.
“La entrevista personal se puede prestar para cuestiones muy discriminatorias, como ha ocurrido en el pasado”, sostuvo. El dirigente comparó el riesgo con otros procedimientos de selección en los que la entrevista termina modificando resultados construidos mediante antecedentes objetivos.
El cuestionamiento no se limita a la existencia de una conversación entre el establecimiento y los apoderados. El problema es el efecto que esa instancia pueda tener sobre la asignación de una vacante y la dificultad para demostrar posteriormente que una familia fue descartada por razones discriminatorias.
El gremio agregó una preocupación laboral. La realización de entrevistas, la revisión de antecedentes y la administración de nuevas etapas podrían aumentar las tareas de equipos docentes y directivos.
Aguilar pidió que la reforma defina quiénes asumirán esas funciones y con qué recursos. “Hay que revisar que este sistema no implique más sobrecarga de trabajo, porque tanto los docentes como los directivos están muy recargados”, afirmó.
La reforma que deberá resolver el Congreso
El debate parte de un diagnóstico compartido sobre la necesidad de mejorar el funcionamiento y la comprensión del SAE. La diferencia está en si la respuesta debe entregar mayor capacidad de decisión a los establecimientos o perfeccionar el sistema centralizado sin modificar el principio de no selección.
El Ejecutivo afirma que la Elección Mutua permitirá reconocer el esfuerzo, las preferencias familiares y las particularidades de cada proyecto educativo. El Colegio de Profesores advierte que esos criterios pueden reconstruir formas indirectas de exclusión, especialmente en los colegios que reciben más postulaciones.
La discusión en la Cámara deberá definir qué significa mérito, cómo operarán las entrevistas, qué límites tendrán los establecimientos y qué mecanismos permitirán denunciar una decisión arbitraria. También tendrá que determinar si la reforma cuenta con recursos suficientes para evitar que su implementación aumente la carga administrativa dentro de las comunidades educativas.
Aguilar llamó a las familias a informarse y seguir el debate legislativo. “Con el pretexto de mejorar el sistema podrían instalarse nuevamente mecanismos discriminatorios, y estaremos muy alerta al respecto”, concluyó.
