Por Richard Andrade C. Director de Poderyliderazgo.cl
El debate abierto por la llamada “ley de amarre” no es, como se ha intentado instalar, una simple controversia jurídica ni una jugada política coyuntural del Gobierno del Presidente Boric. Es, en realidad, una fisura visible en el corazón del Estado chileno, un Estado que funciona gracias a la precariedad laboral de sus propios trabajadores y que ha naturalizado esa fragilidad como mecanismo de control, disciplina y gobernabilidad.
La reacción visceral de sectores políticos, exautoridades y parte del establishment frente a la iniciativa no revela preocupación por la eficiencia del aparato público. Revela algo más incómodo: el temor a perder una de las herramientas más eficaces de poder interno que ha tenido el Estado chileno en las últimas décadas: la capacidad de despedir sin explicaciones.
La contrata: excepción legal convertida en norma política
El régimen de contrata fue concebido como una figura excepcional, transitoria, funcional a necesidades acotadas. Hoy es la columna vertebral del Estado. Ministerios, servicios públicos, agencias fiscalizadoras y organismos autónomos funcionan con dotaciones mayoritariamente a contrata, desempeñando funciones permanentes, estratégicas y críticas para la continuidad de las políticas públicas.
Esta no es una anomalía técnica: es una decisión política acumulada. Incapaz —o no dispuesto— a enfrentar reformas de plantas, el poder optó por la vía más barata y funcional: contratos renovables año a año, sin estabilidad real, sin carrera funcionaria y con una dependencia directa del criterio de la autoridad de turno.
La consecuencia es un Estado que no planifica su capital humano, que no invierte en especialización de largo plazo y que mantiene a miles de trabajadores en una situación de incertidumbre permanente. No es flexibilidad: es subordinación.
En este escenario, el rol de la Contraloría General de la República ha sido central, aunque raramente cuestionado en profundidad. Durante años, el organismo ha emitido dictámenes que reconocen la ilegalidad estructural del abuso de la contrata, señalando que funciones permanentes no pueden sostenerse indefinidamente bajo regímenes transitorios. Sin embargo, esas advertencias conviven con una práctica institucional que no ha forzado una corrección estructural del problema.
La Contraloría ha operado, de facto, como administradora de la contradicción: fiscaliza, observa, corrige casos puntuales, pero no empuja —ni puede hacerlo por sí sola— una transformación profunda del modelo. El resultado es perverso: se sancionan errores formales mientras se mantiene intacta la arquitectura que los produce.
Más aún, la interpretación estricta de la legalidad administrativa ha servido, en muchos casos, para legitimar desvinculaciones masivas, reforzando la idea de que la contrata no genera derechos, aunque en la práctica sostenga funciones esenciales del Estado. Legalidad sin contexto se convierte en coartada del abuso.
Gremios y el límite del discurso tecnocrático
Los gremios del sector público han denunciado esta situación durante años. No solo como una demanda laboral, sino como un problema de Estado. Un aparato público que depende del miedo al despido es un aparato público que no innova, no objeta, no anticipa riesgos y no incomoda al poder político.
Reducir estas advertencias a presiones corporativas es una estrategia conocida: despolitizar el conflicto para evitar discutir su causa. Pero la precariedad laboral no es un problema sectorial. Es un déficit democrático, porque afecta la continuidad de las políticas públicas, la calidad regulatoria y la autonomía técnica del Estado frente al ciclo electoral.
Ley de plantas: el debate que nadie quiere dar
La raíz del problema sigue siendo la misma: Chile no ha definido cuántos funcionarios públicos necesita realmente. No existe una política seria, periódica y transparente de definición de dotaciones acorde a las funciones que el propio Estado se ha autoimpuesto.
La experiencia de la Ley N° 20.922, que modernizó las plantas municipales, dejó una lección incómoda: cuando se reconoce la realidad, el Estado no colapsa. Se ordena. Se formaliza lo que ya existe. Se reduce la discrecionalidad. Se transparentan las necesidades reales.
Que esta lógica no se haya extendido al Estado central no es casual. Implica costos fiscales, sí, pero sobre todo implica renunciar a una herramienta de control político silencioso: la inestabilidad laboral.
Modernización del Estado: un concepto vacío sin empleo público digno
Entonces, hablar de modernización del Estado, mientras se sostiene un régimen laboral precario es una contradicción insostenible. No hay transformación digital posible con equipos que cambian cada año. No hay evaluación de desempeño real sin estabilidad. No hay planificación estratégica sin carrera funcionaria.
La “ley de amarre” no paraliza al Estado. Lo obliga a explicitar decisiones, a justificar despidos, a reconocer que detrás de cada contrato hay personas que sostienen políticas públicas, muchas veces en condiciones de incertidumbre permanente.
Este no es un problema exclusivo del actual gobierno. Es una herencia compartida. Todos han administrado el mismo modelo, todos se han beneficiado de su flexibilidad política y todos han postergado la solución estructural.
La discusión actual incomoda porque expone la hipocresía institucional: se exige un Estado eficiente, moderno y profesional, pero se lo mantiene funcionando sobre una base laboral frágil, desechable y silenciosa. El verdadero “amarre” no es legal. Es político. Es cultural. Es un Estado que se resiste a reconocer que no puede seguir sosteniéndose en la precariedad de quienes lo hacen funcionar.
Mientras ese debate no se enfrente con honestidad —incluyendo el rol de la Contraloría, la ausencia de una política de plantas y la responsabilidad transversal de la clase política— cualquier reforma será superficial. Y cualquier discurso de modernización, una promesa vacía.
