El banco de inversión reconoce que el proyecto podría acelerar el crecimiento, pero sostiene que sus menores ingresos no serían compensados completamente y obligarían al Gobierno a profundizar los recortes de gasto durante los próximos años
La promesa de que una mayor inversión permitirá financiar el costo de la megarreforma volvió a quedar bajo cuestionamiento. JP Morgan reconoció que el proyecto puede mejorar las perspectivas de crecimiento de Chile, pero advirtió que su diseño fiscal no lograría autofinanciarse dentro del período proyectado.
El nuevo análisis aparece cuando la megarreforma superó el Senado por el mínimo y regresó a la Cámara, donde deberá cumplir su tercer trámite constitucional. El texto aprobado reduce gradualmente el impuesto corporativo desde 27% hasta 23%, reintegra el sistema tributario y establece regímenes de invariabilidad para grandes inversiones.
Para el banco estadounidense, esas medidas podrían incentivar la inversión, fortalecer el mercado bursátil y elevar el crecimiento. Sin embargo, los beneficios fiscales asociados a una mayor actividad económica tardarían más en materializarse que las pérdidas de recaudación provocadas por las rebajas tributarias.
“Podría impulsar el crecimiento de manera significativa, pero también amplía el déficit fiscal estructural”, sostuvo JP Morgan, que anticipó la necesidad de aplicar nuevos ajustes sobre el gasto para cumplir las metas fiscales y mantener la deuda por debajo de su límite prudente.
Menores impuestos antes que nuevos ingresos
El principal reparo se concentra en la falta de correspondencia temporal entre los costos y beneficios del proyecto. La reducción del impuesto de primera categoría, los créditos fiscales y las exenciones disminuyen la recaudación desde los primeros años, mientras los ingresos atribuibles al crecimiento dependen de decisiones futuras de inversión, aumentos de productividad y una expansión económica que no está garantizada.
“El diseño fiscal del proyecto de ley no parece ser autofinanciable dentro del horizonte proyectado”, advirtió el banco. Según su análisis, un mayor crecimiento compensaría parte de la pérdida de ingresos, pero no alcanzaría a cubrirla completamente.
La conclusión coincide con advertencias formuladas anteriormente por el Consejo Fiscal Autónomo, que calculó que el impacto directo de la iniciativa podría alcanzar un déficit equivalente a 0,71% del PIB hacia 2030. El organismo ha insistido en que los costos son relativamente ciertos e inmediatos, mientras los beneficios dependen de supuestos económicos sujetos a un mayor nivel de incertidumbre.
Las dudas se suman a los reparos que ya habían planteado el CFA y el Fondo Monetario Internacional, recogidos por Poder y Liderazgo en el análisis sobre las observaciones técnicas que enfrenta la Ley de Reconstrucción Nacional.
El ajuste que exige la trayectoria fiscal
La advertencia adquiere mayor relevancia después de la publicación del Informe de Finanzas Públicas del segundo trimestre, que fijó una meta de déficit estructural de 2,6% del PIB para 2026 y una reducción gradual hasta 1,5% en 2030.
La Dirección de Presupuestos proyectó que, bajo un nivel de gasto compatible con esas metas, la deuda bruta del Gobierno Central podría cerrar 2030 en 44,1% del PIB. Sin embargo, si se mantiene el gasto actualmente comprometido, la deuda superaría el límite prudente de 45% desde 2029 y llegaría a 45,5% en 2030.
La diferencia entre ambos escenarios muestra la magnitud del esfuerzo requerido. Para evitar que la deuda traspase el ancla fiscal, el Ejecutivo deberá contener el crecimiento real del gasto, reasignar recursos o impulsar modificaciones legales que reduzcan compromisos permanentes.
JP Morgan apuntó precisamente hacia esa restricción. “Es probable que se requiera una contención adicional del gasto fiscal real en los próximos años para cerrar el déficit estructural que implica la legislación actual”, señaló.
El riesgo es que el ajuste no recaiga únicamente sobre ineficiencias administrativas. Si la menor recaudación no es compensada por el crecimiento previsto, los próximos presupuestos podrían enfrentar mayores dificultades para financiar programas sociales, inversión pública y nuevas políticas sin incrementar el endeudamiento.
Crecimiento bajo un supuesto exigente
El Gobierno ha defendido una tesis distinta. La Moneda sostiene que reducir impuestos, entregar estabilidad tributaria y acelerar los proyectos permitirá recuperar la inversión, generar empleos y ampliar la base desde la cual el Estado recauda.
El propio Presidente José Antonio Kast vinculó la crisis laboral con la falta de inversión y aseguró que la megarreforma permitirá crear mejores condiciones para el empleo. Su postura quedó expresada tras el despacho del proyecto por el Senado, cuando afirmó que “la falta de trabajo es porque no hay inversión”.
La Dipres también incluyó un escenario alternativo que incorpora los efectos esperados de la aprobación del proyecto. Bajo ese cálculo, la expansión económica podría llegar a 3,7% en 2027 y mejorar la trayectoria de la deuda en el largo plazo.
JP Morgan no descarta esa posibilidad, pero advierte que corresponde al escenario favorable. La reducción de impuestos se aplicará por ley, mientras el aumento de la inversión dependerá de la reacción de las empresas, el comportamiento de la economía internacional, las condiciones financieras y la capacidad del país para ejecutar proyectos.
La factura fiscal queda abierta
La advertencia del banco introduce una diferencia decisiva entre el impacto económico y la sostenibilidad fiscal de la megarreforma. Una iniciativa puede favorecer la inversión y, al mismo tiempo, generar una presión prolongada sobre las cuentas públicas si los nuevos ingresos llegan tarde o resultan inferiores a los previstos.
El proyecto entra así en su recta final con dos promesas que todavía deben demostrar su compatibilidad: elevar el crecimiento y conservar la disciplina fiscal. La primera depende de que la inversión responda a los incentivos. La segunda exigirá restringir el gasto durante varios años.
La megarreforma puede terminar aprobada por el Congreso, pero su costo no quedará resuelto con la votación. La verdadera prueba comenzará en los próximos presupuestos, cuando Hacienda deba demostrar que el crecimiento prometido alcanza para evitar que la rebaja tributaria termine financiándose con más deuda o con menores recursos públicos.
