La denuncia por un presunto encargo de sicariato contra Javiera Reyes expone el aumento del riesgo para autoridades municipales que enfrentan al crimen organizado, tensiona la capacidad de protección estatal y vuelve a poner en discusión cómo se resguarda la gobernabilidad local en comunas con alta presión delictual
Las amenazas de muerte contra la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes, y la denuncia de un eventual ofrecimiento de $100 millones para asesinarla por parte de bandas ligadas al narcotráfico, reabrieron un debate que va más allá de un caso puntual: qué tan protegidas están hoy las autoridades locales que enfrentan al crimen organizado y qué capacidad real tiene el Estado para garantizar gobernabilidad en los territorios.
La Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) condenó los hechos y expresó su respaldo institucional a la jefa comunal, subrayando que el ataque no es solo contra una persona, sino contra la institucionalidad democrática a nivel local. “Cuando amenazan a un alcalde o alcaldesa, nos atacan a todos. Estas amenazas no son solo contra una persona: son un ataque directo al Estado en el territorio”, afirmó el presidente de la ACHM, Gustavo Alessandri.
Según información conocida públicamente, las amenazas estarían vinculadas a medidas adoptadas por el municipio contra el crimen organizado, entre ellas la demolición de inmuebles usados para actividades delictuales y el retiro de cámaras de vigilancia clandestinas. Es decir, decisiones de gestión local que afectan intereses criminales y que elevan el nivel de riesgo para quienes las ejecutan.
Un riesgo que no es nuevo, pero sí más visible
La alcaldesa Reyes cuenta con protección policial (PPI de Carabineros) desde 2025, lo que da cuenta de que el problema de seguridad no es reciente, sino que se ha ido profundizando. La denuncia fue presentada en enero ante el Ministerio Público, con antecedentes entregados por vecinos de la comuna, lo que incorpora un componente territorial clave: la información surge desde la propia comunidad.
Desde la ACHM se activaron protocolos de apoyo institucional y se está gestionando una reunión urgente con el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, con el objetivo de reforzar las medidas de protección y acelerar la investigación. En palabras de Alessandri, “no es aceptable que gobernar un territorio signifique arriesgar la vida”, una frase que refleja cómo la función municipal se ha ido desplazando hacia una primera línea frente al delito.
El problema de fondo: gobernar bajo amenaza
El respaldo a Reyes fue transversal dentro de la asociación. Karina Delfino, alcaldesa de Quinta Normal y primera vicepresidenta de la ACHM, afirmó que “las amenazas contra la alcaldesa de Lo Espejo —incluyendo versiones de sicariato— son absolutamente inaceptables y condenables”, agregando que no solo afectan a una autoridad, sino que envían una señal intimidatoria a todo el mundo municipal.
Claudia Pizarro, alcaldesa de La Pintana y también vicepresidenta de la ACHM —quien ha recibido amenazas en el pasado—, apuntó a un elemento estructural: “Los alcaldes son la primera línea del Estado para muchas personas y ser amenazado de muerte no debería ser el precio por defender a los vecinos”. La frase pone sobre la mesa una realidad que se repite en varias comunas: el municipio como rostro visible del Estado en contextos de alta conflictividad delictual.
En la misma línea, el alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, advirtió que “cuando se amenaza a una autoridad elegida por la ciudadanía, se está atentando contra la institucionalidad y la convivencia democrática”, recordando que la seguridad se ha convertido en una prioridad no solo nacional, sino también municipal.
Crimen organizado y control territorial
La alcaldesa de Papudo y tesorera de la ACHM, Claudia Adasme, fue más explícita respecto del trasfondo: “El crimen organizado opera desde el miedo: busca amedrentar y paralizar para mantener control territorial”. Su diagnóstico conecta el caso de Lo Espejo con una tendencia mayor: el uso de la violencia y la amenaza como herramienta para condicionar decisiones públicas en el nivel local.
Desde la Comisión de Seguridad de la ACHM, su presidente y alcalde de Coquimbo, Alí Manouchehri, sostuvo que “el Ministerio Público debe actuar rápidamente” y que es “inconcebible que este tipo de situaciones queden impunes”, subrayando que la persecución penal oportuna es parte central de la señal que el Estado debe entregar.
Otros jefes comunales, como Gustavo Toro (San Ramón), Felipe Muñoz Heredia (Padre Hurtado) y Felipe Muñoz Vallejos (Estación Central), coincidieron en un punto: no se puede normalizar que ejercer un cargo público en territorios complejos implique vivir bajo amenaza, ni menos que eso condicione las decisiones de gestión local.
Lo que está en juego
El caso de Javiera Reyes instala una pregunta incómoda pero inevitable: si las autoridades locales no cuentan con condiciones mínimas de seguridad, ¿cómo se sostiene la capacidad del Estado para recuperar espacios públicos y enfrentar al crimen organizado?. Más que un episodio aislado, lo ocurrido en Lo Espejo expone una tensión estructural entre gobernabilidad local y control territorial del delito.
En los próximos días, la reunión de la ACHM con el ministro de Seguridad Pública será una primera señal de qué tan rápido y con qué herramientas el Ejecutivo busca responder a este tipo de amenazas. Lo que está en juego no es solo la protección de una alcaldesa, sino la capacidad del Estado para garantizar que sus autoridades puedan ejercer sin coerción en los territorios más presionados por el crimen organizado.
