La iniciativa busca cerrar vacíos en aplicaciones digitales que permiten el acceso de menores a bebidas alcohólicas. Ejecutivo apoya la moción y abre debate sobre fiscalización, tecnología y responsabilidad de plataformas en un mercado en expansión sin controles homogéneos
El avance de las plataformas de delivery abrió un nuevo frente para la regulación del consumo de alcohol en Chile. La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados comenzó a debatir un proyecto que busca obligar a trabajadores de aplicaciones digitales a verificar la identidad de quienes compran bebidas alcohólicas, en respuesta a un problema que ha crecido al margen de los controles tradicionales.
La discusión tomó fuerza tras la exposición de la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, quien confirmó el respaldo del Ejecutivo a la iniciativa. La autoridad sostuvo que el proyecto “cuenta con fundamentos técnicos suficientes y es una medida proporcionada”, enfatizando que el objetivo no es restringir el negocio del delivery, sino extender las normas vigentes para limitar el acceso de menores a la compra de alcohol.
Un vacío regulatorio que tensiona el mercado digital
La moción, ingresada en noviembre de 2025, propone modificar la Ley 19.925 para incorporar a los trabajadores de plataformas digitales entre los obligados a exigir cédula de identidad. El foco está puesto en un fenómeno creciente: menores de edad que utilizan aplicaciones para eludir los controles del comercio formal, aprovechando la falta de verificación en la entrega.
El proyecto establece que las empresas deberán proporcionar a sus repartidores herramientas tecnológicas que permitan validar la identidad de los compradores, trasladando parte de la responsabilidad desde el comercio tradicional hacia el ecosistema digital. La medida apunta a cerrar una brecha que hoy deja fuera de fiscalización a un canal en plena expansión.
Consumo temprano y presión sanitaria
El respaldo del Ejecutivo se sostiene en datos que preocupan al sector salud. Según cifras expuestas durante la sesión, el consumo de alcohol en Chile sigue siendo uno de los principales factores de riesgo de muerte prematura y discapacidad. La subsecretaria advirtió que el inicio del consumo ocurre en promedio a los 13,8 años y que el 60,3% comienza antes de los 15 años, lo que refuerza la urgencia de intervenir en los canales de acceso.
En ese marco, la autoridad afirmó que la iniciativa permite “fortalecer la coherencia del marco regulatorio y proteger la salud de niños, niñas y adolescentes”, integrando al entorno digital en una política pública que hasta ahora se concentraba en el comercio presencial.
Fiscalización, tecnología y brechas territoriales
El debate parlamentario evidenció consenso en torno al diagnóstico, pero también abrió interrogantes sobre la implementación. Legisladores plantearon que la fiscalización actual ya presenta debilidades incluso en el comercio formal, especialmente en zonas rurales, lo que podría replicarse en el mundo digital si no se establecen mecanismos efectivos de control.
Otro punto crítico es el uso de tecnología para verificar identidad. La exigencia de herramientas digitales genera dudas sobre protección de datos personales y costos para pequeños comercios, además de la capacidad real de los repartidores para asumir funciones de control sin afectar la operación.
En ese contexto, algunos parlamentarios propusieron enfocar las medidas en el proceso de venta más que en la entrega, buscando evitar trasladar toda la carga regulatoria al último eslabón de la cadena.
Regulación en construcción para un mercado que crece más rápido
La discusión del proyecto deja en evidencia un desfase entre la velocidad del mercado digital y la capacidad regulatoria del Estado. Mientras las plataformas de delivery amplían su alcance, los mecanismos de control aún se adaptan a una lógica presencial que no siempre responde a la dinámica actual.
La propia autoridad sanitaria reconoció que varios aspectos deberán ser perfeccionados durante la tramitación, abriendo espacio para indicaciones que permitan hacer viable la implementación. En juego no solo está la fiscalización, sino la capacidad del Estado de regular entornos digitales sin frenar su desarrollo y resguardar estándares básicos de protección.
