Gobierno realiza ceremonia por promulgación de Ley sobre Universidades del Estado

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La actividad estuvo encabezada por el ministro de Educación, Gerardo Varela, quien destacó que “El Estado vuelve a hacerse responsable de sus universidades y sus universidades se comprometen a responder trabajando por el conjunto del país”


Con presencia de autoridades políticas y académicas, los rectores del Consorcio de Universidades Estatales (CUECH) asistieron a la ceremonia de promulgación de la nueva Ley sobre Universidades del Estado, que presidió el ministro de Educación Gerardo Varela.

En su discurso de promulgación el titular de la cartera recalcó que “las universidades del Estado son las universidades de todos. Y lo han demostrado. Creer en ustedes vale la pena. Porque han entregado educación de excelencia en lugares alejados, en regiones extremas donde pareciera que nadie llega; han contribuido al desarrollo regional en un Chile fuertemente centralizado; han investigado tomando en cuenta el interés superior y el bien común; y lo más importante: han sido piedra angular del desarrollo y progreso de los chilenos, fundamentalmente nuestra clase media”.

Al respecto, el presidente del CUECH y rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, destacó que esta ley fue aprobada con apoyo transversal de todos los sectores políticos, añadiendo que “este es un gran logro para el país, que se reencuentra con sus universidades incorporando a todos los sectores sociales, políticos y religiosos en torno al concepto de universidad pública”.

En tanto, el Vicepresidente del CUECH y rector de la Universidad de Antofagasta, Luis Alberto Loyola, resaltó que “es muy importante para la comunidad académica y universitaria el que haya una nueva institucionalidad, un nuevo tipo de gobernanza en el cual hay participación de los distintos estamentos de las universidades en la gestión”, añadiendo que “eso implica que va a haber mayor colaboración y compromiso en el trabajo que hacemos precisamente como universidades del estado para fortalecer la educación pública y para generar también un apoyo en la agenda pública del país”.


Antecedentes de la Ley

En sus disposiciones generales, la norma plantea que las universidades del Estado deben asumir con vocación de excelencia la formación de personas con espíritu crítico y reflexivo, que promuevan el diálogo racional y la tolerancia, y que contribuyan a forjar una ciudadanía inspirada en valores éticos, democráticos, cívicos y de solidaridad social, respetuosa de los pueblos originarios y del medio ambiente.

También establece que el Consejo Superior será el máximo órgano colegiado de cada institución y le corresponderá definir la política general de desarrollo y las decisiones estratégicas de la institución, velando por su cumplimiento, de conformidad a la misión, principios y funciones de la universidad.

En relación al nuevo sistema de gobierno corporativo para las instituciones, se establece que no será necesario que ajusten sus estatutos las instituciones que han establecido sus mecanismos de gobernanza con posterioridad a 1990. Esta modificación aplica principalmente para la Universidad de Chile y las nuevas universidades de O’Higgins y Aysén, entre otras. Con esta medida, el resto de las universidades estatales deberá ajustar sus gobiernos corporativos, modernizando así su composición.


Fondo de fortalecimiento

La iniciativa plantea la creación de un Consejo de Coordinación de Universidades del Estado, que buscará promover la coordinación entre este y las instituciones con una visión estratégica y de largo plazo.

También fomenta la pertinencia de las actividades de los planteles, en función de las necesidades y requerimientos de las respectivas regiones y regula por ley el financiamiento permanente de estas instituciones, a través del Convenio Marco para Universidades Estatales.

Junto con ello, establece un fondo de fortalecimiento de $300 mil millones para los próximos 10 años, que permitirá a las casas de estudios realizar planes de desarrollo institucional; fortalecimiento de la gestión; crecimiento de su oferta académica o de su matrícula; fortalecimiento de la calidad académica y formación profesional; fortalecimiento de la investigación e incidencia en la elaboración e implementación de políticas públicas.

Asimismo, el cuerpo legal moderniza la gestión administrativa de los planteles, liberándolos de la toma de razón en Contraloría para trámites particulares, con el fin de que puedan agilizar sus procesos internos.


Violencia de género en Universidades

Esta ley establece que la prohibición que hoy ya existe para el personal universitario, respecto de actos como el acoso sexual, laboral y la discriminación arbitraria a otros funcionarios, también se aplicará cuando estos actos afecten a los estudiantes y toda persona vinculada a cada casa de estudios. De esta manera, las universidades estatales deberán seguir los procedimientos instruidos para determinar la responsabilidad administrativa del funcionario que incurra en estas prácticas, siendo la máxima sanción la destitución del cargo.

 

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