La Comisión de Minería y Energía revisó el término del subsidio eléctrico, mientras el Ejecutivo expuso plazos, deuda acumulada y apoyos vigentes, en un proceso que impacta a millones de usuarios y vuelve a poner en discusión el sistema tarifario
El Gobierno expuso ante la Comisión de Minería y Energía los alcances del fin del subsidio eléctrico, en una sesión marcada por el impacto que tendrá el término de este mecanismo en los hogares y en el sistema de tarifas. La medida, que benefició a más de 2 millones de familias, entra ahora en su fase final.
La ministra de Energía, Ximena Rincón, explicó que el proceso se enmarca en la Ley 21.667 de estabilización tarifaria, normativa que permitió congelar precios tras la crisis de 2019 y establecer un subsidio transitorio que concluye durante 2026, dando paso a un ajuste progresivo en el sistema.
Subsidio, plazos y continuidad del apoyo
Durante su exposición, la autoridad detalló el origen y evolución del subsidio, señalando que “en julio de 2024 comenzó la primera convocatoria del subsidio eléctrico, junto con el descongelamiento de tarifas, lo que permitió aplicar progresivamente las nuevas condiciones definidas en la ley y avanzar en un proceso que hoy entra en su etapa final”, destacando el carácter temporal de la medida.
En paralelo, precisó que el beneficio aún contempla una fase activa. “Las postulaciones estarán abiertas entre el 26 de mayo y el 5 de junio de 2026 y estarán dirigidas a usuarios residenciales vulnerables, con un financiamiento que puede alcanzar hasta 120 millones de dólares anuales desde el Fondo de Estabilización de Tarifas”, afirmó, en un intento por contener el impacto en los sectores de menores ingresos.
Tarifas eléctricas en Chile y presión sobre los hogares
El debate parlamentario estuvo centrado en el efecto que tendrá el término del subsidio en las tarifas eléctricas en Chile, especialmente en un escenario donde los costos energéticos siguen siendo elevados en comparación regional.
Diversos diputados advirtieron que el ajuste podría profundizar la carga sobre los ingresos familiares. En ese sentido, se planteó que adultos mayores destinan más del 40% de su pensión al pago de electricidad, lo que abre cuestionamientos sobre la sostenibilidad del esquema actual.
Deuda, reliquidaciones y sistema eléctrico
Uno de los puntos más sensibles abordados fue la reliquidación del Valor Agregado de Distribución (VAD), proceso que busca regularizar cobros no realizados durante el congelamiento. La ministra detalló que el sistema acumula una deuda cercana a los 820 mil millones de pesos, asociada a cerca de 6 millones de clientes.
Al explicar el mecanismo, indicó que “la deuda debía pagarse en 48 cuotas mensuales, lo que implicaba distintos niveles de alza según el tipo de cliente, con un 65% enfrentando incrementos cercanos al 5%, mientras otros tramos registrarían variaciones mayores”, reflejando el impacto diferenciado del proceso.
El inicio de estos cobros fue postergado hasta julio de 2026, en una decisión que buscó dar mayor margen a las familias frente al actual escenario económico.
Energía, transición y futuro del sistema
Más allá de las medidas inmediatas, la discusión también abordó el futuro del sistema. Parlamentarios plantearon que el país cuenta con un alto potencial en energías renovables, lo que abre espacio para revisar el modelo de costos y avanzar en la transición energética en Chile.
Desde el Ejecutivo se señaló que el trabajo con el Congreso apunta a encontrar soluciones que permitan abordar tanto la deuda acumulada como los retrasos regulatorios, en un sistema que debe equilibrar estabilidad financiera y acceso a la energía.
Un ajuste que reabre la discusión energética
El fin del subsidio eléctrico no solo marca el cierre de una política transitoria, sino que vuelve a instalar preguntas sobre el diseño del sistema. La combinación de alzas proyectadas, deuda acumulada y presión sobre los ingresos familiares vuelve a poner el foco en el sistema eléctrico en Chile y su capacidad de respuesta.
Mientras el Gobierno detalla medidas de mitigación, el debate se desplaza hacia cómo enfrentar el costo real de la energía sin profundizar brechas. La forma en que se resuelva este proceso será determinante para la percepción ciudadana y para la sostenibilidad del modelo en el mediano plazo.
